LA HABANA.- Los tribunales cubanos concluyeron dos semanas de audiencias judiciales contra más de un centenar de manifestantes detenidos luego de históricas protestas en julio y quienes ahora aguardan sentencias tras ser acusados de delitos por los que algunos alcanzarían hasta 30 años en prisión.

Familiares y activistas confirmaron la conclusión de las audiencias orales y calificaron de severas las sanciones pedidas por la Fiscalía, que imputó a los detenidos diversos delitos, como sedición, desórdenes públicos o atentado. Además, alegaron que algunos de los detenidos se sumaron de manera improvisada a las manifestaciones del año pasado, animados por el alborto y no con intención de derrocar al régimen cubano.

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Miles de cubanos protestaron el 11 y 12 de julio exigiendo libertad, el fin de la dictadura inmersos en una paupérrima situación económica que desencadenaron una violenta ola represiva

fueron estas las más grandes protestas en décadas y algunas terminaron en enfrentamientos desmedidos con la policía política. El arresto de cientos de personas provocó críticas del régimen y organizaciones internacionales que vieron la acción de las autoridades como una reacción a las críticas, algo que la dictadura castrista rechazó.

Desde comienzos de 2022 se reportaron seis procesos judiciales colectivos, la mitad la semana pasada y la otra en esta: dos en La Habana, dos en Mayabeque —el segundo de ellos en esta ciudad debía terminar entre jueves y viernes—, uno en Santa Clara y uno en Holguín —en el cual se pidieron las sanciones más severas de 30 años. En todos estos juicios hay un total de 102 inculpados.

Entre los detenidos estuvieron seis miembros de la familia Román, tres hermanos (los varones Yosney de 25 años y Emiyoslán de 18 y la mujer Mackyanis, de 24 ) y tres de sus primos.

Hasta ahora, sólo uno de los primos salió tras 22 días en prisión y pagar una multa equivalente a 2.000 pesos cubanos (83 dólares al cambio oficial). Fue acusado del delito de propagación de epidemia, dado que no pudo comprobarse que él atacara a la Policía durante las protestas.

A Yosney, albañil de oficio, la Fiscalía le demandó 20 años de prisión durante la audiencia esta semana; a Emiyoslán,-estudiante de técnico mecánico, se le rebajó la exigencia inicial de 15 a ocho años. Mackyanis, quien era ama de casa, aún no tiene fecha para su juicio.

“Cuando empezó (el juicio) nos entraron a un familiar por cada acusado... Estaban muy alterados (todos los acusados) porque los testigos de la Policía oficialista argumentaban cosas que en un principio no se decían”, comentó a AP María Carla Milán, esposa de Yosney Román y quien pudo ingresar esta semana a la audiencia, en la cual se procesaron a un total de 23 personas, la mayoría de ellos del barrio popular de La Güinera, donde las protestas se produjeron el 12 de julio y en la trifulca murió un manifestante.

Los hermanos Emiyoslán y Yosney iniciaron las audiencias acusados de sedición, desorden público y atentado, pero Milán indicó que al final les eliminaron el primero, sin saber las razones.

El delito de sedición es el que conlleva la mayor sanción, con hasta 30 años de prisión como se pidió para acusados de la provincia de Holguín la semana pasada. En el Código Penal incluso se castiga con la muerte, pero dicha pena está en moratoria de hecho en la isla.

“Ellos reconocen que fue un error haberle tirado piedras a la Policía", dijo Milán sobre su esposo y sus otros familiares.

"Se arrepienten de lo que hicieron, ellos salieron por ‘embullo’ (improvisamente), no tienen antecedentes penales, ni son criminales, no habían tenido antes problemas”, agregó Milán al narrar lo que los acusados expresaron a los jueces.

“Esta cantidad de años, es un abuso”, opinó la mujer sobre las sentencias que podrían recibir.

Las manifestaciones en Cuba, los arrestos violentos y las detenciones posteriores acapararon atención internacional. Muchos de ciudadanos que salieron a las calles —en varios puntos de la capital y en provincias— no tenían activismo político previo.

El régimen reconoció que algunas de las demandas eran justas y dijeron que la crisis económica es resultado tanto de la pandemia de COVID-19 como de las sanciones de Estados Unidos, que busca asfixiar a la isla para presionar un cambio de modelo. También acusaron también a Washington y a grupos de interés de exiliados de La Florida de usar las redes sociales para promover las protestas y usarlas contra el gobierno cubano.

Sin embargo, algunos de los manifestantes sí eran abiertamente opositores, como el dramaturgo Yunior García —arrestado, liberado y quien luego salió a España tras convocar a una marcha que no se produjo en noviembre— o la escritora María Cristina Garrido, quien es una de las enjuiciadas esta semana en Mayabeque.

Salomé García, activista de Justicia 11J, una organización que está sistematizando los nombres de presos y dando apoyo a familias, dijo a la AP que las personas juzgadas en estos meses ascenderían a más de 400, contando los seis juicios de esta semana. Refirió que unas 1.300 personas fueron arrestadas y registradas por su grupo. Se sobreseyó a nueve y 99 más recibieron una multa.

El régimen no informó sobre la cantidad total de detenidos. En agosto un funcionario indicó que se habían realizado 23 juicios sumarios para 67 acusados con delitos menores, pero no mencionó sobre los procesos ordinarios, como los que se han seguido los hermanos Román y sus primos.

También se desconoce cuándo podrían los tribunales emitir las sentencias contra los acusados.

Odlanier Rodríguez, de 23 años y el primo de los Román que salió en libertad luego de 22 días tras pagar la multa, dijo que no participó en ningún enfrentamiento con la policía en las manifestaciones de julio y aseguró que ni él ni sus familiares tienen militancia política.

“Nunca había visto eso en la vida, me paré en la esquina a mirar”, dijo Rodríguez a la AP sobre aquella jornada. “La gente en sí para mí, se tiraron (a la calle) porque seguían las colas y todo eso (el desabasto) de la comida”.

Los seis miembros de la familia fueron arrestados dos días después de las manifestaciones. Durante el juicio las autoridades mostraron videos de su participación y las agresiones a la Policía.

Días después de las protestas el dictador Miguel Díaz-Canel visitó el barrio de La Güinera y se reunió con miembros de agrupaciones vecinales simpatizantes del régimen para anunciar un plan de reactivación de la zona con programas sociales incluyendo arreglo de calles e infraestructura.

Para García, la activista de de Justicia 11J, los juicios son “ejemplarizantes”, es decir, buscan enviar un mensaje a la ciudadanía a fin de que no se movilice. De las miles de personas que protestaron sólo un grupo está siendo juzgado con penas severas que incluyen acusaciones de sedición, indicó.

En La Güinera casi todos recibieron el cargo de sedición aunque no hubo tiendas saqueadas, mientras que en Matanzas a donde incluso se rompieron vidrieras y volcaron patrullas no se le impuso esa figura. En Cienfuegos no se realizaron juicios y solo se impusieron multas, reflexionó García sobre falta de uniformidad de la Fiscalía.

FUENTE: Con información de AP

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