CARACAS.- La consulta popular aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela plantea no solo retos logísticos en su organización, sino dudas sobre el impacto que puede tener su realización, especialmente en la comunidad internacional.

La consulta popular es la respuesta del Parlamento y del gobierno interino liderado por Juan Guaidó a la realización de las elecciones parlamentarias instrumentadas por el régimen de Nicolás Maduro y que tendrían lugar en diciembre. No obstante, la consulta también persigue dotar de legalidad y legitimidad a la decisión de mantener al Parlamento (electo en 2015) y a Guaidó como presidente interino más allá del límite constitucional del 5 de enero de 2021, momento establecido en la Carta Magna de Venezuela para instalar una nueva Asamblea Nacional.

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Las preguntas que se realizarán en la consulta popular (aún no existe fecha concreta, pero se prevé realizarla antes del 6 de diciembre) son las siguientes:

1. ¿Apoya usted todos los mecanismos de presión nacional e internacional para que en el marco de la Constitución se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables, se ponga fin al régimen usurpador de Nicolás Maduro Moros, se salvaguarde al pueblo de Venezuela de la crisis humanitaria, la migración forzosa y los crímenes de lesa humanidad y así se garanticen la paz, el bienestar y el progreso de los venezolanos?

2. ¿Rechaza usted el evento convocado por la dictadura de Nicolás Maduro Moros para el 6D, o para cualquier otra fecha, mientras no existan condiciones para elecciones libres, justas y verificables y solicita a la comunidad internacional el desconocimiento de sus resultados?

Eglée González Lobato, exconsultora jurídica del Consejo Nacional Electoral, sostiene que las preguntas son complejas y la redacción encierra además varias interrogantes en una sola. En el caso de la primera pregunta de la consulta, González Lobato sostiene que al menos existen dos enunciados básicos:

  • 1) Aplicar todos los mecanismos de presión nacional e internacional para el cese de la usurpación de Nicolás Maduro
  • 2) Realizar elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables.

En el caso de la segunda interrogante también se desprenden dos enunciados:

  • 1)Rechazar nacionalmente la convocatoria para el 6 de diciembre de manera indefinida mientras no existan condiciones para elecciones libres, justas y verificables.
  • 2) Solicitar a la comunidad internacional el desconocimiento de los resultados de la elección del 6 de diciembre.

Según González Lobato, quien dirige la Cátedra Libre Democracia y Elecciones y el Proyecto Entendimiento de la Universidad Central de Venezuela “estas sucesivas interrogantes permiten apreciar que, a través de la consulta popular, la Asamblea Nacional mantiene y reitera la vigencia de sus tres pilares o mantra, tal como lo contempló –por primera vez- en los Acuerdos del 15 de enero y del 19 de febrero de 2019 en la llamada “Ruta hacia elecciones libres”.

Para la exconsultora jurídica del CNE “en esta ocasión tal ruta sufre algunas variantes, toda vez que se precisa que el cese de la usurpación sería mediante mecanismos de presión nacional o internacionales (pregunta número 1); las elecciones presidenciales y parlamentarias no se realizarán hasta tanto se verifiquen las condiciones de ser libres, justas y verificables. (pregunta número 2) y el gobierno de transición aún cuando no se somete a la consulta, se contempla en el numeral tercero del Acuerdo cuando se exhorta a la ONU, OEA, UE y a la Comunidad Internacional para continuar respaldando a la actual AN y a su presidente Juan Guaidó, como expresión de la voluntad popular” de las elecciones parlamentarias celebradas en el año 2015. ç

Dudas e incertidumbre

Para González Lobato el análisis de las preguntas “genera preocupación, dudas e incertidumbre, porque más allá de las imprecisiones sobre los aspectos técnicos y logísticos de la consulta, cabría reflexionar si la Asamblea Nacional no se estaría excediendo de sus competencias y de ser así, si no estaría corriendo el riesgo de perder o debilitar los apoyos internacionales, lejos de mantenerlos”.

La ex consultora jurídica del CNE y ex directora de la escuela de derecho de la Universidad Central de Venezuela recuerda que entre los factores que impulsaron “la masiva movilización lograda para la consulta popular del 16 de junio de 2017 está el rechazo de siete de cada diez venezolanos a la convocatoria de elecciones para una inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente y la fortaleza de la unidad de los factores que se oponen al gobierno de Nicolás Maduro”.

Sin embargo, recuerda que actualmente, “el momento histórico es otro y las parlamentarias no son inconstitucionales aun cuando lo sean las bases normativas para su elección y la unidad de la oposición resulta resquebrajada y debilitada”

González Lobato también explica que se debe considerar que convocar “una consulta popular para que se implementen mecanismos internacionales como es el Principio de la Responsabilidad de Proteger (R2P) es un factor que divide a los venezolanos, tal como se pudo observar ante las reacciones que ocasionó la intervención de Juan Guaidó en la Asamblea General de la ONU Nro. 75, cuando dirigiéndose al Secretario Antonio Guterres solicitó movilizar la voluntad política de los Estados miembros para restaurar la soberanía en Venezuela y poder proteger al pueblo civil de las atrocidades de un régimen criminal”.

Por último, recuerda que las lecciones aprendidas de la consulta popular del 16 de julio de 2017 “arrojan que un evento de la naturaleza jurídica de la consulta popular aprobada por la Asamblea Nacional, debe contar con la participación de la mayoría de los venezolanos para su legitimidad e implementación, de lo contrario podría ser evaluado como un evento entre determinados sectores de la sociedad cuyo resultado se limitará a tener un efecto simbólico y no un mandato real de la manifestación de la voluntad popular con carácter vinculante”.

Estrategia para sustituir la validación electoral

Para el director de la firma Datanálisis, Luis Vicente León, la consulta popular es una estrategia marcada desde el gobierno interino que en su opinión, induce al país y a la comunidad internacional a respaldar y aceptar el concepto de la continuidad administrativa de la actual Asamblea Nacional. “La consulta popular funciona como sustituto imperfecto de la validación electoral”.

Por otra parte, León recuerda que esta consulta tiene que estar organizada por un árbitro que tenga credibilidad, porque si no puede surgir una situación similar a la que se experimenta con el Consejo Nacional Electoral (CNE) y las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre

3 de cada 10 muy de acuerdo

Según el más reciente estudio de la firma Delphos solo 36% de los ciudadanos dicen estar “muy de acuerdo” con la celebración de la consulta popular, mientras 25,5% dice estar “algo de acuerdo”. Si el aval al referendo se analiza por autodefinición política destaca que mientras seis de cada 10 opositores están “muy de acuerdo” con la realización de la consulta, el aval cae hasta tres de cada 10 independientes. En el caso de quienes se dicen chavistas y avalan la gestión de Nicolás Maduro, apenas uno de cada 10 cree que es conveniente realizar el referendo que fue aprobado por la AN. Este estudio de Delphos se realizó entre 8 y 13 de agosto de 2020, consistió en 650 entrevistas en hogares. Los resultados tienen un error muestra para la mayoría de las estimaciones de frecuencia simple de +/- 2%.

@Puzkas

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