El 26OCT20 se produjo la primera advertencia concreta de acción militar de EEUU sobre Venezuela.

El representante especial del Departamento de Estado para Venezuela e Irán Elliott Abrams afirmó que "la transferencia de misiles de largo alcance de Irán a Venezuela no es aceptable para EEUU y no será tolerada ni permitida". Abrams. En sus declaraciones para Fox News, Abrams se refería a la posibilidad de que Irán suministre misiles de largo alcance a su aliado el régimen chavista, hipótesis que ha ganado fuerza ante los anuncios iraníes de reiniciar abiertamente sus ventas de material bélico. "Haremos todo lo posible para detener los envíos de misiles de largo alcance, y si de alguna manera llegan a Venezuela serán eliminados allí" dijo Abrams.

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Las votaciones legislativas convocadas por el régimen chavista para el 06DIC20 no serán reconocidas por la mayoría de los países del Continente.

En la Asamblea Anual de la OEA, celebrada vía Internet el 20-21OCT20, fue considerada una resolución que condiciona el reconocimiento de cualquier elección que pudiera celebrarse en Venezuela. La resolución, aprobada por 20 de lo 34 miembros de la organización, con sólo cuatro votos en contra, establece que “el reconocimiento de las elecciones a la Asamblea Nacional de Venezuela dependerá del establecimiento de las condiciones necesarias de libertad, justicia, imparcialidad y transparencia, garantizando la participación de todos los actores políticos y de la ciudadanía, la liberación de los presos políticos, con plazos razonables para su celebración y que cuenten con observación electoral internacional independiente y creíble”. El título de documento, “La carencia de condiciones democráticas mínimas, para garantizar elecciones libres, justas y transparentes en la República Bolivariana de Venezuela” concreta la valoración que la OEA hace sobre el proceso convocado por el chavismo en su intento de renovar la Asamblea Nacional.

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La resolución de la OEA sobre Venezuela del 21OCT20 sumó los votos de Bahamas, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, EEUU, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucia, Uruguay y de la representación de Venezuela. Sólo votaron en contra los enviados de Dominica, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y, Antigua y Barbuda. Se abstuvieron los restantes miembros: Argentina, Barbados, Belice, Granada, Guyana, México, Saint Kitts y Nevis, Surinam y, Trinidad y Tobago.

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En medio de un cambio de jefes de misiones diplomáticas que involucran a Cuba y Venezuela entre otras, el gobierno español de Pedro Sánchez ha optado por bajar el rango a su representación diplomática en Caracas.

Ya desde el mes de septiembre pasado se conocía sobre el fin de las gestiones en Caracas del embajador Jesús Silva Fernández quien fue designado Embajador en 2017 por el gobierno de Mariano Rajoy. Silva, quien es blanco de usuales ataques por el régimen chavista e incluso fue expulsado de Venezuela en 2018, ahora regresa a cumplir funciones en el ministerio de Exteriores en Madrid. En su reemplazo ya había sido anunciado el embajador que encabezaba la misión diplomática española en La Habana desde 2018. En medios diplomáticos había circulado la versión según la cual España no solicitaría al gobierno de Nicolás Maduro el debido placet para Fernández Trigo. Esa decisión fue confirmada el 29OCT20 por la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica Cristina Gallach.

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El embajador Juan Fernández Trigo asumirá la jefatura de la Embajada de España en Venezuela en condición de “Encargado de Negocios permanente” (e.p.) y no como Embajador. La decisión en términos políticos significa un desaire a Maduro por cuanto la designación de Fernández sólo será un trámite administrativo entre cancillerías y no un acto que involucra a la jefatura del Estado. En términos diplomáticos, España se suma a varios países europeos y latinoamericanos que han optado por mantener abiertas sus misiones en Venezuela pero con un nivel inferior al de Embajador como señal de un estado de “anormalidad” en las relaciones. España no reconoce el proceso electoral del año 2018 en Venezuela por lo que desconoce la legitimidad del gobierno de Maduro y no reconocerá las votaciones legislativas convocadas para el 06DIC20.

El cambio de jefatura en la misión española en Caracas coincide con la decisión del líder opositor Leopoldo López de abandonar clandestinamente la sede de la Embajada española donde permanecía refugiado desde el 2019. Sistemáticamente el régimen chavista se ha negado a otorgar salvoconductos para facilitar la salida del país a los perseguidos políticos que logran obtener la protección de misiones diplomáticas extranjeras. López arribó a Madrid el 25OCT20 recibiendo la protección del gobierno español y fue recibido por Pedro Sánchez el 27OCT20 en la sede del PSOE.

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El 28OCT20 el gobierno español habría entregado a los representantes diplomáticos de Maduro una nota verbal de protesta. De esa manera el gobierno de España rechazaba los ataques vertidos por Maduro contra su embajador en Caracas. “El Embajador racista, colonialista y golpista, Jesús Silva, se va de Venezuela con plena garantía a su inmunidad diplomática. Es un funcionario involucrado en la planificación de la incursión marítima de la “Operación Gedeón” y en la fuga de Leopoldo López” había tuiteado Maduro previamente. Incluso a gobiernos como el español, que mantienen posiciones indulgentes con Maduro, les resulta difícil llevar relaciones “normales” con el régimen.

Aparte de los ataques verbales contra el diplomático español, el régimen chavista encendió una nueva ola represiva con desapariciones forzadas, allanamientos de viviendas y apertura de procesos judiciales contra personal del gobierno interino y especialmente contra el periodista Roland Carreño, quien es un cercano colaborador de Juan Guaidó y a quien el régimen le abrió un proceso judicial acusándolo de conspiración, financiamiento del terrorismo y tráfico de armas de guerra.

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A partir del 03NOV20, el Senado de Bolivia estará presidido por el líder cocalero Andrónico Rodríguez, delfín de Evo Morales y vicepresidente de las “Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba”. Las “seis federaciones” son presididas por Morales y representan la confluencia de la producción de coca y el control territorial que ejercen los aliados de Morales en el departamento de Cochabamba.

El 15OCT20 se realizaron elecciones generales en Bolivia con el propósito de renovar las dos cámaras de la Asamblea Legislativa y para escoger un nuevo Presidente que reemplazara a la presidenta encargada Jeanine Áñez. Tras las denuncias de fraude electoral en las elecciones del 20OCT19, Evo Morales optó por presentar su renuncia al cargo presidencial, abandonar La Paz para refugiarse en la zona cocalera del Chapare y finalmente abandonar el país rumbo a México. La salida del país de Morales y de su vicepresidente Alvaro García Linera, así como por la renuncia de la presidente del Senado y militante del MAS, Adriana Salvatierra, creó un vacío de poder que fue cubierto por la senadora Añez quien procedió a formar un gobierno interino. La renuncia de Morales ha sido presentada por la izquierda internacional como un “golpe de Estado” calificando a Añez como una “dictadora”. El parlamento permanecíó bajo control de cuadros de Morales quienes cercaron financieramente al gobierno de Añez, mientras el partido MAS adelantó cruentas protestas procurando cercar ciudades para evitar la circulación de alimentos, combustibles e incluso suministros médicos para la pandemia.

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Para las elecciones del 15OCT20, el castrochavismo internacional se volcó masivamente para garantizar su regreso al poder en Bolivia, mientras los sectores democráticos bolivianos no presentaron una oferta política ni una táctica unificada para hacer frente al gran aparato montado para favorecer a Luis Arce, el candidato de Evo Morales. El apoyo político, financiero, organizativo prestado a la candidatura de Arce se materializó en una costosa campaña propagandística, presencia de decenas de operadores políticos extranjeros los días previos a las votaciones, la implementación de un sistema computarizado con sede en Buenos Aires para el registro de los votos, apoyo financiero para la movilización de los cuadros del MAS en tareas proselitistas y de control de centros de votación, amén del control territorial que ejercen grupos cocaleros en algunas regiones del país. Según los cómputos oficiales, en algunas mesas de votaciones situadas especialmente en el departamento de Cochabamba, el candidato de Morales habría obtenido más del 90% de los votos, incluso en algunas de ellas habría sumado el 100%. Los señalamientos de fraude electoral masivo están circulando desde entones e incluso algunas organizaciones civiles especialmente del departamento de Santa Cruz, han convocados protestas en las cuales exige un pronunciamiento militar y el desconocimiento de la presidencia del MAS. Con los resultados del 15OCT20 que fueron rápidamente reconocidos por los contrincantes y, basado en un sistema de elección de parlamentarios que sobre representa a sectores rurales, el partido de Morales logró recuperar la Presidencia de Bolivia y el control de las dos cámaras legislativas.

El análisis de los resultados electorales muestra que en las grandes ciudades de Bolivia, salvo en El Alto, triunfaron los candidatos antimasistas y que el candidato del MAS logra la presidencia con los votos procedentes de la dispersa geografía boliviana controlada territorialmente por los partidarios de Morales.

Los candidatos antimasistas Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho no contaban con un aparato partidista organizado que les permitiera realizar actividad proselitista durante la campaña, ni tener supervisión adecuada de las mesas de votación. Tras la renuncia de Jeanine Áñez a su candidatura presidencial, Mesa no hizo esfuerzos de acercamiento para unir esfuerzos ante el masismo. Camacho, por su cuenta, prefirió ratificar su poderío político en el Departamento de Santa Cruz antes de propiciar una alianza amplia. Durante su campaña, Mesa realizó sólo ocho actividades de calle mientras el partido de Morales estaba en permanente movilización obviando expresamente las medidas de protección ante la pandemia.

Los seguidores de Morales se disponen a iniciar una persecución judicial contra los miembros del gobierno de transición.

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Chile decidió iniciar un proceso de cambio de su Constitución con el apoyo en las urnas de sólo el 39,6% del total de electores chilenos.

En el “Plebiscito Nacional” celebrado el 25OCT20 concurrieron a votar siete millones y medio de ciudadanos equivalente a 50,9 % del total de electores. La validez del plebiscito no dependía del porcentaje de electores participantes. Por la opción de cambiar la Constitución se pronunciaron 5.886.421 votantes lo que representa el 78,2% de los votos pero sólo el 39,6% de los electores inscritos.

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La izquierda chilena y continental, que se adjudica los resultados como una victoria propia, resaltó la “masiva” aprobación del cambio constitucional, pero las cifras señalan que sólo una minoría se pronunció a favor de la medida. La baja participación electoral chilena es una tendencia. En los procesos electorales presidenciales de 2013 y 2017, con abstenciones por encima del 50%, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera fueron electos para ejercer la Presidencia con porcentajes de votos de alrededor de 25-26% del total de potenciales electores.

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Los resultados del plebiscito conducen a las elecciones del 11ABR21 para escoger a 155 “convencionales constituyentes” quienes en un plazo máximo de un año deberán redactar un nuevo texto constitucional el cual deberá ser sometido a referendo. Existe la posibilidad teórica según la cual la actual Constitución no sea modificada en caso de que el texto redactado por la Convención Constitucional sea rechazado en las urnas.

El 23DIC19 Sebastián Piñera refrendó la ley 21200, producto de un pacto político, la cual modificó parcialmente la Constitución vigente para abrir paso al actual proceso de reforma. Las normas establecidas buscan impedir que en Chile se reproduzcan los eventos ocurridos en Venezuela, Bolivia y Chile donde las asambleas constituyentes dominadas por Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa se adjudicaron poderes supraconstitucionales llegando incluso a obligar a la disolución de los parlamentos preexistentes y al término adelantado del mandato de autoridades previamente electas. El texto de la ley chilena dice que “la Convención no podrá intervenir ni ejercer ninguna otra función o atribución de otros órganos o autoridades establecidas en esta Constitución o en las leyes”. Igualmente precisa que “mientras no entre en vigencia la Nueva Constitución esta Constitución seguirá plenamente vigente, sin que pueda la Convención negarle autoridad o modificarla. La Nueva Constitución no podrá poner término anticipado al período de las autoridades electas en votación popular, salvo que aquellas instituciones que integran sean suprimidas u objeto de una modificación sustancial”.

Ante la situación hipotética de que los constituyentitas intenten asumir la tesis aplicada en las reformas constitucionales castrochavista, la ley advierte que “le quedará prohibido a la Convención, a cualquiera de sus integrantes o a una fracción de ellos, atribuirse el ejercicio de la soberanía, asumiendo otras atribuciones que las que expresamente le reconoce esta Constitución”.

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