El OCDH denunció que el régimen cubano sigue manteniendo en prisión a alrededor de 760 presos políticos, muchos de ellos en condiciones deplorables de salud
A pesar de denuncias, Díaz-Canel insiste en que no hay presos políticos en Cuba
Collage Prensa oficialista/canvaLA HABANA- El Tribunal Supremo Popular del régimen cubano anunció este martes la conclusión del proceso de excarcelación anticipada de 553 personas, como parte del "espíritu del Jubileo Ordinario de 2025". Sin embargo, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) calificó la medida como "injusta e incompleta", señalando que solo 212 de los liberados son presos políticos, y algunos de ellos ya se encontraban fuera de prisión.
El OCDH denunció que el régimen cubano sigue manteniendo en prisión a al menos 760 presos políticos, muchos de ellos en condiciones deplorables de salud. Además, destacó que el proceso de excarcelación ha mostrado un ensañamiento particular contra los detenidos y sus familiares que han denunciado las injusticias del sistema penitenciario cubano.
"El régimen cubano, una vez más, pretende engañar a la comunidad internacional. Ha priorizado la salida de presos por causas comunes, mientras aún permanecen centenares de prisioneros políticos, sobre todo aquellos arrestados durante las protestas masivas de 2021 y 2022. La Iglesia católica cubana ha exigido en repetidas ocasiones su liberación, al igual que el papa Francisco, quien a través de su enviado a Cuba en febrero de 2023, el cardenal Beniamino Stella, también hizo este llamado", indicó el OCDH en su comunicado.
Por su parte, la ONG Prisoners Defenders enfatizó que los excarcelados no han sido liberados, sino que seguirán cumpliendo sus condenas bajo restricciones como la libertad condicional o la licencia extrapenal. "Estas personas continúan bajo graves amenazas de ser devueltas al régimen intracarcelario si no cumplen con estrictas condiciones impuestas por el Estado", alertó la organización.
Entre las restricciones impuestas a los excarcelados se encuentran la prohibición de salir de su ciudad de residencia, la obligación de realizar trabajos forzosos asignados por la Seguridad del Estado y la censura total de su actividad en redes sociales y medios de comunicación. Tampoco pueden establecer contacto con organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional o Prisoners Defenders.
Asimismo, cualquier actividad relacionada con la defensa de los derechos humanos o el apoyo a presos políticos es considerada por el régimen como una acción "contrarrevolucionaria". A esto se suma la prohibición de viajar fuera de Cuba y la restricción de trámites consulares, lo que en algunos casos impide que los excarcelados continúen con solicitudes de nacionalidad española, una de las pocas vías de escape a un futuro en libertad.
Adicionalmente, se reporta que todos los excarcelados deben comparecer periódicamente ante jueces de ejecución, enfrentando constantes amenazas. También están sujetos a escuchas telefónicas, registros domiciliarios y detenciones arbitrarias por parte de las autoridades.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, criticó el proceso al señalar: "La permanencia de un contexto represivo y la ausencia de reconocimiento de la arbitrariedad e injusticia de los procesos legales contra estas personas las coloca en una situación de extrema vulnerabilidad".
Por su parte, el grupo de asesoría legal Cubalex recordó en enero que "la liberación de 553 personas no debe ser vista como una concesión generosa, sino como una obligación del Estado cubano de respetar los derechos humanos y cesar la represión".
FUENTE: Con información de Diario de Cuba
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