WASHINGTON.- Agentes de las fuerzas de seguridad venezolanas han cometido abusos aberrantes contra la población local durante un supuesto operativo de varias semanas contra grupos armados en la frontera con Colombia, señaló hoy Human Rights Watch.

Distintas fuerzas de seguridad venezolanas iniciaron la ofensiva en el estado Apure el 21 de marzo de 2021 con el supuesto propósito de combatir a grupos armados que operan en Venezuela. El operativo derivó en la ejecución de al menos cuatro campesinos, detenciones arbitrarias, el procesamiento de civiles ante tribunales militares, y torturas contra residentes acusados de colaborar con grupos armados. Estos casos siguen un patrón similar al de los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad del régimen que han originado investigaciones internacionales sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

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“Las atrocidades cometidas contra residentes de Apure no son incidentes aislados por agentes insubordinados, sino que son consistentes con los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad de Maduro”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

“Las investigaciones internacionales de estos crímenes son fundamentales ante el volumen creciente de evidencias que implican a los agentes que han cometido abusos, así como a los comandantes y altos funcionarios que sabían o deberían haber sabido lo que ocurría durante estos operativos”, agregó.

Entre marzo y abril, Human Rights Watch entrevistó a 68 personas en forma presencial en el departamento de Arauca y por teléfono. Entre ellas se incluyen 38 personas que habían huido de Apure, así como abogados, peritos forenses, líderes comunitarios, periodistas, autoridades colombianas locales y representantes de organizaciones humanitarias y de derechos humanos. La mayoría de los testigos de abusos temían sufrir represalias en Venezuela y hablaron bajo la condición de que no se divulgaran sus nombres ni otros datos que permitieran identificarlos.

Human Rights Watch también examinó información proveniente de autoridades colombianas y venezolanas y otras pruebas, así como fotos, videos y grabaciones de audio de ataques, de saqueos y de personas cruzando el río hacia Colombia. La Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo de Venezuela no respondieron a los pedidos de información realizados por Human Rights Watch.

Los venezolanos desplazados manifestaron que huyeron debido a los frecuentes ataques aéreos y supuestos combates entre las fuerzas de seguridad venezolanas y los grupos armados, así como también por los aberrantes abusos perpetrados por las fuerzas de seguridad venezolanas.

Las fuerzas de seguridad que ellos identificaron como responsables de los abusos incluyen a la FANB, a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS).

Los entrevistados manifestaron que soldados y agentes de las fuerzas de seguridad irrumpieron en viviendas de familias de la localidad de La Victoria y en las zonas rurales de El Ripial, Los Arenales, La Capilla y La Osa. Testigos indicaron que los agentes no mostraron una orden de allanamiento. Los residentes, en su mayoría campesinos, fueron sacados por la fuerza de sus hogares sin órdenes judiciales para detenerlos. Los agentes ordenaron a los detenidos cubrirse la cabeza con sus camisetas y los golpearon, los arrojaron al suelo y amenazaron con matarlos.

El 25 de marzo, las FAES se llevaron a cuatro miembros de una familia de su vivienda en La Victoria, según contó un familiar. Sus cuerpos fueron encontrados a un kilómetro y medio, en El Ripial, con cortes, heridas de bala y presuntas luxaciones óseas. Peritos forenses concluyeron que las fotografías de los cuerpos sugieren que habrían sido movidos y que las armas de fuego y granadas que se ven junto a sus manos pudieron haber sido sembradas.

Las fuerzas de seguridad ingresaron por la fuerza en varias viviendas y saquearon o destruyeron efectos personales, comida y enseres del hogar, según los residentes. Algunas familias se encerraron dentro de sus viviendas por varios días y luego huyeron a Colombia. Quienes tienen doble ciudadanía –venezolana y colombiana– temían que las fuerzas de seguridad venezolanas consideraran que eso era prueba de que tenían nexos con los grupos armados.

Régimen da su versión

Mientras HRW hacía estos delicados señalamientos, el régimen de Nicolás Maduro aseguraba que un grupo importantes de militares habían caído en combato contras las guerrillas en Colombia. Lo que levanta sospecha porque en ninguno de los reportes se habla de cifras concretas de fallecidos, ni se da el nombre de las víctimas. Además no hacen referencias a la muerte de civiles, acusados por el régimen de apoyar a las guerrillas.

En las últimas 72 horas “se vienen desarrollando cruentos combates con los grupos irregulares armados colombianos, específicamente en sectores despoblados al oeste de La Victoria, municipio Páez del estado Apure”, limítrofe con Colombia, indicó en un comunicado el ministro de Defensa del régimen, Vladimir Padrino López.

En los enfrentamientos se registró “un importante número de bajas” en los grupos irregulares colombianos y fueron “capturados varios sujetos que están aportando valiosa información de cara a próximas acciones”, destacó el escrito. “Lamentablemente también fallecieron algunos de nuestros efectivos cuyos cuerpos están siendo identificados” y otros resultaron heridos. Estos últimos reciben atención médica en la red sanitaria militar y civil, agregó el jefe castrense, sin dar otros detalles.

Ninguna de las informaciones anteriores tienen datos concretos de quiénes son los detenidos o quiénes son las víctimas.

FUENTE: Nota de Prensa/Human Right Watch

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