MIAMI.- La fría mañana capitalina del jueves 17 de enero transcurría en calma. De repente, una ensordecedora explosión encendió las alarmas de una ciudad y de todo un país que se estaba acostumbrando a la paz después de más de 50 años en guerra con grupos subversivos que, a estas alturas, ya se pensaban “neutralizados” por las autoridades colombianas.
Por lo menos esa era la “percepción popular” tras la firma de un controvertido acuerdo que permitió la desmovilización de buena parte de las FARC, en noviembre de 2016. Por tanto, el ataque terrorista a la Escuela de Oficiales General Francisco de Paula Santander, en Bogotá, tomó por sorpresa a una nación que todavía no se recupera de otro dolor: el derivado de los miles de muertos ‘del pasado’ que se atribuyen a esa organización guerrillera.
La acción bélica perpetrada en esta ocasión por el ELN, considerado el segundo grupo guerrillero en Colombia por su número de miembros, es la peor que haya ocurrido en la capital colombiana desde 2003 cuando las FARC, por ese entonces la más grande organización al margen de la ley en el país cafetero, activaron un coche bomba en el exclusivo club El Nogal, hecho que causó la muerte a 36 personas y dejó a muchas más heridas.
Así las cosas, el acuerdo logrado con las FARC durante el Gobierno de Juan Manuel Santos vuelve a estar bajo la lupa de la comunidad internacional, y enfrenta una vez más a las fuerzas políticas de derecha y de izquierda en un país en el que el tema de la pacificación nacional en las anteriores elecciones presidenciales, mostró “posiciones irreconciliables”.
“Se vendió una imagen de paz”
El congresista de los colombianos en el exterior es el derechista Juan David Vélez, miembro del partido Centro Democrático, que dirige el expresidente y actual senador de ese país Álvaro Uribe, uno de los mayores detractores del acuerdo de paz suscrito con las FARC.
Vélez dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS que el atentado del jueves pasado en Colombia “es el resultado de un mal acuerdo” tras el que “se vendió al mundo una imagen de paz que no es real porque el terrorismo nunca se fue de Colombia”.
Desde su punto de vista, una de las “fallas” consistió en no haber llevado al ELN a la mesa de negociaciones, y pactar con las FARC “una paz que -en su opinión- le ha dado una peligrosa impunidad a ese grupo terrorista”.
Explicó que la negociación con la organización rebelde, que se hizo en La Habana, tenía que partir del “sometimiento de sus miembros a la justicia” y apeló a la “buena gestión” del presidente Iván Duque, adscrito a su partido, para que haga cumplir el lema que impulsó durante su campaña proselitista: “El que la hace, la paga”.
Añadió que a raíz del proceso de paz “Colombia volvió a ser un país inundado de coca por el narcotráfico”, un “negocio” que califica como el “combustible de la violencia”. También señaló que “la impunidad es un factor para que nuevos grupos terroristas aumenten su accionar en su búsqueda de beneficios, como los que fueron otorgados a las FARC”.
La lectura de Vélez sobre el impacto de las negociaciones con las FARC, para alcanzar su retorno a la vida civil, es la misma que en todo momento ha manifestado el Centro Democrático, a través de su bancada en el Congreso y de sus militantes en otras esferas del poder en Colombia.
Vélez hizo un llamado al Gobierno nacional para que asuma una “postura firme” y que “paguen por sus actos” los responsables de la acción terrorista que acabó con la vida de 21 personas y dejó a más de 60 heridas en la capital colombiana.
Entretanto, el congresista afirmó que Venezuela es otro factor que le ha dado “oxígeno” a las fuerzas guerrilleras de Colombia. Sin embargo, advirtió, “la cabeza del comunismo es Cuba, que ha manejado todos los hilos para que en Sudamérica existan estos grupos y desplieguen su accionar terrorista”.
Finalmente dijo que “nos conmueve que Colombia esté viviendo nuevamente una situación tan triste, pero celebramos que el Gobierno nacional haya tomado la determinación de buscar a los responsables y que haya resultados tan prontamente”.
“No es momento de atizar los odios”
En otra orilla está el concejal y precandidato a la alcaldía de Bogotá Holman Morris, quien integra el movimiento “Progresistas”, y es el único miembro del Concejo de la capital colombiana que representa al excandidato presidencial de la izquierda en ese país, Gustavo Petro.
Morris, periodista y escritor de larga trayectoria en el contexto colombiano, aseguró que “no es momento de atizar los odios y mucho menos de deslegitimar el proceso de paz” que alcanzó el Gobierno de Santos con las FARC después de cuatro años de negociaciones.
Según Morris, el proceso de paz ha traído “vida y esperanza” a Colombia y un “ahorro de un gran número de vidas de hombres y mujeres”, al tiempo que añadió que “no creo que la guerra se combate con más guerra”.
El concejal bogotano insistió en que “el terrorismo en el mundo de hoy no es el camino”, y clamó por una “sociedad unida” que “levante su voz para que los terroristas y los violentos entiendan que ese camino no tiene la aprobación de los que dicen defender”.
Morris fue contundente al decir que si el ELN o cualquier otro grupo guerrillero es el responsable de una acción como la ocurrida en Colombia, “es momento de crear unidad y expresar nuestro rechazo frente al terrorismo”.
“Como concejal, como bogotano, esta ciudad debe ser la capital de la paz. No es momento para mezquindades”, puntualizó.
Implicaciones
Una de las mayores implicaciones que podría tener la acción terrorista del ELN es el congelamiento del proceso de negociaciones que el Gobierno ha venido realizando con esta agrupación que lidera alias Gabino.
Algunos consultores dan por hecho que el atentado contra la escuela en la que se forman nuevos policías, en Bogotá, tuvo como propósito mostrar la “capacidad de violencia” que puede desplegar este grupo, que en otros tiempos tuvo menos de 1.000 militantes, de acuerdo con cifras oficiales.
De cualquier manera, el ataque con carro bomba vuelve a poner de relieve el tema de una eventual negociación con el ELN y en el plano de la política nacional colombiana revive la controversia por la forma como deben hacerle frente las autoridades militares y de Policía al fenómeno de la subversión.
