El Teniente Coronel Víctor Soto, y otros dos oficiales, fueron trasladado de una cárcel militar a tribunales y no se supo más de ellos. Cumplieron 7 años de prisión.
Ana Raquel Velásquez, esposa del Teniente Coronel Víctor Eduardo Soto Méndez, pidió en un video garantías de seguridad y derechos para el militar y otros dos presos políticos de régimen chavista
Coalición por los Derechos Humanos y la DemocraciaCARACAS. - Ana Raquel Velásquez, esposa del Teniente Coronel Víctor Eduardo Soto Méndez, denunció que el militar y otros dos miembros de la Fuerza Armada Nacional (FAN), que son presos políticos, están desaparecidos.
En un video, difundido por ONG Familia SOS Libertad este martes 4 de noviembre, Velásquez dijo que Soto Méndez y los otros oficiales fueron sacados de la cárcel militar de Ramo Verde, a 33.4 kilómetros de Caracas, el lunes "con todas sus pertenencias hacia los tribunales por la presunta oferta de ser liberados. Nunca fueron trasladados hacia los tribunales".
Los oficiales que estaban junto a Soto Méndez son los Tenientes Coroneles Carlos Peña Palmentieri y Deibis Mota Marrero. Los tres militares fueron detenidos en 2018 y condenados en 2020 por "rebelión".
Cumplieron su pena de 7 años de prisión el pasado 9 de septiembre. Esta causa también incluyó al Teniente Coronel Igbert Marín Chaparro, un oficial de alto perfil que alcanzó los mayores méritos dentro de la institución castrense.
"Sus abogados fueron informados por nosotros los familiares que serían trasladados allá y nunca llegaron. Se desconoce dónde se encuentran", indicó Ana Raquel Velásquez.
Sostuvo que hizo la denuncia para proteger la vida de estos presos políticos militares y para que las organizaciones y personas encargadas de velar por los derechos humanos "tomen cartas en el asunto y se haga lo necesario para preservar su seguridad, su vida y sus derechos".
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón señaló que se mantiene en alerta ante la denuncia realizada por Ana Raquel Velázquez León.
"Desde el momento de su salida del centro de reclusión, los familiares y abogados han perdido todo contacto con ellos, desconociéndose su paradero y condiciones. Esta situación resulta sumamente alarmante y configura una posible vulneración grave de derechos humanos, al poner en riesgo su vida, integridad personal y libertad, además de contravenir las garantías procesales establecidas en la Constitución y en la legislación venezolana", indicó la organización.
Además, instaron a las autoridades del régimen a informar de manera inmediata y transparente sobre el paradero y estado de los detenidos, y a garantizar su seguridad, atención médica, acceso a sus abogados y comunicación con sus familiares.
"Manifestamos nuestra solidaridad con los familiares de los detenidos y reafirmamos nuestro compromiso de acompañar sus demandas de justicia y verdad. Reiteramos que toda persona privada de libertad debe permanecer bajo resguardo institucional con las debidas garantías, y que la incomunicación o el ocultamiento del paradero de un detenido es una práctica inaceptable que debe cesar de inmediato", puntualizaron.
FUENTE: Con información de Familia SOS Libertad /Justicia, Encuentro y Perdón
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