@jpernalete
Un litigio presentado hace más de 10 años por el exsecretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, contra un comerciante identificado como Clement Ponce, ha puesto al descubierto una acusación contra Insulza que aún no está aclarada, por parte del sistema judicial de Chile.
En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, Ponce declaró que Insulza ha ejercido la profesión de abogado de manera ilegal pues el título que lo certifica es falso.
De hecho, además de denunciar el caso ante la corte de su país, el hombre alega que la Universidad de Chile incurrió en un hecho ilícito, “por proporcionar documentación ideológicamente falsa” [falsificación de documentos].
“Yo lo acusé mientras era secretario general de la OEA [a Insulza], lo que pasa es que el Gobierno de Chile lo protege al igual que la prensa”, aseguró.
El comerciante alegó que aunque sus denuncias están entregadas al sistema judicial de su país, ningún medio de comunicación ha hecho referencia al asunto.
Entre los documentos con los que cuenta para demostrar este señalamiento, Ponce tiene en su poder los registros de estudios universitarios en los que se evidencian posibles inconsistencias entre algunas fechas contempladas en los documentos.
Además de estas contradicciones, el denunciante informó a la Corte Suprema de Chile en enero de este año, que el trabajo de tesis de Insulza, entregado en 1969, no cuenta con el informe de evaluación del profesor-tutor de la investigación.
En la demanda introducida en la Corte penal se asegura que “el único dato verdadero consignado” ante la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile es el promedio de estudios.
“La construcción falsificada de la licenciatura no cuenta con duda de que fue hecha por personas honestas, las que fueron utilizadas para tratar de salvar una grosera manipulación de la Universidad de Chile. Este documento corresponde a una creación intelectual y material para justificar el hecho de otorgarle un certificado al señor Insulza, un certificado sin tener el respaldo académico”, menciona el texto.
“Le pido a la Corte Suprema que le exija el título de abogado a Insulza […] los tribunales tienen la obligación de demostrar si estoy en lo correcto o no”, apuntó.
Sobre la ficha estudiantil del exsecretario general de la OEA, la denuncia ante el máximo tribunal de Chile refuerza que, pese a que la información personal requerida está “bastante completa”, se acota sobre una imprecisión que genera sospechas.
Al referirse al dato de identificación de alumno, Ponce asegura que el número de carnet con el que contaba Insulza era 7472, “que no es el mismo que aparece en la fotografía de la ficha estudiantil” e insiste en que esta imagen se intervino ilegalmente.
El empresario chileno afirmó que junto a su familia ha sido objeto de atentados y no duda de que guarden relación con sus denuncias.
“Insulza en Chile es el hombre más temido después de Pinochet, así lo mencionan en la prensa de mi país […] Con esta acusación no debería ser ministro ni postularse para la presidencia chilena”, aseveró.
Antecedentes
El problema legal entre Ponce e Insulza se originó en 2003, en medio de una negociación por la construcción de un complejo residencial de veraneo para mineros de Calama. En total eran 2133 viviendas, valoradas para ese momento, según Ponce, en 100 millones de dólares.
Ante el rechazo de la cotización del negociante quien intermediaba por la participación de un conglomerado de empresas canadienses, Ponce intentó postular de nuevo la oferta. En esta etapa del proceso, Insulza, quien era ministro de interior de Chile para ese momento, acusó a Ponce por el presunto forjamiento de un documento que podría favorecer a los constructores de Canadá.
Esta acusación llevó a Ponce tras las rejas por 44 días. Hasta el presente no se ha producido alguna sentencia definitiva al respecto por parte de las autoridades de la nación sudamericana, de hecho, la querella fue desestimada.
“Yo era experto en comercio exterior y a raíz de esta querella no he podido trabajar […] Acá no hay nada en mi contra pues de lo contrario estaría preso”, comentó.
Este empresario confía en el resultado de su perseverancia, pese a las amenazas que advierte en su contra. “Yo quiero que Insulza tenga los pantalones en admitir que se equivocó porque la Corte está diciendo que mi delito es inexistente”, concluyo.
Ponce estima que estas demandas podrían ser engavetadas ante la justicia de Chile
Sospechas de atentados por alto Gobierno
Además de la acusación del experto en comercio exterior de Chile contra José Miguel Insulza por presunta falsificación de un documento oficial, Clement Ponce describe como una situación de acoso dos hechos que resultan imborrables en su memoria, pues está seguro de que su vida corrió peligro, así como la de uno de sus hijos.
“En el primer Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, mi abogado, Daniel Castillo, me contactó para advertirme que yo habría sido objetivo de un atentado para provocarme la muerte”, afirmó.
DIARIO LAS AMÉRICAS contactó al jurista en Chile quien confirmó la versión. La información fue proporcionada por funcionarios de investigaciones y un exconvicto, quien sería el operador material del intento de asesinato.
“Me transmitieron la inquietud por hacer desparecer a mi cliente. En esa época Ponce se encontraba en la ciudad de Toronto y el sicario debía viajar hasta ese lugar”, dijo Castillo.
Castillo relató que un exconvicto que se encontraba en libertad condicional para ese entonces, informó que le estaban persuadiendo para viajar a Canadá y aniquilar a Clement Ponce, “por el cambio de Gobierno de Chile hacia la tendencia de derecha resultaría impracticable esa orden porque las personas interesadas eran de pensamiento contrario”, apuntó.
En otra oportunidad, el automóvil del hijo de Ponce, quien lleva el mismo nombre, recibió tres impactos de bala.
“Esos proyectiles desinflaron una llanta y al repararla encontramos las piezas de las balas […] Ese auto estaba en mi casa y lo más probable es que a mi hijo lo hayan confundido conmigo”, declaró el comerciante. Ante la falta de precisión del hecho de manera inminente no se llevó la denuncia a instancias policiales.
“No creo que actualmente deba temer por mi vida por estas denuncias que estoy haciendo y el caso ya se ha presentado ante tres cortes chilenas […] Habría que ser muy imbécil para ordenar mi asesinato, ahora mi muerte resultaría muy cara pues todas las sospechas irían en contra de Insulza y del Gobierno de Chile”, denunció.
Ponce estima que estas demandas podrían ser engavetadas pero confía en la exigencia de justicia por parte de quienes eventualmente requieran el esclarecimiento de todo.
Asegura que tampoco tiene esperanzas de celeridad en alguna decisión judicial y se atreve a afirmar que en caso de resultar alguna sentencia, esto podría ocurrir dentro de varios años.
Para extender la alerta sobre la presunta irregularidad que involucra a José Miguel Insulza en el ejercicio ilegal de funciones como abogado, Ponce suscribió cartas en la oficina de los senadores norteamericanos, Marco Rubio, Ted Cruz y Bob Menéndez.
En la cárcel
Ponce debió permanecer más de un mes tras las rejas. Los primeros siete días fue recluido en una prisión pública, “donde pensé que me querían aniquilar”.
Pero asegura que luego fue trasladado hacia la penitenciaría de Capuchino [localizada en Santiago de Chile], destinada para presos de alto perfil, luego de que las autoridades chilenas comprobaran que era ciudadano canadiense.
“Ese lugar parecía un hotel de tres estrellas, con piscina, gimnasio y cuartos para un preso […] era una prisión tipo VIP donde estaba encarcelada gente como un ministro o un alcalde”, aseveró.
Este encarcelamiento lo inhabilitó por 12 años para seguir negociando acuerdos de comercio exterior. “Yo debía tener una conducta impecable, sin ninguna acusación y menos proveniente de un ministro de interior como en mi caso […] Me pusieron a nivel de los más altos criminales para sacarme del negocio”, apuntó.
El ministro de la Corte de apelaciones de Santiago de Chile, Mario Rojas, desestimó el proceso judicial en contra de Ponce y ahora siente que cuenta con una ventana de posible ventilación de justicia.
El fondo de todo este litigio significa para el comerciante chileno un fraude nacional de 200 millones dólares, cifra que representó para el denunciante la ganancia del costo original del proyecto habitacional, desarrollado con 100 millones de dólares de inversión.
Ha pasado más de una década atravesando por un proceso legal impuesto supuestamente en el comienzo por José Manuel Insulza y hasta la fecha no ha logrado tenerlo al frente. Solo le ha enviado correspondencia, así como a otros altos funcionarios vinculados al poder en su tierra natal, de Canadá y Estados Unidos.
En la actualidad manifiesta que se encuentra endeudado con al menos 300.000 dólares, compromiso asumido hacia amigos que le apoyaron en financiar los gastos judiciales. Lamenta no poder costear todo el trámite, pues parte de esta querella fue pagada con sus ahorros por labores profesionales.
