Las autoridades venezolanas encarcelaron a tres ejecutivos locales de DirecTV con una orden de arresto emitida después que la compañía con sede en Dallas suspendió abruptamente su servicio el mes pasado en el país debido a las sanciones estadounidenses impuestas al régimen de Venezuela, dijo el viernes el abogado de los detenidos.

Carlos Villamizar, uno de los tres detenidos, declaró a la prensa en el despacho de su abogado antes de entregarse a las autoridades que nunca tuvo conocimiento previo de que los servicios serían cancelados y se dijo inocente de cualquier delito.

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Fue una gran sorpresa, afirmó Villamizar con voz entrecortada, preocupado por la suerte de su familia, que incluye dos hijos pequeños.

Villamizar se dijo víctima, al igual que al menos 600 empleados de DirecTV en Venezuela que perdieron sus trabajos debido a la decisión tomada por los ejecutivos de la compañía en Estados Unidos. Villamizar se retiró después del despacho del abogado y se entregó en una temida cárcel de Caracas conocida como El Helicoide, donde se cree que también se encuentran los otros dos ejecutivos: Héctor Rivero y Rodolfo Carrano.

Rivero y Carrano fueron arrestados el jueves, dijo el abogado Jesús Loreto, que representa a los tres. El abogado calificó la detención como injusta y señaló que los ejecutivos habían cooperado con las autoridades: se presentaron primero esta semana ante la fiscalía y después ante la Tribunal Supremo de Venezuela.

Los tres son ciudadanos venezolanos, dijo Loreto, quien dijo desconocer las acusaciones que se les imputan. Lo que sea de que los hayan acusado es absurdo, apuntó.

DirecTV, que pertenece a AT&T, con sede en Dallas, suspendió su popular servicio de televisión por satélite el 19 de mayo. Atribuyó la medida a las sanciones estadounidenses que prohíben a DirectTV transmitir los canales solicitados por el régimen del dictador Nicolás Maduro.

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Antenas de DirectTV en una casa en el vecindario Catia, en Caracas, Venezuela, el 9 de enero de 2020. El Tribunal Supremo de Venezuela ordenó el viern3s 22 de mayo de 2020 la la toma inmediata de todos los inmuebles y activos de la empresa de televisión por suscripción DirecTV, tres días después de que la compañía cesó sus operaciones en la nación sudamericana.

Antenas de DirectTV en una casa en el vecindario Catia, en Caracas, Venezuela, el 9 de enero de 2020. El Tribunal Supremo de Venezuela ordenó el viern3s 22 de mayo de 2020 la la toma inmediata de todos los inmuebles y activos de la empresa de televisión por suscripción DirecTV, tres días después de que la compañía cesó sus operaciones en la nación sudamericana.

El gobierno del presidente Donald Trump ha incrementado la presión política a Maduro en lo que describe como una campaña de “máxima presión” dirigida a poner fin al régimen del gobernante socialista que —asegura— ha llevado a la ruina a la otrora rica nación petrolera.

El cese del servicio de DirecTV causó indignación entre los funcionarios del régimen de Maduro, que acusaron a la compañía de privar a los venezolanos del derecho a la información.

Los habitantes de Caracas protestaron con cacerolazos desde el interior de sus casas durante al menos dos noches después del anuncio. Se habían quedado sin servicio a mitad de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, y mucha gente en los vecindarios pobres carecía de otro medio para recibir películas, noticias y deportes.

Días después de que AT&T interrumpiera el servicio, el Tribunal Supremo ordenó a la agencia de telecomunicaciones de la nación que decomisara antenas parabólicas y espacios de oficina en los centros de transmisión. También dijo que la programación de DirecTV debería reanudarse de inmediato, orden que con seguridad no sería atendida.

Los funcionarios del régimen de Maduro no hicieron declaraciones sobre los arrestos.

Lori Lee, directora general de AT&T para Latinoamérica, dijo en un comunicado que los arrestos fueron “inexplicables” considerando que los tres ejecutivos en Venezuela fueron totalmente ajenos a la decisión de suspender el servicio.

AT&T se ha sumado a otras compañías estadounidenses —como General Motors, Kellogg y Kimberly-Clark— que se han ido Venezuela debido a una contracción de sus ventas, amenazas del régimen y el riesgo de enfrentar las sanciones estadounidenses.

FUENTE: Con información de AP

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