A los narcotraficantes y lavadores de dinero pareciera que no se les hizo complicado camuflar su identidad durante años aparentando ser ciudadanos venezolanos. Estaban seguros de que el documento que portaban era fiable y si algo llegaba a ocurrir, tampoco importaba porque otro nombre, número y papel estarían allí cuando quisieran.

Prominentes capos del narcotráfico y muchos de sus secuaces, así como grupos vinculados a sonados casos de estafas y lavado de dinero, habrían obtenido beneficios de una pequeña pero poderosa red en las oficinas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería venezolano (SAIME), la cual, entre 2009 y 2015 podría haberles permitido obtener documentos emitidos por la República Bolivariana y burlar los protocolos de seguridad.

Al timón de estas operaciones estaría el funcionario venezolano Ditter José Marcano, quien fuera jefe de Flota Vehicular del SAIME a nivel nacional. Su clientela incluiría a narcotraficantes -algunos prófugos o condenados en Estados Unidos-, al igual que lavadores de dinero con operaciones en islas del Caribe y paraísos fiscales, gracias a su servicio, reveló una investigación de DIARIO LAS AMÉRICAS.

Algunos involucrados en narcotráfico y corrupción -que habrían contratado los servicios de Marcano en Venezuela- presuntamente entregaron a los fiscales federales en Miami un conjunto de evidencias, que ahora reposan en la Corte del Distrito Sur de la Florida. El periódico accedió a las evidencias y dos fuentes, que mantuvieron el anonimato debido a la naturaleza sensible de las investigaciones.

La lista en poder de los fiscales incluye a una docena de personas y cuatro líderes de carteles del narcotráfico -dos de ellos condenados en EEUU-, quienes supuestamente desembolsaron miles de dólares para obtener documentos venezolanos, lo que resultó esencial para evadir la justicia durante años. El problema para las autoridades y la ventaja para los fugitivos radicaban en que todas las documentaciones eran técnicamente legítimas.

Así, agentes del FBI y de la Administración para el Control de Drogas (DEA) que llevan a cabo la investigación podrían haber conocido que, a través de terceros, la red de Marcano facilitó de manera irregular documentación al capo colombiano Jaime Alberto Marín Zamora, alias “Beto Marín” -uno de los líderes del Cartel del Norte del Valle-, así como a exoficiales de seguridad venezolanos solicitados por cortes federales debido a acusaciones de narcotráfico. Entre ellos se encuentran Pedro Luis Martín Olivares, exagente de los servicios de inteligencia; Jesús Itriago, excomisario de la policía científica y Rodolfo McTurk, exdirector de la Interpol en Venezuela.

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Otro de los “clientes” de la red sería Freddy Montés Cárdenas, detenido en junio de 2017, en Miami, por usurpación de identidad estadounidense y condenado a tres años de cárcel. Venezuela estaría por solicitar su extradición.

"Podían darte una identidad, cédula, pasaporte y partida de nacimiento (…) eso lo cobraban en 10.000 dólares. Si querías que en tu familia hubiera alguien de descendencia europea, eso costaba hasta 50.000 dólares, porque podías solicitar pasaporte con origen español o del país que figurara en el documento y quedaba ‘legal’", explicó una de las fuentes.

Los pagos a Marcano eran realizados en dólares o en bolívares al cambio. Poseía cuentas para operaciones menores en dos bancos privados venezolanos, donde su clientela realizaba transacciones.

De la avenida Baralt a Bagdad

Los fiscales federales habrían sido informados de que la red facilitó la autenticación de varias valijas de pasaportes venezolanos, los cuales presuntamente fueron otorgados de manera irregular en la embajada de Venezuela en Irak, a ciudadanos del país árabe quienes pagaban miles de dólares para obtener un documento de viaje extranjero, relató el testigo.

El escándalo de los pasaportes irregulares en Irak salió a relucir en febrero de 2017, tras una investigación de la cadena CNN. Como resultado, el gobernante venezolano Nicolás Maduro suspendió las trasmisiones del canal de noticias dentro del país, sin dar respuesta a las denuncias.

"Las láminas de policarbonato, utilizadas por la embajada de Venezuela en Irak para emitir los pasaportes que se les otorgaron a muchos ciudadanos sirios y del Líbano, las envió Marcano, porque estaban bajo su control. Trabajaba con un funcionario que estaba allá (en Irak), y como los documentos pasaban sin problema era buen negocio, porque se cobraran hasta 10.000 dólares por papel”, detalló la fuente.

El uso irregular de los pasaportes venezolanos por ciudadanos de origen árabe encendió las primeras alarmas del Departamento de Estado en 2008, según muestra un cable diplomático filtrado por Wikileaks . Ese mismo año, autoridades de Costa Rica notificaron sobre lo que venía ocurriendo en su territorio con estos documentos, temiendo que se “facilitara el viaje de terroristas” desde Venezuela.

Según Wikileaks, los agentes costarricenses habrían contado a sus contrapartes de EEUU que Venezuela estaba emitiendo pasaportes de "cortesía" a personas afiliadas a las oficinas de la OPEP en Caracas, un asunto que Washington les pidió a sus agentes que confirmaran, citaba el cable. Según la denuncia, un pasaporte venezolano no sería escrutado tan de cerca en la región como sí lo sería uno de Irak o Libia, resultando así en un potencial riesgo de viajes de terroristas.

Las rancheras

Para Marcano, las rancheras son más que un estilo musical, o al menos es lo que describen quienes lo conocen y así asoma en sus redes sociales, donde ha compartido y dedicado decenas de piezas de los grandes maestros de este género mexicano. Las canciones llaneras venezolanas son otras de sus melodías predilectas, y esa fusión ayuda a entender parte de las conexiones que trazó.

No era raro verlo en fotos luciendo atuendos vaqueros y un sombrero de fieltro que exagera su cara redonda y apariencia bonachona. En una de sus tantas imágenes, aparece compartiendo con el compositor venezolano Reinaldo Armas, y en México con el gran maestro de las rancheras, Vicente Fernández. En ese viaje solo parecería uno más de cualquiera de los fans del “Rey”, salvo por los nexos con el empresario venezolano Carlos Eduardo Orense Azocar.

Más que estar unidos por el deleite de las rancheras y la música de los llanos, Orense Azocar -bajo investigación de fiscales en Miami por sus presuntos nexos con redes del narcotráfico en Venezuela al servicio de altos funcionarios del Gobierno- habría trazado alianza con Marcano, quien desde su posición le facilitaría documentos para decenas de operaciones, según la versión dada a los agentes por el testigo.

Orense Azocar, identificado como presunto colaborador en las operaciones para legitimar dinero del entonces vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, sería un personaje clave del entorno de este político sancionado por EEUU.

“Marcano es un buen amigo de Orense, e incluso vivió hospedado en uno de sus apartamentos rentados en un lujoso hotel de Caracas. En ese lugar se dieron reuniones importantes con aliados de Wilber Varela, alias “Jabón”, líder del Cartel del Norte del Valle, asesinado en enero de 2008, en Venezuela”, relató la fuente.

Los primeros pasos

En 2009, Marcano llegó a las oficinas del SAIME, en el centro de Caracas, durante la gestión del geógrafo Dante Rivas, cuando éste fue designado director general de la institución.

Rivas, compañero de universidad del exvicepresidente El Aissami, ha sido un “funcionario orquesta” del chavismo, pues a lo largo de una década ha ejercido los más disímiles: máxima autoridad del SAIME [Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería], director del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, ministro de Comercio, diputado, candidato a una alcaldía y superintendente para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos.

Hoy Rivas ocupa el cargo de ministro en la cartera de Pesca y Acuicultura, recién creada por Maduro.

Tras la salida de Rivas del SAIME, en julio de 2012, Marcano dejó su puesto pocos meses más tarde. Esto se debió, según el testimonio de un excompañero de Marcano, a las denuncias de irregularidades que la nueva administración, dirigida por el funcionario Fabricio Pérez, halló en su contra.

Una de las acusaciones más sonadas ocurrió en mayo de 2012, cuando se reportó el extravío de 1.000 folios de papel preimpreso para elaborar documentos de identidad, como informó un diario venezolano en 2014. Según la nota, el material fue hurtado en el Departamento de Flota Vehicular, donde Marcano era jefe, y las evidencias apuntaban directamente hacia él.

Este personaje tuvo la posibilidad de llevar a cabo la falsificación de todos esos documentos, amparándose en las funciones que desempeñaba dentro del SAIME como máximo responsable de las operaciones de transporte, despacho y traslado de pasaportes y micas de cedulación [recurso de seguridad empleado en documentos de identificación] a oficinas consulares, estadales y regionales de Venezuela.

“Marcano suministró varios pasaportes a narcotraficantes colombianos y mexicanos dentro de Venezuela, e incluso la documentación se hacía llegar al extranjero si querías”, indicó la fuente.

“Varios pasaportes llegaron a República Dominicana en un sobre sellado y sin necesidad de ir a ningún consulado”.

La fuente informó a los agentes que una de las razones por las que decenas de pasaportes llegaron a esa isla del Caribe entre 2011 y 2014, radicaba en que Marcano proporcionaba pasaportes para establecer allí las corporaciones y cuentas bancarias con las que se orquestó parte del fraude, por más de 30 millones de dólares, con tarjetas de crédito del Banco Peravia. Muchos de los plásticos se emitieron utilizando estas identificaciones fraudulentas.

La llave del poder estuvo en el bolsillo de este burócrata gracias a que entre junio de 2009 y abril de 2016, según él mismo describe en su perfil de Linkedin, ostentó el cargo de coordinador de transporte del SAIME y SAREN, este último un órgano de la administración pública venezolana, encargado de los registros y notarías, vital para cualquier proceso legal en ese país.

Los agentes de la DEA habrían sido informados de que Marcano “tenía las láminas de policarbonato ya firmadas con los códigos de encriptación, que son las que hacen que el chip opere y puedan emitirse pasaportes a quien sea”, contó el testigo.

Por ello “era tan fácil tener un pasaporte de Venezuela (…); además, uno no estaba con la complicación de los visados para moverse por el exterior, porque en casi todo el mundo lo aceptan”.

Un portavoz de la DEA declinó ahondar en los detalles del caso, relegando las interrogantes al Gobierno venezolano. Por su parte, el ministro Rivas no respondió a las preguntas dirigidas a su despacho, vía correo electrónico.

Gran botín

El pasaporte de Venezuela abre la puerta a 130 países sin necesidad de un visado, entre ellos 26 de la Unión Europea bajo el acuerdo Schengen. Ese agregado de movilidad global le da un valor estratégico que el Passport Index, de la consultora Arton Capital, autoridad mundial en la materia, coloca en el ranking 25 de 88 entre los documentos de viaje con mayor aceptación. Un botín cuando de delinquir se trata.

Así, Marcano supuestamente pudo operar su empresa ilegal gracias al amplio acceso a los controles de seguridad que él y sus colaboradores tenían. De otra manera, le hubiera sido técnicamente imposible.

Un vocero de Veridos GmbH, empresa alemana que figura entre las mayores industrias de documentos de identificación del mundo, y en cuya cartera de clientes se encuentra el Gobierno de Venezuela, dijo a este diario que cumple con los mayores estándares de seguridad en la fabricación de sus productos a nivel internacional.

Si bien “suministramos componentes para el pasaporte venezolano, son las autoridades de Venezuela las que deben responder (a los asuntos de fraude), ya que este proceso no cae bajo nuestra responsabilidad”, zanjó Mareike Ahrens, vicepresidente de comunicaciones de la compañía.

Además del uso de papel de seguridad, el pasaporte biométrico con su lámina de policarbonato posee un circuito electrónico incrustado que usa la biometría para autenticar la identidad de los viajeros. Con la información del chip alterado, es más complejo identificar a los usurpadores de identidad. En el caso de la red que operaba Marcano, los “clientes” suministraban su imagen pero los datos eran de otras personas.

A medida que la crisis económica y política en Venezuela devora la vida social, centenares de venezolanos están saliendo por las fronteras del país apenas con una cédula de identidad y escasas pertenencias. Obtener un pasaporte se ha convertido en un verdadero suplicio, porque la demanda desborda la capacidad del SAIME y las redes de corrupción compiten por un “cliente”.

Mafias como las que presúntamente manejaron Marcano y sus colaboradores, en alianza con personajes al margen de la ley, demuestran cómo redes criminales han sido capaces de romper toda barrera moral dentro de la llamada “revolución bolivariana”. El retrato del éxodo de miles de venezolanos huyendo de una nación rica en petróleo o escarbando la basura para alimentarse es el corolario de la ausencia de justicia y control que impera cuando los gobernantes tienen un solo objetivo: el poder.

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