La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), elegida mediante un proceso fraudulento, aprobó un decreto que les permite “legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema socioeconómico, financiero, los fines del Estado y la preminencia de los derechos de los venezolanos”.
La medida también los autoriza a dictar actos parlamentarios en forma de ley. Más allá de que la presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, niegue que el decreto haya disuelto a la Asamblea Nacional (AN), ésta queda sin atribuciones, y no se trata de una muerte natural, ha sido asesinada, así quieran ahora esconder el cadáver. "No está disuelta la Asamblea Nacional. Los diputados deben seguir trabajando y respetar al poder originario. Vamos a convivir", intentó matizar la decisión en la cuenta de Twitter de la Constituyente.
Se trata del desconocimiento a más de 14 millones de venezolanos que votaron para elegir una AN, que ha recibido un tiro de gracia, luego de haber visto disminuir sus funciones contraloras y de haber sido desconocidas sus decisiones mediante decretos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y otras decisiones del Ejecutivo.
El Congreso, por su parte, se negó a reconocer la decisión. "La directiva de la Asamblea Nacional y diputados de la Unidad (alianza opositora) no reconocemos ni acatamos disolución que pretende imponer (el presidente Nicolás) Maduro a través de fraudulenta Constituyente", señaló el líder de la mayoría opositora, Julio Borges.
El líder opositor consideró que la Constituyente busca repetir así las sentencias 155 y 156 del TSJ que buscaban disolver el poder Legislativo en marzo pasado, cuando la Fiscal General, Luisa Ortega señaló que con esa sentencia se rompía el hilo constitucional.
Esos fallos del TSJ, de fines de marzo, despojaron a la Asamblea Nacional de sus atribuciones. Aunque fueron retirados parcialmente, despertaron un movimiento de rechazo y el inicio de las protestas contra el Gobierno, que entre abril y julio dejaron 123 muertos.
"El golpe de Estado perpetrado por la Constituyente es la profundización de las acciones que ejerce el régimen de Maduro contra la Asamblea Nacional y la Constitución", aseveró la Asamblea.
Asimismo, señaló que la Constituyente es "nula" y sus actos "ilegales e inconstitucionales". La elección de los miembros del órgano, en la que no participó la oposición, se dio en medio de denuncias de fraude.
Borges recalcó que la decisión de anular la Asamblea Nacional no será acatada por el foro legislativo, la comunidad internacional o el pueblo y convocó a los venezolanos a acompañar este sábado una sesión en el palacio legislativo, donde han sido invitados representantes de los cuerpos diplomáticos acreditados en el país.
Eliminado un vestigio de democracia
Luego de que se convocara la ANC sin la aprobación del pueblo y se eligieran de manera fraudulenta los constituyentes en un proceso en el que además hubo manipulación de las cifras totales de voto, tal como denunció la empresa Smartmatic (encargada de la tecnología y la implementación del voto electrónico en Venezuela), el “Decreto Constituyente” mediante el cual se dictan las Normas para garantizar el pleno funcionamiento de la Asamblea Nacional, se formalizó en Venezuela un régimen político dictatorial, de acuerdo con el abogado y experto en derecho constitucional, José Ignacio Hernández.
De acuerdo con lo que argumentó en el sitio web Prodavinci, “no solo la Asamblea Nacional Constituyente es ilegítima y fraudulenta. Con esta declaratoria de poderes “supra-constitucionales” se aparta del artículo 347 de la Constitución, pues de acuerdo con esa norma, lo único que podría hacer una Asamblea Nacional Constituyente legítimamente electa es dictar una nueva Constitución. En modo alguno esa norma faculta a la Constituyente para asumir funciones por encima de la propia Constitución”, explicaba Hernández antes de que se produjera el golpe definitivo al Parlamento.
El líder opositor y gobernador de Miranda, Henrique Capriles denunció ante la comunidad internacional, la ONU y la OEA que “la fraudulenta constituyente decidió cerrar definitivamente la legítima Asamblea Nacional”.
La dirigente opositora María Corina Machado, coordinadora de Vente Venezuela, rechazó el decreto de la “Constituyente cubana que disuelve la legítima Asamblea Nacional. Como era de esperarse”.
A su juicio, destruyeron “lo que quedaba de la República” y llamó a que a partir de este momento, los ciudadanos se pongan al mando.
La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla coincide y asegura que fue “eliminado el último vestigio de democracia en Venezuela”. En su cuenta de Twitter, llama a los gobiernos a “romper lazos diplomáticos y acentuar sanciones”. Además, agrega que el de “Venezuela ha sido el golpe de estado más anunciado de la historia. Con pausa, metódico y sin sonrojo.”
Condena a un golpe de Estado anunciado
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que Venezuela profundiza el "golpe de Estado" con la decisión de la ANC.
"La disolución fraudulenta de la Asamblea de Venezuela (AN) por la ANC es profundización del golpe de Estado en Venezuela", tuiteó el diplomático uruguayo.
"La Asamblea fue elegida por el pueblo soberano por sufragio directo. Su disolución es ilegítima e inconstitucional", agregó en otro mensaje.
Almagro, una de las voces internacionales más críticas con el Gobierno de Nicolás Maduro, aprovechó para insistir en su llamado a los países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para celebrar un Consejo Permanente extraordinario sobre la crisis venezolana en su sede de Washington.
"Hoy es más imperativo que nunca Consejo Permanente extraordinario de la OEA por crisis en Venezuela", escribió.
Diputados de Perú, Chile, Brasil, México, Canadá, Argentina y Costa Rica reafirmaron su desconocimiento a la ANC y repudiaron las acciones que tomó el régimen de Nicolás Maduro contra la disidencia.
Parlamentos de Latinoamérica rechazaron que la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) pretenda subordinar a los Poderes Públicos y además asuma las competencias de la Asamblea Nacional (AN).
"La disolución del Parlamento significa una masacre institucional", dijo al diario El Nacional Cornelia Schmidt Lierman, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso de Argentina.
