El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su Informe Nacional sobre prácticas de Derechos Humanos 2024: Cuba. En el texto, se critica la ausencia de acciones que dignifiquen al ser humano en la isla.
El documento apunta directamente al régimen de Miguel Díaz Canel de no tomar medidas creíbles para investigar y castigar a los funcionarios que cometen abusos contra la ciudadanía.
En este sentido, el Departamento de Estado de Estados Unidos numera varios problemas significativos, incluyendo denuncias de ejecuciones arbitrarias o ilegítimas cometidas desde la dictadura, señalando el informe de la ONG Cubalex que documenta 56 muertes de personas bajo custodia entre enero de 2022 y enero de 2024.
Además de las muertes, Cubalex documenta la existencia de desapariciones, tortura o tratos crueles e inhumanos. Miembros de las fuerzas de seguridad son acusados de acosar, intimidar y agredir físicamente a defensores de los derechos humanos, disidentes políticos y manifestantes.
Por esta razón, el informe Nacional sobre prácticas de Derechos Humanos 2024: Cuba subraya que estos actos se realizan con total impunidad, citando a varias ONG como Justicia 11J, Prisoners Defenders y Human Rights Watch.
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Cuba sin libertad de expresión
En el ámbito de la libertad de expresión, el documento de Estados Unidos resalta las restricciones severas y persecución a la prensa libre, destacando casos como el del periodista Julio Aleaga Pesant, multado por "propaganda enemiga" debido a sus publicaciones en redes sociales.
El informe Nacional sobre prácticas de Derechos Humanos 2024: Cuba afirma que la represión y el exilio forzado se utilizan para hostigar a la prensa independiente, con un registro de 99 detenciones arbitrarias y 179 agresiones y amenazas a periodistas ciudadanos, según una ONG.
El texto también apunta a la falta de cumplimiento de las leyes por parte de las autoridades del régimen cubano. A pesar de que la Constitución del país incluye protecciones a los derechos humanos, estas no son aplicadas. Se señala que, en muchos casos, los detenidos son mantenidos en prisión preventiva por meses o incluso años. Por ejemplo, se menciona que cientos de personas arrestadas en las protestas de julio de 2021 seguían detenidas en marzo, y que manifestantes recientes aún permanecen en prisión preventiva sin haber sido formalmente acusados.
FUENTE: Redacción
