El expresidente de Ecuador Lucio Gutiérrez denuncia a miembros del Parlamento, que intentaron tender una trampa a la fiscal general Diana Salazar
Diputado y expresidente de Ecuador Lucio Gutiérrez
CortesíaQUITO. - La impunidad y la corrupción que arropa a ciertas instituciones en Ecuador quedó de manifiesto tras el intento de la Asamblea Nacional (AN), de mayoría correísta, de destituir a la fiscal general, Diana Salazar, a cargo de investigar el caso “Metástasis” y que en opinión del expresidente Lucio Gutiérrez, revela la instauración de la narcopolítica en Ecuador.
Ante esta situación que hoy golpea a esa nación, los ciudadanos demandan justicia y transparencia en el ejercicio del poder, aseguró en entrevista al Diario Las AméricasLucio Gutiérrez, diputado por la Alianza Sociedad Patriótica y expresidente de Ecuador.
Gutiérrez fue uno de los más férreos denunciantes de la corrupción durante el gobierno del izquierdista Rafael Correa (2007-2017).
A juicio del parlamentario, actualmente los ciudadanos perciben que el Congreso no cumple adecuadamente con su función de legislar y el control de las instituciones del Estado, esto, según su valoración, genera una impresión de “ineficiencia e inoperancia” en la gestión parlamentaria.
“Estos factores contribuyen a que la población ecuatoriana rechace la actuación de la AN y demande cambios profundos en el sistema político para garantizar una mayor transparencia, honestidad y eficiencia en las instituciones gubernamentales”, argumentó.
Gutiérrez indicó que esta semana, nuevamente, miembros de la Asamblea Nacional “al servicio de prófugos de la justicia como Correa”, intentaron tender una “trampa” a la fiscal general, que investiga los casos “Metástasis” y “Purga”, de los cuales se desprendieron causas como “León de Troya” y “Encuentro”.
Todos estos casos están relacionados con redes de corrupción dentro de las instituciones del Estado, vinculados a delitos de delincuencia transnacional y mafias del narcotráfico, por las cuales han sido procesados más de 50 jueces, abogados, policías, funcionarios, exfuncionarios y otros actores del sistema judicial, así como políticos y parlamentarios.
Estas investigaciones surgieron tras la recuperación del celular del narcotraficante Leando Norero, muerto en prisión en 2022. En el dispositivo, la Fiscalía halló indicios de una estructura criminal infiltrada en todos los niveles del Estado, especialmente en el sistema judicial, penitenciario y legislativo.
Gutiérrez denunció que en la Asamblea Nacional existe una mayoría, representada por el partido del correísmo, Revolución Ciudadana (RC), que se “autodenomina de gobernabilidad”, pero que en realidad es “una mayoría que busca impunidad”.
“Esto, aseguró, quedó evidenciado con el juicio político contra Salazar, aprobado por el Consejo de Administración Legislativa, instancia integrada por dos representantes del Partido Socialcristiano, dos del gobierno del presidente Daniel Noboa y dos del correísmo, que buscaban presionar “para abrir paso a la impunidad”.
“Algunos parlamentarios, por ejemplo, estarían dispuestos a perdonar deudas a morosos como empresarios adinerados que no cumplen con sus obligaciones fiscales ante el Estado. La bancada correísta apoya la condonación de estas deudas a cambio de obtener impunidad”, señaló.
El movimiento RC presentó oficialmente el pasado 27 de noviembre la solicitud de juicio político contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar, por presunto incumplimiento de funciones.
La legisladora correísta Gissela Garzón fue la encargada de llevar a cabo este proceso. Justificó la solicitud de juicio político argumentando que la crisis de seguridad en el país requiere funcionarios responsables y cumplidores de su rol.
El diputado Lucio Gutiérrez, calificó de “cinismo” la decisión de la Comisión de Fiscalización de la AN, presidida por la diputada correísta Pamela Aguirre, de permitir la comparecencia el pasado 13 de mayo del prófugo de la justicia y exparlamentario correísta, Ronny Aleaga, involucrado en el caso “Metástasis”.
Esto ocurrió, cuando la fiscal general se encontraba en el Congreso, compareciendo sobre avances de la investigación que lleva a cabo por caso “León de Troya” y “Encuentro”, procesos relacionados con la corrupción y el narcotráfico, que involucran a exfuncionarios públicos y al excuñado del expresidente Guillermo Lasso (2022-2023), Daniel Carrera.
Fiscal abandonó la sesión
La fiscal Salazar, que recordó que su comparecencia fue para abordar “temas técnicos desde la perspectiva política”, señaló que ambos casos fueron fusionados en una investigación sobre un presunto esquema de corrupción sistemática que afecta a la administración pública e implica a varias instituciones estatales, entre ellas, BanEcuador, el Servicio Nacional de Aduana y la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).
Sin embargo, Salazar se retiró de la comparecencia al mencionarse que se abordaría el caso Metástasis y se daría la palabra vía telemática al exparlamentario del correísmo Ronny Aleaga, quien está prófugo de la justicia y tiene una orden de prisión por ese caso.
A su juicio, la presencia de Aleaga buscaba “contaminar” el caso “Metástasis”, por lo que procedió a retirarse, junto a los demás parlamentarios, dejando sola a la bancada correísta, que promovía la intervención de Aleaga.
El diputado y expresidente Lucio Gutiérrez calificó la situación como una “emboscada” contra la fiscal, que pretendía apartarla del caso “Metástasis”, que salpica a altos funcionarios del Estado, principalmente, relacionados con el correísmo.
"La Asamblea Nacional se está convirtiendo en una máquina para producir impunidad y para permitir la corrupción en el país, porque están defendiendo a prófugos de la justicia, a gente que pertenecen a bandas delincuenciales, empezando por el propio Rafael Correa que está condenado y que está prófugo de la justicia”, recalcó.
En ese sentido, Gutiérrez cuestionó que el Congreso ecuatoriano defienda a prófugos de la justicia y permita la corrupción en el país. Advirtió que, si los parlamentarios no cambian su actitud y cumplen con sus funciones, sería mejor cerrar la instancia legislativa. “Este es un organismo que gasta dinero, que se consume los impuestos que paga el pueblo ecuatoriano y que no hace nada en su beneficio”, apuntó.
Además, señaló que la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, debería ser sancionada por permitir la comparecencia de un prófugo de la justicia en presencia de la fiscal general. Aseguró que esta acción genera un “mal ejemplo” y “desprestigia” a la Asamblea Nacional.
FUENTE: Entrevista exclusiva al diputado y expresidente Lucio Gutiérrez, Primicias, El Comercio, El Universal, Expreso, Asamblea Nacional de Ecuador
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