CARACAS.- La venta de chatarra (piezas de hierro, cobre, aluminio y demás materiales ya usados previamente) es un negocio rentable que ha ganado terreno en Venezuela, con el auspicio del régimen de Nicolás Maduro que desde el año 2018, normó la actividad y se quedó con la exclusividad de la compra de piezas de hierro.

Así, con el decreto número 3.586, publicado en Gaceta Oficial número 41.464, se especifica que la decisión fue tomada debido al aumento que su costo generó en el contrabando de extracción, además de fomentar un “mercado ilícito” que iba incrementando, reseña el portal web El Pitazo

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Mientras el venezolano común puede ganarse de 20 a 40 dólares a la semana al vender chatarras, el régimen de Maduro vendió a Turquía 27.800 toneladas de chatarra para conseguir dinero, según detalló medio digital Bloomberg, citado por El Pitazo en un reportaje de investigación.

Los datos aportados por los medios de comunicación revelan que la venta a Turquía se realizó en agosto de 2019, según publicó en Twitter la Corporación Venezolana de Comercio Exterior.

Las personas que compran el material en Trujillo suelen trasladarlo a Maracay o Maracaibo para fundirlo y hacer utensilios, repuestos o incluso lo venden al Estado para su exportación.

"Las comerciantes que llegan al Puerto de Guanta a vender la chatarra explican que conocen de camioneros que supuestamente pagan hasta 160 dólares por cada tonelada de hierro pesado o liviano que un tercero se anime a venderles. Ellos se encargan de pagar el flete y la guía (permisos) para el traslado del material hasta el Puerto de Guanta, por eso es que aquí se ve tanta gente vendiéndola”, asegura un comercializador de chatarra que pidió resguardar su identidad por temor a represalias gubernamentales, detalla el reportaje.

Las ventas de chatarra se han convertido también en una plaga que destruye a su paso todo lo que consigue. Así, se reportan los estragos generados a las instalaciones petroleras, las educativas y otras infraestructuras que son desmanteladas para sustraer hierro, cobre, aluminio e incluso otros materiales, como la fibra óptica.

El concejal opositor, Omar del Nogal declaró para El Pitazo asegura que la planta de gas La Chicagua, en el estado Anzoátegui, al oriente del país, está fuera de servicio, ha sido desmantelada por delincuentes que venden como chatarra las piezas viejas que se hallan en la infraestructura.

"En febrero de 2021 alguien hurtó una válvula de tres pulgadas de 150 libras; el hecho ocasionó que la presión de gas disminuyera en las comunidades que lo reciben de manera directa. A raíz de esto, las autoridades municipales solicitaron más patrullaje a los cuerpos de seguridad", detalla el portal web.

Víctimas de estafas

El defensor de los derechos humanos en Anzoátegui, José Santoyo, denunció que las prácticas ilegales para la compra y la venta de chatarra sirve para concretar monumentales estafas.

Santoyo denunció el son al menos tres las victimas que luego de entregar grandes toneladas de materiales a los compradores, se quedan esperando sus pagos. "Los agraviados, estafados por grupos delictivos organizados, les adeudan miles de dólares y aún no les han concretado los primeros pagos acordados".

“Estas víctimas estaban vendiendo cuatro maquinarias pesadas activas y con sus documentos en regla, pero como estaba dura la venta y necesitaban el dinero, la ofrecieron como chatarra. Luego aparecieron estos sujetos a quienes les vendieron los equipos valorados en 40.000 dólares, y tras llevarse las piezas, desaparecieron”, contó José Santoyo a El Pitazo.

La denuncia fue efectuada ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la entidad y ante el Ministerio Público, pero según explica una de las víctimas, mientras formalizaban la acusación pudieron conocer a otros dos agraviados por el mismo grupo hamponil.

Según el vocero, el régimen de Maduro "autorizó solo a tres empresas que operan en Anzoátegui para tramitar las guías y legalizar el traslado de hierro pesado y liviano en la entidad, pero estas empresas a su vez subcontratan a los llamados chatarreros, quienes se han dedicado a captar a personas con este material, ofrecerles altas sumas de dinero y luego de tener el hierro en su poder, desaparecen. La legalidad del material nunca es verificada por los representantes de estas empresas”.

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