El informe mensual de Cubalex detalla que 177 personas, distribuidas en 134 hombres y 43 mujeres, fueron víctimas directas de estas acciones
La policía antidisturbios recorre las calles tras una manifestación contra el régimen de Miguel Díaz-Canel en el municipio de Arroyo Naranjo, La Habana, el 12 de julio de 2021.
(Foto de YAMIL LAGE / AFP)La organización de asesoría legal Cubalex registró un total de 199 violaciones de Derechos Humanos que derivaron en 460 incidentes represivos en las 15 provincias de Cuba y el municipio especial Isla de la Juventud durante el pasado mes de diciembre por parte de la dictadura.
El informe mensual de la organización detalla que 177 personas, distribuidas en 134 hombres y 43 mujeres, fueron víctimas directas de estas acciones. De acuerdo con los datos recopilados, el 25% de las violaciones del mes se concentraron el 10 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos, jornada en la que se reportaron hostigamientos contra 40 activistas y periodistas.
El abogado de Cubalex, Alain Espinosa, informó que la documentación del periodo refleja 91 hechos de violencia social, entre los que se incluyen robos, asaltos y casos de maltrato infantil. El registro de la organización contabilizó 13 homicidios durante el mes, de los cuales cuatro víctimas fueron mujeres y dos menores de edad.
Estas cifras exponen el contexto de inseguridad ciudadana bajo el control del régimen cubano, cuya estructura estatal no ha frenado el incremento de la criminalidad ni la violencia interna. Los reportes confirman que esta dictadura mantiene el ejercicio de la fuerza como mecanismo de control social mientras se desatienden áreas de protección civil.
75 casos de violaciones específicas contra presos políticos.
34 operativos de vigilancia sobre viviendas de opositores.
31 restricciones ilegales de movilidad.
En los centros penitenciarios, el informe señala carencia de alimentación, falta de atención médica y la aplicación de represalias contra internos que denuncian las condiciones de reclusión. Espinosa precisó a Radio Martí que el sistema judicial de la isla se utiliza como herramienta punitiva a través del delito de "propaganda contra el orden constitucional". Bajo esta figura jurídica, el sistema de justicia del régimen cubano impuso condenas de entre 7 y 10 años de privación de libertad por el ejercicio de la libertad de expresión y asociación.
Este patrón de criminalización de los derechos fundamentales reafirma las denuncias de organismos internacionales sobre cómo esta dictadura viola los derechos humanos de forma sistemática para sostener su estructura de poder, afectando con especial recurrencia a figuras como los presos políticos Yosvany Rosell García Caso y Leoncio Rodríguez Ponce.
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