LA HABANA.- El polvo de cemento húmedo se desparrama por los balcones del inmueble multifamiliar y termina aterrizando en la acera de una barriada de casas bajas y edificaciones de pocos pisos en el municipio habanero de Diez de Octubre.

Un matrimonio que recientemente se mudó para el barrio, tuvo la buena (o mala idea), de reparar la fachada del edificio y la caseta de la azotea que estaba en peligro en derrumbe.

En medio de las obras, por una llamada anónima de un vecino, algo habitual en la Cuba de los hermanos Castro, se apareció un estirado funcionario del Instituto de la Vivienda, el típico inspector corrupto que, maleta en mano, es experto en recitar de carretilla las normativas de planificación física y en desplumar a los incautos.

Irene, la señora que de buena fe intentaba reparar el edificio, dice que “si hubiera sabido que se iban formar tantos problemas, lo hubiera dejado como estaba”.

Manuel, su esposo, cuenta que “como nuestras finanzas lo permiten, queríamos mejorar las condiciones de vida de los que vivimos en el inmueble. Reparamos la caseta, pusimos tuberías hidráulicas nuevas y pintamos todos los tanques de agua de la azotea además de impermeabilizar los techos. Pero no solo nos pusieron una multa de 1,500 pesos –equivalente a 70 dólares– por no tener permiso ni licencia, sino que ahora nos marcamos como 'conflictivos' para el jefe de sector de la Policía”.

Según la pareja, sufrieron un interrogatorio de casi hora y media en una dependencia policial, intentando determinar de dónde sacaron el dinero para comprar los materiales de construcción. En Cuba, a las buenas personas no se les premia. Todo lo contrario: se les castiga.

Los vecinos del edificio están insultados. “Le zumba el mango. Este edificio no se pintaba desde que se inauguró en 1957. En el exterior había trozos que se caían a pedazos. El Estado, que en teoría es el dueño de todos los edificios múltiples de Cuba, jamás dedicó dinero ni recursos en reparar o darle mantenimiento. Son los vecinos, de su propio bolsillo, los que han resuelto los problemas”, expresa Osvaldo, residente en el inmueble.

En la isla comunista de los hermanos Castro, cualquier gesto altruista, sin el permiso del poderoso control estatal, es calificado, cuando menos, como insubordinación ciudadana. Para el Estado verde olivo, los gobernados solo cumplen órdenes. Si consideras que eres miembro de una sociedad civil o actúas por criterio propio, te convierten en un presunto delincuente o en un 'contrarrevolucionario'.

“Cuando trabajaba en Comercio Exterior, en un viaje de negocios descubrí que el vendedor de equipos de refrigeración a varias empresas cubanas, además de coimas elevadas que encarecían el producto, ofertaba equipos de baja calidad. Por mi cuenta gestioné con otro mayorista equipos de mejor calidad, pensando en ahorrarle divisas al país y una mejor eficiencia, y cuando llegué, me sancionaron y expulsaron del trabajo. Pasé a ser 'un caso de la Seguridad del Estado'. Tuve que contar toda mi vida de arriba abajo. Pensaban que había hecho esas compras para beneficio propio. Los jerarcas de arriba estaban disgustados, pues al conseguir otro proveedor, les había jodido sus negocios privados: ellos recibían gabelas de ese fabricante por comprar esos equipos”, detalla Luis Manuel, exfuncionario.

En una sociedad vertical de ordeno y mando, la improvisación o salirse de los protocolos dictados, es una razón de fuerza mayor para abrirte un expediente.

Richel, padre de dos hijos, recuerda: “Hace unos años, se me ocurrió donar un poco de dinero y ropa que se le había quedado a mis hijos a niños con cáncer que están ingresados en el hospital William Soler. Pa’qué fue aquello. Desde la directora hasta un oficial de la Seguridad hablaron conmigo para saber quién me había pedido que hiciera esa donación. Es que en Cuba hasta la filantropía es controlada por el Estado”.

Un empresario alemán casado con una cubana, en una ocasión decidió donar varios paneles solares para instalar en tres edificios cercanos a su casa, pensando que no iba a traer ninguna consecuencia. "Y lo que se armó parece ciencia ficción. Desde funcionarios del partido comunista del municipio, hasta oficiales de la Inteligencia estaban investigando el caso, como si hubiera cometido un crimen. Al final recogí los paneles solares. No podía entender que por algo que permitiría ahorrar electricidad al Estado y dinero a los bolsillos de esas familias se formara tanto lío. Me explicaron que el gobierno acepta donaciones, pero se deben entregar por los canales pertinentes, es decir, el Estado”.

Una institución suiza anualmente dona a Cuba 20.000 toneladas de leche en polvo. “Pero tras detectar innumerables trapicheos y negocios por la izquierda, el proveedor exigió que la entrega se hiciera públicamente. El año pasado le dieron un 'buchito' de la leche donada a varios asilos y escuelas en [el municipio]Centro Habana, el resto desapareció como por arte de magia”, cuenta un trabajador de un almacén de víveres.

Después del paso de un huracán por la Isla, miles de cubanos radicados en el exterior expresan su deseo de hacer donaciones privadas, pero el régimen no las acepta. Y es que en Cuba, regalar al prójimo te convierte en sospechoso.

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