MIAMI.- Dos meses han transcurrido desde el 11 de julio, cuando cientos de cubanos salieron a las calles de Cuba a protestar. Desde entonces, aunque la ciudadanía ha hecho efectiva su apropiación del relato que le pertenece, ha tenido que sortear la respuesta del régimen de La Habana: primero el llamado a los cuerpos represivos y a los “revolucionarios” a las calles para diluir las protestas, luego la búsqueda y encarcelamiento de los participantes y, en medio de lo descrito, los tours de Díaz-Canel y otros representantes de su gobierno por barrios desatendidos por años. En redes sociales, no han faltado las denuncias de habitantes de esos mismos barrios, preguntando de dónde han salido las personas de las fotografías junto al mandatario en solares de La Habana: sugieren que esos “revolucionarios” de las postales son llevados a tales sitios por la propia camarilla gobernante. Esta respuesta ha venido acompañada, además, por un nuevo decreto ley (35) y una resolución ministerial (105) que regulan aún más los contenidos en torno a Cuba de los usuarios que se conectan desde el país, así como da luz verde a la única empresa de telecomunicaciones (ETECSA) para cortar el servicio de Internet por razones de “seguridad” y “defensa” nacional.

Es por eso por lo que varias personas que salieron a las calles el 11 de julio y han sido excarceladas; o familiares de quienes permanecen detenidos, ya no tienen la misma disposición para visibilizar en el entorno virtual lo sucedido. Tienen el ejemplo de Silviana Fragoza, quien dio declaraciones a Martí Noticias sobre la detención de su hijo Andriu López Fragoza y después de eso recibió un acta de advertencia de la policía. Ya había logrado denunciar, no obstante, que Andriu, de 28 años, fue arrestado el 14 de julio tras la protesta del día 12 de julio en el barrio habanero La Güinera, donde reside.

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Lo sacaron de la cama

“A mi hijo me lo cogieron y lo sacaron de la cama, estaba durmiendo con su mujer y su niño de un año. Y estas son las santas fechas que yo no he sabido nada de mi hijo”, contó Silviana antes de que le pusieran una multa ejemplarizante que busca amedrentar a otras familias en situación similar en ese barrio que suma más detenciones que cualquiera de las provincias del país, con excepción de la capital y de Santiago de Cuba.

La multa que le pusieron a Silviana llegó a oídos de Teresa Rodríguez y Emilio Román, quienes, a pesar de tener a sus tres hijos presos, incluyendo al menor de edad Emiyoslán, han optado por no hacer declaraciones en video. Su temor es comprensible y forma parte de la maquinaria de violencia psicológica que atrapa a cubanos y cubanas. En particular esta estrategia de silenciamiento apela al dolor de una familia separada dentro de su propio país debido a la participación de sus hijos en las protestas. Apela, también, a la fragilidad de los ingresos de la familia, que en un país donde el salario mínimo es de 1.528 pesos (unos $63.6), tuvo un gasto superior a los 16.000 pesos (unos $667) solo en abogados. Otros miles les cuestan a los padres enviar aseo a los tres hijos presos, mientras que, al primo de estos, Odlanier Santiago, acusado de sedición (delito contra la seguridad interior del Estado), lo liberaron temporalmente con una fianza de 2.000 pesos (unos $80). En el mismo barrio, donde la cifra de detenidos a raíz del 11J asciende a 99, otros han sido sometidos a similares procedimientos.

Frank Daniel Rojo Sotolongo, también participante de la protesta de La Güinera, se encontraba pasando el Servicio Militar Obligatorio (SMO). Por su condición de militar, su caso fue trasladado a la Fiscalía Militar. No obstante, este órgano lo rechazó, alegando que en este proceso penal la mayoría de los involucrados son civiles y que, por lo tanto, serían procesados bajo la justicia ordinaria por el presunto delito de sedición en una fecha aún por determinar. Su caso consta en el registro que por iniciativa ciudadana se lleva adelante y suma ya más de 1.000 nombres de personas detenidas. De ellas, 36 han sido procesadas en juicios sumarios; 81 bajo medida cautelar de libertad bajo fianza, 178 con medida cautelar de prisión provisional y 32 en domiciliaria. Se registran además 56 multados.

La misma fuente de estadísticas expone los casos de cambio de medida tras apelar ante los tribunales. Entre ellos, tres personas fueron multadas, dos pasaron a trabajo correccional con internamiento y tres sin internamiento; 25 continúan privadas de su libertad y cinco en prisión domiciliaria.

El oficialismo dice

La narrativa oficialista tras el 11J en torno a los procesos penales que intenta disputar lo que tomó la ciudadanía al romper el silencio en Cuba, se sostiene con parcas cifras. Lisnay María Mederos Torres, fiscal jefe de la Dirección de Proceso Penales de la Fiscalía General de la República, dijo hace un mes que la investigación de los procesos penales constató la participación de personas en “hechos de mayor connotación” y en “actos de violencia contra personas, autoridades, bienes”.

Añadió —como quien habla de un órgano que funciona de manera independiente en una nación donde exista la división de poderes— que la Fiscalía evalúa las decisiones procesales a adoptar. “En el caso de los procesos presentados a los tribunales han sido fundamentalmente por delitos que afectan el orden y la tranquilidad ciudadana, en los que predominan los desórdenes públicos”, dijo sobre este tipo de procesos en los que la sanción privativa de libertad se extiende hasta un año o multas de hasta 300 cuotas. No ocultó el oficialismo que cada una de esas cuotas podría llegar a ser de hasta 50 pesos, lo que significa que pueden ascender hasta los 15. 000 pesos.

Multas, un negocio

¿Cuánto dinero habrá recaudado por concepto de multas y fianzas la Justicia en Cuba?, es una pregunta aún por responder. Pero si se toma en cuenta que la iniciativa ciudadana de documentación de casos es un subregistro por el limitado acceso a las familias y, a falta de un registro oficial público que respete la transparencia, las cifras encienden las alarmas.

Yurisleydis de la Caridad Rodríguez Piña y Eduardo Manuel Báez Mederos, que salieron a las calles de Güines a manifestarse el pasado 11 de julio, dan cuenta de ello. “Salimos mi novio y yo a manifestarnos el domingo pacíficamente, grité un par de consignas (Patria y Vida) y estuve filmando los hechos”, comentó tras salir de la prisión bajo fianza. A ella le tocó pagar 8.000 pesos, a él, que salió un mes después de haber salido ella, también le tocó pagar una multa de 3.000 pesos, ya que estaba acusado de robo con fuerza. Luego, la sanción a Yurisleydis derivó en una multa de 5.000 pesos, por lo que le devolvieron la diferencia de los 8.000 que había pagado como fianza. El subregistro ciudadano revela, al menos, 56 multas, y aunque no precisa de cuánto cada una, no es difícil sacar cuentas. Si la Justicia cobrara en Moneda Libremente Convertible, le haría la competencia a las tiendas dolarizadas que también motivaron la protesta popular.

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