Condiciones políticas y electorales en Venezuela se deterioran a pesar de los acuerdos de Barbados

Los avances en la implementación del acuerdo parcial de condiciones políticas y electorales son tan precarios que el Foro Cívico (espacio de coordinación de organización e individuos que velan por los derechos humanos y políticos en el país) instaron a la dictadura a cumplir con lo pactado.

A través de un comunicado público el Foro Cívico rechazó que se paralice la implementación del acuerdo y “se produzcan detenciones y acusaciones sin ningún respeto a las garantías procesales y constitucionales, aumentando el conflicto político y alejando soluciones (…) A las autoridades, quienes tienen la mayor responsabilidad y han actuado en los últimos días contraviniendo los acuerdos alcanzados, les demandamos enfáticamente el apego al Estado de derecho, la transparencia y la responsabilidad de garantizar la paz”.

Sin avances concretos

Aunque en los días posteriores a la firma de los acuerdos parciales el régimen liberó a cinco detenidos por causas políticas, en la última semana ha sumado dos nuevos presos políticos a la lista de 300 personas (seis estadounidenses incluidos) que permanecen detenidos y que debían ser liberados para la última semana del mes de noviembre.

El 27 de noviembre fue detenido por la policía política de Maduro el integrante del partido Encuentro Ciudadano Nelson Piñero, acusado de violar la Ley en contra del Odio por criticar al régimen venezolano a través de sus redes sociales.

Por otra parte, el pasado 6 de diciembre fue detenido por la policía política Roberto Abdul, director de la organización de control electoral Súmate. Abdul es acusado de traición a la patria, conspiración con una potencia extranjera, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Estos cuatro delitos también le fueron imputados a tres de los principales colaboradores de la candidata presidencial de la oposición María Corina Machado.

El día en que Abdul fue detenido, el Fiscal General de la dictadura de Maduro giró órdenes de captura en contra de Claudia Macero, Pedro Urruchurtu y Henry Alviárez. Al momento de escribirse esta nota los tres integrantes de la organización Vente Venezuela han logrado evadir a la policía política del régimen venezolano.

Previo a la detención de Piñero y Abdul, el Tribunal Supremo de Justicia anuló los efectos de la primaria presidencial realizada por la Plataforma Unitaria en la que resultó ganadora con 92% de los votos válidos María Corina Machado.

Según el acuerdo parcial de garantías políticas y electorales el régimen venezolano debía diseñar un mecanismo legal para que los candidatos presidenciales inhabilitados a participar en procesos electorales (incluida María Corina Machado) pudieran reclamar su habilitación. Este mecanismo fue anunciado el pasado 1 de diciembre. No obstante, para el abogado constitucionalista Juan Manuel Raffalli no existe “un mecanismo como aporte negociado” para reclamar las inhabilitaciones. Desde su perspectiva “se trata de la vía ordinaria prevista en las leyes venezolanas para que todo ciudadano en ejercicio a su derecho a la tutela judicial efectiva pueda pedir judicialmente la nulidad de los actos ilegales o inconstitucionales que emanen de la administración pública y que vulneren sus derechos.

En lo que se refiere a los aspectos técnicos de la elección, la dictadura sigue sin implementar un operativo especial de actualización del registro de votantes que permita que 4 millones de electores potenciales en el extranjero y dos millones de electores dentro del país puedan inscribirse para votar en las presidenciales de 2024.

Por otra parte, en lo que se refiere a la participación de misiones de observación electoral internacional en los comicios de 2024, aunque la autoridad electoral venezolana sostuvo reuniones preliminares con los representantes del Centro Carter para que puedan visitar Venezuela con una Misión de Observación Electoral, en paralelo el Ejecutivo nacional vetó la posible presencia de una Misión de Observación Electoral de la Unión Europea.

Volver a las sanciones

Después de la detención arbitraria del presidente de Súmate Roberto Abdul, 11 senadores estadounidenses, del Partido Demócrata y del Partido Republicano emitieron una declaración conjunta en la que condenaron “al régimen de Maduro por arrestar al líder de la oposición democrática Roberto Abdul y por emitir órdenes de arresto contra otros altos miembros de la oposición democrática de Venezuela”.

Los senadores Ben Cardin (demócrata por Maryland), presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, junto con Marco Rubio (republicano por Florida), Dick Durbin (demócrata por Illinois), Bill Cassidy (republicano por Luisiana), Tim Kaine (D-Va.), Bill Hagerty (R-Tenn.), Alex Padilla (D-Calif.), John Cornyn (R-Texas), Peter Welch (D-Vt.), Marsha Blackburn (R-Tenn .), y Laphonza Butler (demócrata por California) consideran que las acciones de Maduro “son un acto descarado y una clara violación del espíritu del Acuerdo de Barbados y otra indicación de que el régimen de Maduro no cumple su compromiso de celebrar elecciones libres y justas en 2024.

Además, la flagrante negativa a liberar a presos políticos o rehenes estadounidenses, las continuas órdenes de arresto contra otros líderes clave de la oposición y el petulante ruido de sables contra Guyana muestran que el régimen de Maduro, lejos de tomar medidas hacia un retorno significativo de la democracia, está avanzando hacia una dictadura aún más brutal”.

Frente a esta situación, los senadores consideraron que Estados Unidos y los socios democráticos “deben responder en consecuencia utilizando todas las herramientas diplomáticas, incluida la imposición de sanciones selectas”.

Amenaza a las medidas económicas

Para el economista Luis León “la mejor noticia que ha recibido el país en materia económica en los últimos diez años ha sido la negociación que permitió una flexibilización petrolera, gasífera y aurífera de amplio espectro. Las licencias generales cambian muy positivamente la realidad económica y abren enormes oportunidades en el futuro, pese a que sus impactos de corto plazo son moderados debido a las dificultades de infraestructura, las rupturas de los encadenamientos productivos y la fragilidad en los niveles de confianza sobre la estabilidad de las decisiones de apertura”.

Sin embargo, advierte que esa “estupenda noticia se ve limitada y amenazada por la radicalización en el panorama político interno e internacional”. Desde su perspectiva, el gobierno de EEUU al otorgar las licencias y condicionar su renovación al cumplimiento de los acuerdos de Barbados probablemente no consideró que “las partes se radicalizarán antes de tiempo”.

“Estados Unidos sabía que Maduro no se había comprometido a la habilitación y sin embargo la usó como argumento para denunciar la ruptura del acuerdo de Barbados (…) Esa estrategia no parece una buena idea porque está partiendo del supuesto que puede presionar al régimen de Maduro con las licencias, para obtener la habilitación, algo que ya había probado anteriormente y que obvia y públicamente fracasó. Nadie va a entregar su cabeza por unas licencias. Eso es un conjunto vacío”.

León considera que “amenazar entonces con nuevos castigos o regreso al punto de origen obviamente paraliza cualquier avance también de Maduro, incluso en el marco real de los acuerdos de Barbados y Doha y enreda enormemente el panorama.