Roma. - “Hay un silencio sepulcral muy característico del papa Francisco. Pareciera que su Santidad no tuviera ojos para nuestra sufrida Nicaragua”, lamentó Álvaro Leiva, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (ANPDH), en entrevista exclusiva concedida a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Leiva asegura haber enviado tres cartas al papa Francisco para pedirle un pronunciamiento sobre Nicaragua, pero estas cartas aún permanecen sin respuesta, a pesar de que en la última advertía al Pontífice sobre “fraude electoral” que se materializaría el 07 de noviembre para la reelección de Daniel Ortega.

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El propósito de Leiva en sus misivas consiste, según afirma, en pedir un gesto “en defensa del pueblo [nicaragüense], devoto de la Santísima Virgen María”.

El también abogado, exiliado en Costa Rica como muchos de los perseguidos del régimen de Daniel Ortega, reveló que el documento fue enviado el 05 de noviembre, a través de los correos electrónicos oficiales de la Secretaría de Estado; al igual que las anteriores comunicaciones que fueron enviadas el 01 de septiembre de 2020 y el 05 de julio de 2021.

En su comunicación, el defensor de DDHH explicó al Pontífice las consecuencias de la “farsa electoral”.

“Le ruego que dedique atención a los dramáticos acontecimientos que vienen inmisericordemente desarrollándose en mi amada Nicaragua, agudizados con la concreción de la criminal farsa electoral, que “significa mayor represión, más detenciones ilegales, persistente tortura de presos políticos -rehenes del régimen-, nuevas desapariciones, más corrupción, más enriquecimiento ilícito para la pareja gobernante, su familia, y sus cómplices inmediatos”, se lee.

Leiva confirmó que continúa la represión en Nicaragua, en manos de la “corrupta pareja gobernante”, que implementa un “terror de Estado” que “no presenta patrones ideológicos”, pues “mantiene en prisión a políticos de un variado prisma que incluye, desde excomandantes guerrilleros, hasta dirigentes empresariales”.

Además, es oportuno recordar que existen 158 personas desaparecidas desde julio de 2018, según datos de la propia Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos. Situación que ha sido confirmada por organismos como la CIDH y la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que han alertado que Nicaragua vive una crisis humanitaria que incluye ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales, desplazamientos forzosos y arrestos arbitrarios.

En este contexto, Álvaro Leiva Sánchez recordó al Santo Padre que “la iglesia católica no resulta ilesa”: “Ejemplo de ello se debe de destacar el caso de sacerdotes, contra quienes la represión de la dictadura [de Ortega] se ha ensañado. Entre otros, los principales son: mons. Silvio José Báez Ortega, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua y vicario general de la arquidiócesis de Managua y obispo presidente de la comisión de Vida Consagrada y del Seminario de la Conferencia Episcopal de Nicaragua; mons. Juan Abelardo Mata Guevara, Obispo Emérito de la Diócesis de Estelí; mons. Rolando José Álvarez Lagos, obispo de Matagalpa y Administrador Apostólico de Estelí y el sacerdote Edwin Heriberto Román Calderón, párroco de la iglesia de San Miguel Arcángel, del barrio San Miguel de la ciudad de Masaya. Sobre estos cuatro sacerdotes sigue viva una orden de captura ilegal y sin fundamento jurídico (secuestro); la cual ha sido suspendida, pero podría ser reactivada en cualquier momento a voluntad de Rosario Murillo Zambrana [vicepresidenta de Nicaragua]”, dijo.

Asimismo, recordó la profanación ocurrida el 31 de julio de 2020 contra la sagrada imagen de la Sangre de Cristo, ubicada en la Catedral de Managua, calificada por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (comunicado 01.08.2020) como un "acto violento y extremista, propio de un acto terrorista”; además de las continuas expresiones amenazantes de Daniel Ortega contra los integrantes de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN).

“Es importante que la máxima autoridad del catolicismo universal no omita la condena, clara y contundente, del criminal intento de perpetuación en el poder, por parte de dos criminales (Daniel Ortega Saavedra y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo Zambrana) quienes, en algún momento serán removidos y responderán, ante la justicia universal, por la barbarie de su régimen”, puntualizó el secretario general de ANPDH. Una asociación fundada en Miami en 1986 para monitorizar las violaciones de Derechos Humanos en el país centroamericano.

La crisis que vive Nicaragua desde abril de 2018, cuando estalló la revuelta social contra el gobierno, ha dejado a su paso una violenta acción policial del régimen que ocasionó 355 muertos, más de 2.000 heridos, 1.600 detenidos en distintos momentos y 103.000 exiliados y refugiados, en su mayoría en Costa Rica, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

@Marinellys

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