LIMA.- Fiscales y policías ingresaron el viernes al palacio presidencial de Perú para investigar un caso de presunta corrupción que provocó la renuncia del secretario del mandatario Pedro Castillo, del ministro de Defensa y hasta un pedido de destitución presidencial.

Es la primera vez desde que Castillo llegó al poder el 28 de julio, que su entorno de funcionarios más cercano es golpeado con fuerza por un escándalo de corrupción en Perú, que ha visto a casi todos sus presidentes de los últimos 35 años condenados o investigados por este delito.

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La Fiscalía anunció por Twitter que investiga un caso de presunta corrupción por “tráfico de influencias” contra Bruno Pacheco, secretario general del presidente Castillo, quien había renunciado en las primeras horas del viernes pero aún se encontraba en el palacio presidencial.

La más reciente tormenta política que cae sobre el gobierno del primer presidente de Perú de origen campesino empezó a inicios de noviembre tras la remoción de los jefes del ejército y de la aviación, quienes habían asumido sus cargos tres meses antes.

Poco después el recién retirado jefe del ejército José Vizcarra acusó a través de la radio local RPP al secretario presidencial Pacheco y al entonces ministro de Defensa, Walter Ayala, de presionarlo para ascender a dos oficiales al cargo de generales.

Vizcarra dijo que Castillo también le sugirió de forma más sutil el ascenso del par de oficiales favoritos pero que, tras negarse, las recomendaciones de las poderosas autoridades no se ejecutaron y los ascensos dentro de la élite militar se realizaron sin influencia del Ejecutivo.

Las acusaciones del exjefe del ejército provocaron que el Congreso -controlado por la oposición-, la fiscalía y la entidad que defiende los intereses del Estado investiguen por corrupción a Pacheco y dejaran abierta la posibilidad de incluir a más autoridades.

La denuncia no generó renuncias inmediatas, pero el malestar entre otros miembros del Ejecutivo fue notorio, entre ellos en la primera ministra Mirtha Vásquez. El ministro de Defensa dimitió el domingo y el lunes un medio local publicó una nueva denuncia contra el secretario presidencial acusándolo de pedir al jefe de la agencia tributaria que ayude a una empresa deudora.

La nueva acusación presionó más al Ejecutivo y provocó que la primera ministra y los ministros de Economía y Justicia comentaran de forma pública que Pacheco debía dimitir. El secretario recién dejó el cargo el viernes en la mañana.

Horas después los fiscales tocaron la puerta del palacio presidencial para interrogarlo.

Pacheco, un maestro de escuela de 51 años, era una pieza clave del gobierno y acompañaba en todos los acto públicos al mandatario.

Según el sitio de registros del palacio, en sus casi cuatro meses en el cargo Pacheco se reunió con más de un centenar de visitantes, incluyendo el presidente de la firma Dickens & Madson quien ha asesorado a juntas militares de Myanmar y Sudán; al expresidente de Zimbabwe, Robert Mugabe, y a Henri Falcón, opositor venezolano al régimen de Nicolás Maduro.

En Perú no es inusual que los fiscales ingresen al palacio presidencial para buscar información por investigaciones por corrupción. Ocurrió en los gobiernos de Martín Vizcarra (2018-2020), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y en los últimos tiempos del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).

Las acusaciones de corrupción en su entorno más cercano son un golpe para Castillo que en el consejo permanente de la OEA criticó este delito porque “le ha quitado un pan a las familias que no tienen pan”, prometió combatirlo e indicó que había corruptos de “todo calibre”. “La corrupción es un gran problema en mi país y tenemos corruptos hasta para exportar”, dijo en Estados Unidos.

La víspera, en tanto, una legisladora opositora pidió iniciar un proceso de destitución presidencial que aún no ha avanzado en el Parlamento.

El mandatario no se ha pronunciado. Su despacho dijo por Twitter que brinda todas las “facilidades” al trabajo de los fiscales.

Castillo inició su gobierno en julio y, de acuerdo con la ley, finalizará en 2026.

FUENTE: Con información de AP

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