Transparencia Venezuela afirma en un informe que la jefa del régimen se “blindó” sin rendir cuentas; pide que dé a conocer el contrato para exportar gas licuado
La jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (centro), habla junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (I), y el ministro del Poder Popular para Interior, Diosdado Cabello, durante una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, el 14 de enero de 2026.
AFPMIAMI.- La nueva jefa del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, blindó su patrimonio económico con adquisición de bienes y operaciones opacas para garantizar la continuidad económica personal y familiar en una era sin Maduro, según afirma la organización Transparencia Venezuela en su más reciente informe.
En una nueva denuncia de corrupción contra Rodríguez, la ONG venezolana en exilio solicita a organismos nacionales e internacionales una investigación sobre el patrimonio de la vicepresidenta de Maduro que construyó “de modo deliberado para evadir rendición de cuentas y posibles acciones judiciales internacionales”.
De igual forma, exige a Rodríguez que haga público el contrato que permite al país exportar por primera vez Gas Licuado de Petróleo (GLP), el cual dijo haber firmado el 16 de enero, y dé detalles del convenio para que demuestre así la “gran diferencia con el patrón de opacidad que ha regido hasta el momento en el Estado venezolano”.
Rodríguez, encargada del control del país tras la captura de Maduro por fuerzas militares de EEUU el 3 de enero pasado, es simultáneamente vicepresidenta ejecutiva, ministra de Hidrocarburos, presidenta de la Comisión de Alto Nivel Rusia Venezuela (2024), presidenta de la Comisión Mixta de Alto Nivel China Venezuela (2023), “sin límites temporales ni controles institucionales”, entre otros cargos en los últimos 12 años.
"La acumulación de poder puede ser su carta de negociar para mantener el poder, dinero y/o libertad en el futuro", señala el informe.
En su informe titulado “Delcy Rodríguez se blindó para la era post Maduro”, Transparencia Venezuela recopila una serie de operaciones económicas que la responsable del régimen venezolano habría realizado para proteger sus patrimonio “ante un eventual cambio de régimen o pérdida de poder”, como se dio con la extracción del dictador depuesto.
El informe detalla hechos debidamente documentados en registros públicos mercantiles, bases de datos offshore y cruces de información financiera disponibles hasta finales de 2025, según dice.
Estos evidenciarían que Rodríguez, “junto con familiares cercanos y personas de su confianza”, realizó operaciones en jurisdicciones de baja regulación fiscal en los últimos años. Esto con la finalidad de resguardar bienes muebles e inmuebles adquiridos en el exterior, así como participaciones en negocios vinculados al sector petrolero, comercio internacional y servicios financieros, entre otros, según documento.
• Creación y uso de sociedades en Panamá, Islas Vírgenes Británicas y otras jurisdicciones opacas, algunas registradas a nombre de testaferros o parientes directos.
• Transferencias de propiedades en Europa (especialmente en España) y el Caribe, registradas a través de fideicomisos o compañías pantalla.
• Movimientos financieros que coinciden con períodos de mayor presión internacional por sanciones o investigaciones por corrupción.
• Presunta vinculación de estos activos con actividades económicas que se beneficiaron de posiciones de poder en el gobierno venezolano, como contratos estatales o intermediaciones en exportaciones.
Ante esto, la organización insta a las autoridades venezolanas actuales y a instancias multilaterales a que investiguen estos hechos y permitan "transparentar el origen de los bienes y aplicar mecanismos de recuperación de activos ilícitos". Y deja constancia de que el régimen no ha dado respuesta.
También en una carta colgada este lunes en sus redes, Transparencia Venezuela exige a Delcy Rodríguez que haga público el contrato firmado para que el país exporte por primera vez en su historia gas licuado de petróleo (GLP), y pidió detalles del convenio para cumplir con la transparencia y rendición de cuentas que establece la Constitución venezolana.
Luego de pedir información completa y verificable sobre las empresas y entidades involucradas, requiere "la publicación íntegra del contrato suscrito, incluyendo anexos, adendas o modificaciones o, en su defecto, indicación expresa de las razones legales que impidan su divulgación total o parcial".
Además, exhorta a que la información "esté disponible para todos los ciudadanos en el portal web" del ministerio de Hidrocarburos que maneja la jefa encargada.
FUENTE: Informe Transparencia Venezuela, red X
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