MADRID.- La Contraloría de Venezuela ha anunciado el inicio de una auditoría sobre el patrimonio del presidente encargado del país, Juan Guaidó, al considerar que "falseó" datos en su declaración jurada y recibió dinero de instancias internacionales "sin justificación".

El contralor general, Elvis Amoroso, ha explicado que, "en ejercicio de las facultades constitucionales y legales", su oficina ha decidido iniciar un "procedimiento de auditoría patrimonial". Amoroso, antiguo diputado chavista, ha citado entre sus referencias una ley destinada a la lucha contra la corrupción.

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La medida se suma a las órdenes dadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras la juramentación de Guaidó el 23 de enero como presidente encargado de Venezuela. El principal órgano judicial, controlado por el chavismo, prohibió al líder opositor salir del país y congeló sus cuentas.

El régimen de Nicolás Maduro vincula a Guaidó con un "golpe de Estado" y le acusa de estar al servicio de Estados Unidos, razón por la cual desconoce cualquier tipo de iniciativa que adopte. El régimen chavista se ha negado a facilitar la ayuda humanitaria que pide Guaidó, quien convocó una nueva movilización en las calles para mañana, martes.

El contexto

El Parlamento venezolano y más de 50 países, encabezados por Estados Unidos, Canadá, los miembros de la Unión Europea y la mayoría de América Latina, califican como ilegítima e inconstitucional la permanencia en la Presidencia de la República de Maduro, quien el pasado 10 de enero comenzó un segundo mandato de seis años con el respaldo de la Fuerza Armada y países como Cuba, Rusia, China, Irán y Turquía.

Este segundo mandato de Maduro surge de las elecciones del 20 de mayo de 2018, catalogadas como fraudulentas por el Poder Legislativo venezolano y las principales democracias occidentales.Ese proceso se celebró sin la participación de los principales partidos de oposición y sus principales líderes que fueron inhabilitados o encarcelados.

El Parlamento declaró "usurpador" del cargo de Presidente a Maduro y ha basado sus acciones en tres artículos de la Constitución: 233 –referido a las faltas absolutas del Presidente de la República– y 333 y 350, sobre la desobediencia civil y la propia defensa de la Carta Magna. Casi

FUENTE: Con información de Europa Press

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