El expresidente de Bolivia Evo Morales.
AP/Natacha Pisarenko, archivoLA PAZ — La organización internacional Human Rights Watch (HRW) calificó de "infundada" y "política", según su juicio, la acusación de terrorismo contra el expresidente Evo Morales y pidió que se retiren los cargos en su contra, declaración que fue rechazada tajantemente por el gobierno boliviano.
En un informe sobre los derechos humanos en Bolivia, HRW señaló al gobierno interino de Jeanine Áñez de "manipular" a la justicia como lo hizo Morales en sus casi 14 años en el poder.
Áñez “tuvo la oportunidad de romper con el pasado y asegurar la independencia judicial... pero su gobierno ha presionado de forma pública a fiscales y jueces para que actúen de manera favorable a sus objetivos”, dice el informe que leyó José Miguel Vivanco, jefe de la División de las Américas de HRW desde Washington en una teleconferencia el viernes.
“Rechazamos categóricamente una supuesta persecución usando a la justicia contra Evo Morales. Todo el sistema judicial esta cooptado por (jueces y fiscales elegidos por) el Movimiento al Socialismo (MAS) el partido de Evo Morales. Es un contrasentido decir que el actual gobierno ejerce control de la justicia”, dijo el ministro de la Presidencia de Bolivia, Yerko Núñez, en respuesta a HRW.
Morales renunció el noviembre del año pasado en medio de violentas protestas que dejaron 36 muertos tras unas elecciones denunciadas como fraudulentas por la población, irregularidades que fueron confirmadas por expertos electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Las denuncias
Después de su salida del país, el gobierno de Áñez le inició varios procesos por terrorismo, fraude electoral, delitos de lesa humanidad y estupro, entre otros. El político, de 60 años, vive refugiado en Argentina con una de sus presuntas víctimas menor que él más de 40 años, según las investigaciones de las autoridades.
“Pedimos que se retiren los cargos de terrorismo porque en el expediente no hay evidencia de que Morales cometió actos terroristas”, dijo a su vez César Muñoz, autor del informe.
El Ministerio de Gobierno presentó la acusación a partir de una conversación telefónica atribuida a Morales en la que éste instruye a uno de sus partidarios, actualmente preso, cercar ciudades para que no pasen alimentos durante la convulsión de noviembre.
“La Fiscalía está en su derecho de investigar, pero esa declaración no es un acto terrorista”, dijo Muñoz. “Morales es víctima del debilitamiento judicial que él mismo propició”, justificó.
La Fiscalía acumula evidencias y no presentó hasta ahora una acusación formal. El Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, también había dicho que algunos jueces y fiscales siguen al servicio de Morales.
“La falta de independencia judicial es de larga data en Bolivia”, según Vivanco, lo que ha evitado una investigación imparcial de las muertes de partidarios y opositores de Morales durante las protestas del año pasado que sumieron al país en una crisis de la que los bolivianos intentarán salir en las elecciones del 18 de octubre. Aunque Evo Morales abandonó el poder, las estructuras del Gobierno en el área judicial y legislativa permanecen iguales.
Morales no es candidato pero su partido el Movimiento al Socialismo (MAS) esta empatado en las encuestas con el expresidente Carlos Mesa de la alianza centrista Comunidad Ciudadana (CC). En tercer lugar se ubica Áñez al frente de la coalición conservadora Juntos.
FUENTE: Con información de AP
Descarga LA APP