Los solicitantes de residencia permanente en EEUU tendrán que demostrar solvencia económica para ser elegibles para ese beneficio
Inmigrantes esperan su turno para las entrevistas con un oficial de migración en la oficina de USCIS, en Nueva York.
AFP
Aumenta expedición de tarjetas de residencia permanente
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La normativa entrará en vigencia el 18 de septiembre de 2026, de acuerdo con USCIS.
Imagen generada con IAWASHINGTON — La regla de carga pública entró en vigor a partir del 18 de septiembre; el cambio podría afectar a millones de inmigrantes que están solicitando la residencia permanente o una visa para entrar a Estados Unidos.
La nueva guía establecida por la Administración del presidente Donald Trump busca evitar que los nuevos solicitantes de la Green Card se conviertan en una carga pública y deberán demostrar solvencia económica para ser elegibles para ese beneficio.
El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS, en inglés) explica en su portal que el manual actualizado se alinea con la intención del Congreso de que los extranjeros que residan en los Estados Unidos "sean autosuficientes y no dependan de beneficios gubernamentales" financiados por los contribuyentes.
La regla de carga pública es un motivo de inadmisibilidad en la ley de inmigración de Estados Unidos. Permite que las autoridades migratorias nieguen una solicitud de residencia permanente o de un visado si determinan que una persona podría depender de la asistencia gubernamental y convertirse en una carga para los contribuyentes, explica el bufete de abogados Law Group International.
Esta iniciativa existe desde la Ley de Inmigración de 1882, pero su interpretación ha cambiado con el tiempo.
La nueva regulación supone el segundo intento del mandatario republicano para endurecer los requisitos. Estas son las claves para entender el cambio, según datos del Immigrant Legal Resource Center (ILRC).
Esta reglamentación afecta solo a solicitantes de residencia permanente basados en una petición familiar, como cónyuges, padres, hijos o hermanos de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes, o por peticiones basadas en el trabajo.
Los solicitantes de tarjeta de residencia por medio de peticiones de asilo, estatus de refugiado, visa U, visa T, VAWA o Estatus de Inmigrante Juvenil Especial (SIJS) no están sujetos a esta norma.
La nueva guía de carga pública otorga a los oficiales de inmigración mayor discrecionalidad para denegar la residencia permanente.
La instrucción ahora considera más tipos de beneficio público, como asistencia gubernamental en efectivo, vivienda subsidiada, ayuda para estudios, alimentos y ciertos servicios de salud financiados por el gobierno estadounidense.
Además, se tendrán en cuenta los beneficios públicos utilizados por familiares (hijos, padres, cónyuges), si el solicitante es responsable de mantener a esos familiares y el beneficio depende de sus ingresos.
También se evaluarán factores del solicitante, como la edad, el tamaño del hogar, su estado de salud y su historial crediticio.
Incluso si el solicitante de la residencia tiene un patrocinador, este no sería, por sí solo, suficiente para demostrar que el inmigrante no será una carga pública y USCIS puede determinar que es una carga pública.
La nueva directriz de carga pública entra en vigor el 18 de septiembre de 2026, lo que significa que todas las solicitudes de residencia permanente en las categorías familiar y de empleo serán revisadas bajo el nuevo parámetro.
Cualquier solicitud pendiente, presentada o enviada por correo con sello del correo o antes del 17 de septiembre de 2026 se evaluará conforme a la regla del 2022, impuesta por el Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025), que revirtió los cambios hechos por el republicano en 2019 y relajó la veda.
Aunque las directrices de USCIS no se aplican a las solicitudes que se definen a través de un proceso consular en el extranjero, se espera que los consulados sigan políticas similares.
Un factor clave es si la persona cumple con:
Ingresos más altos y empleo estable pueden fortalecer significativamente un caso.
El abogado de inmigración Fernando Romo aconseja a los nuevos solicitantes que sometan evidencia de que tienen un trabajo que les permite sostenerse sin pedir ayuda pública, tienen seguro médico privado y bienes, entre los que se cuentan ahorros, inversiones o propiedades.
"Todos esos bienes son evidencia de que hay recursos; si sucede una emergencia, pueden afrontarla sin recurrir a beneficios públicos", ahondó.
Por su parte, el abogado de inmigración Alex Gálvez recomienda a los solicitantes estar pendientes de las acciones legales entabladas contra la nueva guía para detener su implementación.
Esta semana varias ciudades y condados, liderados por Nueva York, presentaron una querella legal para bloquear la nueva norma.
FUENTE: Con información de EFE y Law Group International
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