BUENOS AIRES.- Transformar el dolor en justicia: eso busca Pablo Verna desde que confirmó que su padre fue uno de los genocidas de la sangrienta dictadura que gobernó Argentina entre 1976 y 1983.

La ley le impide hoy denunciar a su propio padre, pero Verna no se rinde y junto a otros hijos de represores nucleados en el colectivo Historias Desobedientes impulsa un proyecto para modificar el Código Procesal Penal.

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Verna es hijo de Julio Alejandro Verna, médico y excapitán del Ejército que inyectaba drogas a los secuestrados antes de subirlos a los denominados "vuelos de la muerte" desde donde eran arrojados vivos al Río de la Plata.

No se conocen testigos que hayan declarado en su contra, sólo su hijo podría aportar datos en los juicios por la verdad, la memoria y la justicia que se llevan a cabo en la Argentina para condenar a los responsables del régimen que dejó 30.000 desaparecidos, según estimaciones de organismos de derechos humanos.

"Las primeras charlas, hace años, no las hacía desde un punto de vista crítico sino como quien estuviera charlando de cualquier cosa. Yo crecí con un padre que tiene la ideología del exterminio, entonces en un principio lo que tus padres te transmiten vos lo creés, es así, esa es un poco la vida, pero después uno tiene la oportunidad de tomar consciencia de lo que es un genocidio", reflexiona Verna en una entrevista con dpa.

"Ya de más grande lo interperlé de forma más crítica y desde la última conversación que tuvimos, cuando él no tuvo otra alternativa que admitir su participación (en crímenes de lesa humanidad), ahí yo no lo llamé nunca más ni me vi nunca más con él. Es doloroso, muy doloroso", expresa el abogado de 44 años.

Con la verdad confirmada a mediados de 2013, Pablo Verna sintió "la necesidad de llevar esto a la Justicia".

Pero desde entonces choca con dos artículos del Código Procesal Penal, los 178 y 242, que establecen que nadie podrá denunciar a su cónyuge, ascendiente, descendiente o hermano a menos que el delito aparezca ejecutado en perjuicio del denunciante o de un pariente suyo de grado igual o más próximo. Su testimonio podrá ser declarado nulo.

El proyecto de ley que presentó esta semana pide remover estas prohibiciones para casos de delitos de lesa humanidad, habilitando así a hijos y familiares de genocidas que quieran dar su testimonio de forma voluntaria.

Verna no es el único en esa situación. Hay más casos de hijos de genocidas y juntos formaron Historias Desobedientes para romper el pacto de silencio que 34 años después del regreso de la democracia sigue vigente en otros grupos de familiares de represores.

Liliana Furió sostiene que "cualquier aporte que cualquier ciudadano pueda dar vale, lo importante es que acá se haga justicia y si es un hijo el que puede hacerlo, lo debe poder hacer". "Si tenés datos concretos, ¿cómo puede ser que haya un impedimento legal?", sostiene Furió en declaraciones a dpa. Su padre, un represor que actuó en la provincia de Mendoza, ya fue condenado en 2013.

"Hay muchas diferencias, cada historia, cada hijo, cada familia, cada forma de enterarse porque tenemos compañeros que lo que tienen son las dudas que yo tuve tanto tiempo", señala Verna.

Para él, tener la confirmación de boca de su padre le permitió comenzar a transitar el dolor. Pero la certeza destierra las sospechas a un costo altísimo porque desaparece la íntima esperanza de que todo fuera una pesadilla. "Ese margen de duda que podés llegar a tener uno lo quiere y lo cuida. Pero también esa duda tenerla que cargar por años y años es una situación muy dura".

Verna, padre de tres hijos, considera que "frente al horror hay que tomar partido".

"Si uno no lo hace, todo eso que está callado no es que no existe, está y se transmite de generación en generación. Se lo pasamos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Pero también se puede transmitir otro mensaje si uno toma una postura que no tiene que ver con el silencio, con una complicidad a todo nivel: social, psicológico y sociológico", advierte.

Su lucha sigue ahora en el Congreso, donde los integrantes de Historias Desobedientes saben que podrán recibir apoyo pero también se enfrentarán a posibles detractores.

El principal argumento del proyecto de ley que presentaron se basa en que la Constitución argentina ha elevado a jerarquía constitucional los tratados internacionales de derechos humanos suscritos y que los dos artículos objetados entran en violación de esos acuerdos. Obstaculizar una investigación de delitos de lesa humanidad supone violar los pactos internacionales, advierte el abogado.

"Esperamos que los diputados prontamente lo tomen porque es muy importante para nosotros, para la humanidad y para todos los que han sido víctimas de este genocidio", concluye.

FUENTE: dpa

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