MADRID.- La fiscal general de Perú, Zoraida Ávalos presentó este viernes en el Congreso una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por el indulto humanitario que concedió en 2017 al también antiguo jefe del Estado Alberto Fujimori, en prisión por delitos de lesa humanidad, para evitar que saliera adelante a una moción de censura contra él por corrupción.

En el documento presentado por Ávalos señala que Kuczynski habría cometido un delito de tráfico de influencias agravado, en calidad de instigador, y cohecho activo, en condición de autor, cuando concedió el 24 de diciembre de 2017 un indulto humanitario a Fujimori, como parte de un acuerdo bajo mesa con el menor de los hijos del presidente, Kenji Fujimori, quien paralizó la moción de censura.

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Menos de un año después, la Justicia peruana anuló el indulto a Fujimori y ordenó que ingresara nuevamente en la cárcel para cumplir los 25 años de prisión a los que fue sentenciado por delitos contra los Derechos Humanos, en relación a las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.

Además, de Kuczynski, Ávalos también presentó una denuncia contra Kenji Fujimori por tráfico de influencias y corrupción, así como contra los por entonces ministros de Justicia, Enrique Mendoza, y de Salud, Fernando D' Alessio, por los delitos de cohecho pasivo, en calidad de cómplices, informa la cadena RPP.

Ávalos también propuso devolver el caso a la Fiscalía Anticorrupción de Lima para que investigue la posible participación del expresidente Fujimori, así como de los miembros de la junta médica y del resto de funcionarios de la penitenciaria en la que se encuentra recluido.

Kuczynski, quien actualmente cumple una condena de 30 años bajo arresto domiciliario por delitos de corrupción, alegó razones humanitarias para aprobar el indulto a Fujimori debido al cáncer que éste padecía.

Según reseña el diario El Comercio, de Perú, la fiscalía pide otras restricciones: la obligación de no comunicarse con imputados ni testigos del presente caso y la prohibición de ausentarse de la localidad de residencia, sin previa autorización judicial.

FUENTE: Con información de Europa Press

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