“Lo que confirmó Tarek no guarda relación con lo que yo denuncié… Lo que está ocurriendo Tarek no lo domina, no tiene incidencia. Está lejos de su alcance”, explica el exfiscal venezolano Zair Mundaray, exdirector de Actuación Procesal del MP, en conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS.
El detonante
El caso de Carabobo, no obstante, es importante para entender el escenario. La detención en flagrancia del abogado Rafael Reyna, conocido como “el fiscalito”, con dos carnets del MP y más de 14,000 dólares en efectivo, producto de la extorsión que realizaba ese día a nombre de más de media docena de fiscales -incluido el fiscal superior del estado, Miguel José Durán Trejo- fue el detonante una pugna que terminó con el derrumbe de Saab, tras años de disputas entre fiscales y jueces contra las fuerzas de seguridad por las llamadas “rentas criminales extorsivas”.
La operación, de acuerdo con Mundaray, fue manejada inicialmente por cuerpos policiales que pretendían apresar a los implicados en flagrancia, pero Saab intercedió por ellos y limitó la intervención a imputaciones por vía ordinaria, generando tensiones con los organismos represores que escalaron a Cabello, ministro de Interior desde agosto de 2024.
El desenlace fue drástico. Poco después, fueron desaparecidos tres directores principales del Ministerio Público: Ángel Renato Fuenmayor Briceño, Marvin Emperatriz González Barrios y Orlando José Peña Lamus, de Delitos Comunes, contra la Corrupción y contra la Delincuencia Organizada, respectivamente; y el fiscal 67 Nacional Farik Karin Mora Salcedo, un torturador sancionado por la Unión Europea (UE), Reino Unido y Canadá.
Habrían detenido, además, en Caracas a Bárbara Andreina Rojas Ojeda, pareja de Mora Salcedo y asistente de la presidenta de la Sala de Casación Penal del TSJ, Elsa Gómez Moreno; y al fiscal Luis Eduardo Franceschi Perdomo, hijo del magistrado emérito de la Sala de Casación Social del TSJ. En Bolívar (sur), arrestaron también a Carlos Eduardo Retiff Vahlis, presidente del Circuito Judicial Penal del estado, a la jueza rectora Yaritza Yileida Godoy Correa y al fiscal superior Luis Alfredo Roa Reyes; mientras que en Nueva Esparta aprehendieron a la presidenta del Circuito Judicial Penal, Patricia del Valle Marcano Marcano. Todos ellos, resalta Mundaray, están vinculados con “la banda del MP”.
Para el exfiscal, la desaparición forzada de estos funcionarios no solo evidencia la fractura del sistema y deja sin operatividad a Saab, sino que revela un cambio de modelo dentro del régimen. “Estamos ante un modelo de Estado policial donde, en definitiva, manda el que tiene el arma, no el que tiene la toga”, señala.
El mensaje es fácil de entender: ante la coyuntura actual, con la amenaza latente que representa el despliegue de Estados Unidos cerca de las costas venezolanas, el chavismo ya no requiere simular procesos judiciales para legitimar detenciones arbitrarias. Ahora, con Cabello al frente, opta por un modelo más crudo: “El mensaje de Diosdado es de 'no necesitamos al sistema de justicia. No tenemos ni por qué simular juicios, porque tenemos la policía que se lleva a la gente y la gente desaparece', muy al estilo del Cono Sur en su momento o a las dictaduras primitivas que no les importa la forma”.
Caída en desgracia de Saab
La desaparición forzada de funcionarios de alto rango del propio MP, quienes manejaban el aparato represivo y extorsivo en nombre del fiscal general, confirma este viraje. “Tomaron una medida radical, que es cortarle los brazos y toda la operatividad a Tarek William Saab, quien ya no controla esos casos. Tanto, que ya cumplen 10 días en desaparición forzada, y él no ha dicho absolutamente nada para que se los pongan a la orden para procesarlos, sino que guarda silencio frente a esto y trata de confundir a la opinión pública diciendo que está luchando contra la corrupción”, apunta Mundaray.
Esto evidencia la caída en desgracia de Saab, que quedó reducido a una figura sin poder real. Mundaray sostiene que su rol consistía en destruir el MP, pero “lo convirtió en una gran estructura de crimen organizado y se le salió de las manos”.
Los informes inconexos que Saab presentó ante organismos internacionales, especialmente la Corte Penal Internacional (CPI), que investiga los crímenes de lesa humanidad del régimen, minaron aún más su credibilidad, provocando que figuras de poder promovieran su desplazamiento, dejando que Cabello asumiera de facto el control de las narrativas de conspiración que en principio monopolizaba el fiscal.
Con este nuevo golpe, el impacto interno es devastador. El MP se encuentra acéfalo, dirigido por funcionarios improvisados y sin experiencia. El pánico, además, dominaría a fiscales y jueces, que ven en la desaparición de los “intocables” la prueba de que nadie está a salvo.
“Si cayeron los preferidos de Tarek, ¿qué queda para el resto?”, sería la pregunta que circula en el sistema judicial, lo que, a juicio de Mundaray, podría derivar en renuncias, ausentismo y abandono de cargos por parte de funcionarios que ya no confían en su inmunidad. “Estamos ante un momento absoluto de quiebre del sistema. El sistema colapsó completamente”, advierte Mundaray.
Una pugna que gana Cabello
La pugna por las rentas criminales dentro del chavismo la terminó ganando Cabello, quien desplazó el eje del poder represivo desde el MP hacia los cuerpos policiales, que se hicieron con el control absoluto de las rentas criminales. Bajo Saab, fiscales y jueces extorsionaban a empresarios vinculados al régimen, exhibiendo lujos escandalosos, como carros blindados, escoltas y extravagantes fiestas, que estaban en la mira del SEBIN y la DGCIM.
Esa ostentación, unida a los múltiples “problemas” en estados como Carabobo, Aragua (centro-norte) y Zulia (noroeste), habría motivado a Cabello a “cortar los brazos” de Saab. “Es una guerra de rentas criminales. Eso funciona como un cartel, no como un gobierno. Los mensajes son claros: cómo manda, quién manda y hasta dónde te permito robar”, explica Mundaray.
Con el giro, la administración de esas rentas pasa a manos de los cuerpos de seguridad, cuya lealtad resulta más útil en un contexto de creciente presión internacional y amenazas externas. “Es mucho más importante tener contentos a los policías y que sean ellos quienes administren estas rentas criminales, que los fiscales que ya utilizaron y, prácticamente, ya no los necesitan”, resalta.
La presión internacional, sumada a la reciente fuga del empresario Francisco Convit, habría acelerado las medidas drásticas de Cabello. Según Mundaray, Convit logró salir del centro de El Helicoide, mayor centro de torturas de América Latina, disfrazado en un traslado simulado, y actualmente estaría colaborando con la Fiscalía de EEUU. “Eso es devastador para muchos miembros de la élite chavista que lo han utilizado como operador financiero”, precisa.
En ese contexto, las desapariciones forzadas cumplen también la función de impedir que otros funcionarios accedan a convertirse en testigos protegidos. “Hay un temor de que en determinado momento salieran del país y pudieran dar información sensible”, señala.
Ahora, Cabello no sólo desplaza a Saab, sino que hoy proyecta fuerza al mostrarse armado y en patrullaje en las calles en medio de la presión de EEUU, mientras Maduro se presenta debilitado, replegado a actos cerrados y con bajo perfil. “El mensaje es claro: aquí el que manda soy yo”, subraya Mundaray.
Por último, el exfiscal aboga por el respeto al debido proceso y los DDHH de los funcionarios desaparecidos, pese a que durante años negaron esto a miles de víctimas: “No podemos justificar que los torturen y los desaparezcan. Ellos tienen derecho a un abogado y a ir ante un tribunal, el mismo derecho que negaron a miles de venezolanos”.
María Cristina Hérnandez
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