Exigen cese de "torturas" a presos políticos y que se revisen más de 100 casos

Andreina Baduel, miembro de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, denunció que ese despacho ha sido "cómplice" de las torturas a través del grupo SESMA, una unidad de seguridad adscrita a la DGCIM que opera dentro del sistema penitenciario.

"Semanalmente vienen (al Ministerio para el Servicio Penitenciario) los familiares a denunciar que pare el trato cruel hacia los presos políticos y no les ha dado la gana de hacer las cosas distintas", señaló Baduel. "Semanalmente vienen (al Ministerio para el Servicio Penitenciario) los familiares a denunciar que pare el trato cruel hacia los presos políticos y no les ha dado la gana de hacer las cosas distintas", señaló Baduel.

Además, dijo que los familiares de los presos políticos también son víctimas de torturas y malos tratos porque son encapuchados desde el momento en que entran a la cárcel hasta el lugar donde pueden visitar a sus parientes, a través de "un vidrio y un teléfono".

La activista denunció que su hermano Josnar Baduel, recluido en la cárcel de Rodeo I, en el estado Miranda (norte), se encuentra en "riesgo inminente de muerte" por las condiciones de "horror" a las que ha sido sometido y "por haber sido torturado en el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia)".

Mayra Morales aseguró que su hermano, Carlos Fonseca, presenta signos de desnutrición pese a que los funcionarios del Fuerte Guaicaipuro (estado Miranda) donde se encuentra detenido, le indicaron que recibe alimentación.

"Lo conseguimos desnutridos, los dientes se les están cayendo a los muchachos, los muchachos no están bien de salud", insistió.

Fonseca es acusado, junto a otras 32 personas, de participar en una fallida incursión marítima -conocida como 'Operación Gedeón'- en Venezuela en 2020, cuando, según el régimen chavista, la oposición intentó una invasión militar.

La Ley de Amnistía, promulgada en febrero, contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 "hechos" ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como casos relacionados con operaciones militares.

Hasta el pasado jueves, el Parlamento cifraba en 7.727 las libertades plenas concedidas en el marco de este proceso: 7.474 personas tenían libertad restringida con medidas cautelares, mientras que los otros 253 estaban encarcelados.

Revisar casos de excluidos de la amnistía

Una decena de familiares y activistas de la ONG Surgentes exigieron este jueves que el Parlamento de Venezuela revise los casos de detenidos acusados con cargos de terrorismo, que consideran "falsos positivos", y que han sido excluidos de la Ley de Amnistía aprobada hace un mes.

El activista Oglis Ramos indicó que pidieron a la comisión parlamentaria de seguimiento de la amnistía la revisión de más de cien casos excluidos de esta norma, que en su artículo 9 excluye los delitos de narcotráfico, lesa humanidad, homicidio intencional, corrupción y a procesados por acciones armadas.

"Exigimos a las comisiones que revisen los casos y que devuelvan a cada uno de sus familiares a las casas", expresó.

Ramos, quien estuvo detenido y fue excarcelado a finales de febrero, señaló que tienen registrados alrededor de 140 casos de personas acusadas por supuestas vinculaciones con los llamados grupos "tancol", acrónimo creado por el Gobierno de Venezuela para referirse a "terroristas armados narcotraficantes colombianos".

Los acusados, detalló Ramos, fueron detenidos en estados fronterizos con Colombia, como Táchira, Apure y Zulia -todos en el oeste del país-, pero la mayoría se encuentran recluidos en cárceles como Yare II y III y Rodeo I, II y III, todas ubicadas en el norte del país.

También, denunció retardos procesales y que varios llevan años encarcelados "sin juicio" y con acusaciones "amarañadas" porque "no hay nada en los expedientes".

Miguel Ángel Pérez, padre de uno de estos detenidos, aseguró que son inocentes, pero tienen acusaciones relacionadas con terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento para actividades armadas.

Según dijo, han acudido a distintos organismos del Estado para gestionar su amnistía, pero no han recibido respuesta.

"Venimos muchos haciendo sacrificios. No tenemos cómo pagar abogado y por eso no nos toman en cuenta. Simplemente nosotros vamos al abogado que el Gobierno les asigna (...). Las audiencias (de juicio) se las aplazan", agregó. "Venimos muchos haciendo sacrificios. No tenemos cómo pagar abogado y por eso no nos toman en cuenta. Simplemente nosotros vamos al abogado que el Gobierno les asigna (...). Las audiencias (de juicio) se las aplazan", agregó.

Delvis Alarcón pidió la liberación de su sobrino, Jhoneider Piñeres, ciudadano colombiano detenido en Apure en 2022.

Relató que presentaron su caso ante las autoridades en Cúcuta, Colombia, para pedir apoyo institucional de ese Gobierno, pero no han recibido respuestas.

Este jueves se cumple un mes de la promulgación de la amnistía, en medio de denuncias por rechazos de la medida a periodistas, activistas políticos y sindicalistas.

FUENTE: Con información de EFE