MIAMI.-Tras una revisión reciente de los viajes de los ciudadanos estadounidenses a México, el Departamento de Estado emitió cambios en sus consejos que convierten a la república federal vecina en un destino prácticamente "prohibido". Con las modificaciones, casi todos los viajes a México, se desaconsejan.
Esto se debe fundamentalmente a que en la nación por donde transitan miles de migrantes que persiguen el "sueño americano", los delitos violentos están “generalizados". De modo que el Departamento de Estado advirtió a los viajeros estadounidenses sobre el aumento de la violencia en al menos seis estados de México en las últimas semanas.
Tanto los secuestros como otros actos delincuenciales provocaron esta alerta. En el comunicado de la sección de viajes del Departamento de Estado se lee que "los delitos violentos, como homicidios, secuestros, robos de vehículos y robos están muy extendidos y son comunes en México”.
Los seis estados señalados por peligro de delincuencia y secuestro son Zacatecas, Colima, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas; y por delincuencia, el estado de Guerrero.
Aunque la alerta del Departamento no se limita a diagnosticar sino que busca soluciones, explica lo "limitado" que es el apoyo que EE. UU. puede ofrecer. En el caso de los empleados del gobierno de EE. UU., estos tienen prohibido visitar muchas áreas. El embajador estadounidense Ken Salazar dijo que los dos países se comprometen a profundizar la cooperación para combatir crimen transnacional que fomenta violencia a ambos lados de la frontera. El objetivo, expuso en un tuit, es "mejorar seguridad ciudadana y lograr comunidades más pacíficas y prósperas".
Crimen organizado
Recientemente, se han desplegado tropas en los estados mexicanos para combatir el aumento de la violencia de las pandillas y el viernes último, 30 vehículos fueron abandonados y quemados bloqueando una carretera en el estado de Baja California.
En Tijuana, conocida por sus vínculos con las bandas de narcotraficantes y el crimen organizado, una lucha de poder entre pandillas provocó el confinamiento de los ciudadanos en sus casas el fin de semana pasado y la alcaldesa se clamó por el fin de la violencia.
“Hoy les estamos diciendo a los grupos del crimen organizado que están cometiendo estos delitos, que Tijuana se va a quedar abierta y va a cuidar a sus ciudadanos”, dijo la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero en un mensaje emitido en video. En respuesta, el gobierno federal mexicano ha desplegado miles de unidades policiales y militares más en el estado.
La violencia de las bandas de narcotraficantes escaló la semana pasada con ataques armados contra civiles y la quema de varios negocios en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos. Los incidentes, según informó la agencia AP, dejaron 11 muertos, entre ellos cuatro empleados de una radio, y una veintena de heridos en una riña en una cárcel.
Fuerzas de seguridad
La Guardia Nacional y las policías estatales y municipales deben de hacer cumplir la ley y mantener el orden. La Guardia Nacional, que comenzó a operar en 2019, es una institución civil que depende de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. En 2019 se disolvió la Policía Federal, y en mayo de 2020 todos los bienes y el personal restante se transfirieron a la Guardia Nacional.
A través de una enmienda constitucional aprobada en 2019, se le otorgó al presidente la autoridad de utilizar las fuerzas armadas para proteger la seguridad interna y nacional del país hasta el 2024. La mayor parte del personal de la Guardia Nacional proviene del ejército y la marina, y tiene la opción de reintegrarse a sus fuerzas al cabo de cinco años.
La policía preventiva estatal depende de los gobernadores de los estados, mientras que la policía municipal depende de los alcaldes. La Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina también desempeñan un papel en la seguridad interior, especialmente en combatir a los grupos de la delincuencia organizada.
Derechos Humanos
El informe de 2021 sobre derechos humanos en México, destaca como denuncias fiables las de asesinatos ilegales o arbitrarios por parte de la policía, el ejército y otros funcionarios gubernamentales; desapariciones forzadas por parte de agentes gubernamentales; tortura y trato degradante por parte de las fuerzas de seguridad; condiciones carcelarias duras y potencialmente mortales; arrestos o detenciones arbitrarias; restricciones a la libertad de expresión y a los medios de comunicación, incluida la violencia contra periodistas; actos de corrupción; investigación y rendición de cuentas insuficientes en relación con la violencia de género, incluida, entre otras, la violencia doméstica y de pareja; delitos que implican violencia o amenazas de violencia contra personas con discapacidades; y delitos que implican violencia o amenazas de violencia contra personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales.