domingo 24  de  marzo 2024
Venezuela

Conferencia Episcopal Venezolana considera ilegítimo el nuevo mandato de Maduro

La Iglesia católica venezolana dice que el país vive "un régimen de facto, sin respeto a las garantías previstas en la Constitución y en los más altos principios de dignidad del pueblo"

CARACAS.- La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) fijó este miércoles su posición frente al nuevo período de seis años que jurará este jueves el dictador, Nicolás Maduro, y señaló que esta pretensión es "ilegítima por su origen".

"La pretensión de iniciar un nuevo período presidencial el 10 de enero de 2019 es ilegítima por su origen, y abre una puerta al desconocimiento del Gobierno porque carece de sustento democrático en la justicia y en el derecho", dice la exhortación de los obispos.

La Iglesia católica venezolana dice que el país vive "un régimen de facto, sin respeto a las garantías previstas en la Constitución y en los más altos principios de dignidad del pueblo".

El texto recalca, además, que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) "es el único órgano del poder público con legitimidad para ejercer soberanamente sus competencias".

Tras la lectura del documento, monseñor Baltazar Porras dijo a periodistas que no corresponde a la iglesia "reconocer o no reconocer, pero que sí está claro "que no están dadas las condiciones" para decir que en Venezuela existe "un régimen democrático".

Indicó que tampoco les compete apoyar, o no, las protestas antigubernamentales que se puedan realizar en el país, pese a que exigió respeto a la ciudadanía "y que no sea con la violencia, la represión y con la cárcel como se les impida expresar sus necesidades y pedimentos".

En días recientes, la Iglesia venezolana había alertado que "todas las dudas" enmarcan la jura de Maduro y que el nuevo mandato de éste "se ha hecho ilegítimo y moralmente inaceptable", tras haber causado "un deterioro humano y social en la población".

La Iglesia católica venezolana ha mantenido tensas relaciones con el régimen chavista casi desde su instalación, en 1999, y ha sido considerada por la Administración de Nicolás Maduro como un agente político que apuesta a la desestabilización de Venezuela.

FUENTE: Con información de EFE

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