En situaciones de debilidad para el electorado oficialista y mientras la dirigencia opositora se debate en profundas dudas sobre la vulnerabilidad del sistema electoral, el Gobierno difunde rumores o promueve medidas que alientan dichas sospechas. Por ejemplo, sobre el secreto del voto y el fraude electrónico con las máquinas capta huellas. A ello se agrega el ventajismo previo al proceso.
Las campañas previas son promovidas desde sus altos voceros y expandidas de manera organizada por la llamada “guerrilla comunicacional” que son equipos organizados que operan desde las redes sociales con órdenes desde el Ministerio de Comunicaciones, enviando las fake news que, con gran eficacia, maneja el chavismo para ganar elecciones.
Luego de cuatro meses de movilizaciones en dónde la dirigencia lanzó a la calle a cientos de miles de seguidores exigiendo un cambio en el país, elecciones libres, y un canal humanitario frente a la crisis, el chavismo que se encontraba en el nivel mas bajo de popularidad, con una crisis económica y humanitaria sin precedentes, comenzó su jugada milimétricamente calculada para mantener sus espacios de poder.
Desde el Gobierno se habían detenido a casi 10 mil opositores que protestaban en las calles, 140 fueron asesinados por cuerpos de seguridad y grupos armados, cientos de heridos graves quedaron incapacitados y los ataques gubernamentales terminaron directamente en las viviendas de los opositores violando sus propiedades y todo tipo de derechos ciudadanos. Alcaldes legítimos fueron perseguidos, inhabilitados o hechos presos por no contener las manifestaciones en sus regiones. Dirigentes nacionales igualmente fueron inhabilitados y cientos de disidentes fueron pasados a tribunales militares. De aquellas jornadas más de 300 personas permanecen en prisión.
La Constituyente y el fraude
Frente a una retirada opositora de las calles, consecuencia de la fuerte represión, el Gobierno creó una Asamblea Constituyente (ANC)con una convocatoria inconstitucional en la que la oposición no participó porque el Gobierno eliminó el paso de consultar al pueblo soberano si quería o no cambiar la Constitución.
De manera que se llevó adelante una elección de sus integrantes en donde el número de participantes era clave para el Gobierno de manera de darle piso legal a un proceso fuera de la Ley. Es así que la cifra oficial de participación en el proceso del 30 de julio de 2017 según el CNE fue de 8.089.320 de votantes para una abstención de 41,53%, una cifra que al sector opositor le pareció abultada tomando en cuenta que Maduro fue electo con 500 mil votos menos con un número similar de votantes inscritos.
Pero la celebración de Nicolás Maduro, anunciando el triunfo de la Constituyente y decretando que esa ANC sería plenipotenciaria y anunciaba allanamientos a la inmunidad parlamentaria contra diputados opositores y la destitución de la Fiscal General, fue interrumpida por una declaración desde Londres de Antonio Mugica, uno de los directivos de Smarmatic, la empresa a cargo del voto electrónico en las elecciones de la ANC, señalando que "hubo manipulación del dato de participación".
El director ejecutivo de la compañía afirmó que Smarmatic estimaba que "la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema fue de al menos un millón de electores". Agregando que solo una auditoría podría establecer la cantidad exacta del número de votantes.
No era posible demostrar la alteración de votantes a través de las actas dado que la oposición al no participar no tuvo testigos, ni auditores de la oposición con copias de las actas para contrastarla con el anuncio oficial. El comunicado de Smarmatic señalaba que: “las autoridades electorales de Venezuela simplemente decidieron ignorar el reporte de totalización de votos generados por el sistema de Smartmatic. Nuestro sistema automatizado está diseñado para evidenciar cualquier manipulación, pero deben existir personas observando el sistema y esperando por esas evidencias: los auditores", explicó Mugica. Es decir que el fraude estuvo en el anuncio realizado por la rectora Tibisay Lucena y no en el sistema.
Esa declaración de fraude de Smarmatic no fue suficientemente utilizado por la oposición para demostrar el carácter fraudulento del resultado emitido por el CNE y en algunos casos voceros de las filas opositoras señalaron que, detrás de la declaración, había un arreglo entre Smarmatic y el Gobierno.
La participación que había estimado la oposición era de apenas 12,4%, unos dos millones y medio de electores. Pero hay que recordar que previa a la convocatoria de Maduro el Gobierno hizo una fuerte campaña en la que inscribió al menos 15 millones de personas en el plan “Carnet de la Patria”, obligatorio en entes públicos, en el que se le ofrecía a la gente las bolsas de comida (CLAP), ingresar a planes de vivienda, bonos, acceso a electrodomésticos y otros beneficios.
En el proceso electoral para la Constituyente el Gobierno y el CNE se saltaron algunas auditorías y mecanismos de seguridad. Las razones que adujeron fueron los tiempos y la violencia por las manifestaciones.
Es de resaltar que en las elecciones regionales, ya no estaba participando Smarmatic, sin embargo, según nos ratificó un técnico electoral consultado, Smarmatic les entregó el código fuente para la auditoría a solicitud tanto del Gobierno como de la oposición.
Según expresó, en entrevista concedida a el diario El Universal de Caracas, el técnico electoral del partido opositor Un Nuevo Tiempo (UNT), Miguel Cañas, “las máquinas no hacen la trampa, lo hace la gente” y aseguró que la plataforma electrónica electoral venezolana era 100% confiable, sin embargo, en esta oportunidad hubo un nuevo protagonista.
Una empresa argentina poco auditada
Para las elecciones regionales el Gobierno apartó a la empresa Smarmatic debido a su declaración pública. La empresa que contratan para sustituirlos sería Exclé registrada en Argentina. Dicha empresa prestaba servicios en la alcaldía Libertador y el oficialista Banco de Venezuela desde el año 2004 y desarrolló proyectos biométricos para validar las huellas dactilares en los procesos electorales. Es decir solo había trabajado en registro de electores (Sistema AFIS) para huellas, no en procesos de despliegue.
Quien lleva esa empresa al CNE es el dirigente del PSUV y alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez, uno de los hombres más influyentes del Gobierno y recientemente nombrado ministro de Comunicaciones.
Esta empresa pudo montar con rapidez la elección de gobernadores porque ya había participado en algunas áreas durante la elección de la ANC. Expertos consultados para este reportaje precisaron que para el proceso de la ANC esta empresa participó en el montaje de las líneas de configuración y operativas ubicadas en la zona de Mariches, cercana a la capital; instalaron 23 centros de atención regionales y contaban operadores capacitados.
El llamado oficialista a elecciones regionales tomó por sorpresa a la oposición con pocos días para organizarlas, hacer primarias y luego unificar con candidatos únicos. El ente electoral (CNE) impidió la sustitución de candidatos contemplado en la Ley Electoral por lo cual miles de votos resultaron nulos al permanecer en las tarjetas opositoras. Al mismo tiempo los centros electorales en los bastiones opositores fueron trasladados a otros centros distantes, especialmente hacia barriadas populares, en donde domina el chavismo. Ello generó dificultad de acceso a los votantes.
Un gran sector de la oposición, entre los que figuró María Corina Machado, quien lidera el grupo Vente Venezuela, llamó a la abstención, alegando el tema del fraude y la desmovilización que habrían provocado las convocatorias electorales. La abstención hizo también su parte en el proceso en donde bastiones fundamentales como en el estado Miranda llegó a 52,21% y una reducción de la votación de 136.763 votos en comparación con las Parlamentarias.
Desde el Gobierno, a través de cuentas anónimas, se alentó esta postura, promoviendo un feroz debate en opositores, sobre si se debía o no participar en las elecciones a gobernadores. Desde el exterior algunas figuras políticas de otros países se sumaron a la campaña por la abstención.
Nicolás Maduro, con ironía, estimulaba el conflicto desde cadenas televisivas, señalando que al participar la oposición reconocía a la Asamblea Constituyente, dándole así argumentos a los grupos abstencionistas.
El proceso le dio al oficialismo 18 gobernaciones frente a 5 de la oposición. Con un fraude evidente en actas en los estados Bolívar y Miranda dos bastiones fundamentales para el oficialismo. Una vez dados los resultados se obligó a los gobernadores a juramentarse ante la ANC siendo el gobernador electo del Zulia destituido por negarse a reconocer a la Constituyente.
El caso del estado Bolívar
Desde 2004 hasta 2015 en ese estado de Venezuela nunca se denunció irregularidades en las que un acta no coincidiera con los resultados publicados en la página web del CNE, hasta la reciente elección de gobernadores en las que el candidato opositor, Andrés Velázquez, consignó una denuncia formal ante el ente electoral entregando los recaudos. El recurso de fraude fue admitido por el organismo electoral. Además de ello, por primera vez no se publicaron resultados mesa por mesa como siempre se había hecho desde 2004.
Las actas mostradas en Bolívar por el equipo opositor en las que no coinciden con los resultados anunciados son aquellas que se subieron manualmente. En efecto, existe la opción de cargar manualmente los resultados mediante la transcripción pero esa función requiere la aprobación del CNE ya que su intención es proporcionar un medio para informar los resultados de las mesas de votación que pasan a la votación manual. En el caso de Bolívar, la máquina de votación si pudo imprimir el informe oficial en el sitio, lo que sugiere que el proceso no se volvió manual. Simplemente, no se transmitió de forma directa. Situación que tendría que explicar el CNE si es que se llevara adelante la investigación solicitada por Velázquez.
Cuando se realizaba el proceso de carga manual en el sistema automatizado que se había establecido desde 2004, se procuraba que los testigos de ambos sectores políticos (oficialismo y oposición) estuviesen presentes. Esa presencia ha sido fundamental para garantizar que el sistema electrónico no fuera alterado y se estableciera la coincidencia entre actas firmadas por testigos y votos electrónicos.
Es de aclarar que en los procesos electorales siempre hubo dudas a la hora del cierre de mesas en algunas regiones en las que se presentaron denuncias según las cuales la mesa no se cerraba y se impedía el ingreso de testigos con sospechas de incorporación de votos fraudulentos. En otras oportunidades se denunció el traslado de electores a última hora antes del cierre de mesas.
De allí que en estos procesos ha sido fundamental la presencia de testigos y la vigilancia sobre ellos hasta la última hora. Es complejo que un candidato sin ese respaldo pueda efectuar la vigilancia de todo el proceso hasta el cierre, transmisión de resultados y firma de actas que avalen el resultado.
Con la abstención en las elecciones municipales, el nuevo dilema se presentará ante la convocatoria que está por anunciarse según la cual habrá elecciones presidenciales en el 2018, además con una nueva empresa encargada del sistema de totalización de votos, de la cual muy poco se ha dicho.
