En la Sala de Apelaciones de la CPI, Venezuela admitió que no puede enjuiciar por crímenes de lesa humanidad que se investigan, dice abogado Fernando Fernández
En la Corte Penal Internacional (CPI) se realizó una audiencia inédita que dejó dos testimonios clave para la investigación a funcionarios de Venezuela por crímenes de lesa humanidad.
AP/ArchivoCARACAS.- En la Corte Penal Internacional, CPI, entre los días 7 y 8 de noviembre, la Sala de Apelaciones celebró una audiencia pública e inédita para resolver una incidencia: la apelación del Estado venezolano contra la decisión previa de los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares, de reanudar la investigación por la comisión de crímenes de lesa humanidad.
Aunque la sesión fue de naturaleza procesal y no para considerar el fondo sobre la responsabilidad de funcionarios en crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, lo cual corresponderá asumir el Fiscal ante la CPI, Karim Khan, la audiencia, la primera de su tipo en la CPI, mostró momentos clave para la investigación, afirma el abogado venezolano, Fernando Fernández, especialista en el tema del Estatuto de Roma y profesor de derechos humanos.
“El representante del Estado admitió ante los jueces, que Venezuela no tiene legislación adecuada al Estatuto de Roma y, por tanto, no tiene la capacidad para enjuiciar ni investigar esos hechos. Y eso cambia en 180 grados lo que se decía anteriormente, de que sí se estaba investigando y se hacían las cosas bien”, señaló Fernández, consultado por DIARIO LAS AMÉRICAS para comprender la importancia e impacto de la audiencia para más de 9.000 víctimas de supuestos delitos de lesa humanidad y para el Estado venezolano.
La investigación de la Fiscalía ante la CPI inició en 2018 con la finalidad de comprobar si los funcionarios policiales y militares que reprimieron duramente las protestas ciudadanas desde 2014 y que ocasionaron cientos de muertos y heridos, cometieron delitos de lesa humanidad, así como la responsabilidad de los altos representantes del régimen de Nicolás Maduro.
La instancia comenzó a actuar a partir de denuncias de víctimas que buscan tener justicia en la instancia internacional porque los hechos no son investigados en su dimensión por el Estado venezolano que además ha retrasa la investigación con incidencias.
En la audiencia, las partes argumentaron ante los tres jueces sus posiciones sobre si la CPI debe continuar investigando los crímenes cometidos por represión y torturas, desde la brutal represión en manifestaciones en 2014.
Participaron por el Estado venezolano: el canciller Yván Eduardo Gil Pinto, designado en enero de 2023, luego de ser el encargado de negocios de Venezuela ante la Unión Europea; el jurista español Aitor Martínez Jiménez, profesor de la Universidad Nebrija, y el abogado británico Ben Emmerson.
Las víctimas, unas 2.000 de las casi 9.000 registradas, estuvieron representadas por la abogada Paolina Massidda, representante de la Oficina de Defensa Pública de las Víctimas de la CPI.
Fernández, en su balance, consideró que la audiencia celebrada por la Sala de Apelaciones tiene “varios grados de importancia por la forma, la oportunidad en que se hizo y por el fondo del tema a discutir”.
“Además de ser la primera vez en la CPI que se hace una audiencia pública de apelación, en inglés y español, con posibilidades de que la escuche el mundo entero en las redes, también es importante porque a una pregunta de la juez Socorro Flores Liera, el representante del Estado, Martínez Jiménez, admitió en audiencia que Venezuela no tiene un procedimiento para crímenes como genocidio, como de lesa humanidad, de guerra; en otras palabras, estamos en cero, lo que es un elemento indispensable para determinar si un Estado tiene la capacidad para enjuiciar e investigar esos hechos, conforme al Estatuto de Roma “, puntualizó el abogado.
A ese testimonio, “técnicamente irreprochable y que implicó una especie de confesión o admisión de la incapacidad del Estado para investigar los hechos, según los estándares, Fernández añadió que “el canciller, jefe del equipo del Estado, afirmó que en Venezuela no se habían cometido crímenes de lesa humanidad, y eso implica admitir que no se están investigando los hechos ni las personas ni las conductas que interesa a la CPI”.
Y el especialista prosiguió: “Eso quiere decir, que en el fondo no se ha investigado, no se está investigando y no se investigará nada. Eso da la razón nuevamente al Fiscal ante la CPI que dice que en el fondo lo que se hace en Venezuela nada tiene que ver con la justicia penal internacional; y también respalda la posición de las víctimas que han manifestado eso”.
Fernández explica que, concluida la audiencia, toca a la Sala determinar si confirma o no lo que decidió inicialmente la Sala de Cuestiones Preliminares y la apelación del Estado venezolano. Y no hay plazo para ello.
”Desde que cesó la audiencia, en semanas de este años que esperemos sean cortas y hasta enero, puede haber decisión. El punto controvertido es muy sencillo y las dos pruebas obtenidas en la propia audiencia contribuyen al argumento de la Fiscalía de la CPI de manera contundente”.
El abogado explica que la decisión definitiva sería si se confirma o se niega la decisión. “Si se confirma, se mantiene el hecho de que la la Fiscalía de la CPI debe investigar , y si se niega se entrega la jurisdicción completa al Estado venezolano. Esas son las únicas dos opciones posibles”. Y deja un mensaje necesario para las víctimas: "paciencia y resiliencia, hay que mantenerse en la carrera, no se sabe cuan larga es, pero se debe llegar".
FUENTE: Enrevista al abogado Fernando Fernández, especialista en Estatuto de Roma y derechos humanos
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