BUENOS AIRES.- REDACCIÓN
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El empresario argentino, Juan José Levy, afronta actualmente una causa penal por presunto lavado de dinero y contrabando, luego de acumular negocios por US$ 550 millones que promovió el kirchnerismo con Venezuela y de ser un eslabón clave en la diplomacia paralela que lideró el ex ministro de Planificación del país suramericano, Julio de Vido.
Adicionalmente, según reseña el portal LA NACION, mantiene una pelea fratricida con tres de sus cuatro hermanos, que lo expuso del peor modo, al punto de que por escrito sus hermanos no descartaron el "pago de reintegros y comisiones indebidas".
Levy negó todo eso ante la Justicia, y a través de un comunicado de prensa y de sus allegados, planteó que sólo asumió los riesgos propios de comerciar con Venezuela y ganó millones, mientras se movía junto a su hermano mayor Carlos – el único con quien no se peleó - y junto a dos figuras habituales a la hora de lidiar con el país petrolero.
El primero fue José María Olazagasti, entonces secretario de De Vido, señalado como responsable de la diplomacia paralela en cables confidenciales de la Cancillería argentina. El segundo es el abogado Horacio Díaz Sieiro, con quien desarrolló negocios en Caracas, Panamá, Miami, Hong Kong y China, mientras el letrado también asesoraba a Cristóbal López y, en al menos una ocasión, a Lázaro Báez.
Levy admite que conoce a Olazagasti y a Díaz Sieiro, pero minimiza sus roles y niega que el primero de ellos, haya sido quien le abrió las puertas en Caracas.
Sin embargo, la Justicia argentina detectó, indicios de posibles delitos. El primero en alertarlo fue el veedor Francisco Cárrega, al que la jueza Paula Hualde, le asignó revisar e informarle desde marzo de 2014 qué ocurría puertas adentro de los negocios de los Levy.
Así fue como Cárrega detectó que Levy había firmado contratos con el gobierno venezolano con "sobreprecios" de hasta el 300%, para venderle productos que él no fabricaba y "sin capacidad para cumplir el contrato", que a su vez manejaba con "extrema confidencialidad" y de un modo "muy sugestivo", al punto de enumerar múltiples "sospechas de ilícitos", según surge de varios de sus informes.
Levy defendió sus precios y le respondió al veedor que Venezuela "paga tarde, mal y nunca" y que por eso se veía obligado a cubrirse.
Sin embargo, sus propios negocios con Venezuela parecen desmentirlo. El régimen bolivariano le pagó por adelantado el 60% de ese contrato. Es decir, que embolsó más de US$ 71 millones de los US$ 119,7 millones que acordó con Suvinca, un organismo venezolano, para Laboratorios Esme, que luego cobró otros US$ 10 millones. Además, acumuló millones con otras sociedades a través del fideicomiso bilateral que gestiona Nación Fideicomisos, según reconstruyó LA NACION.
Durante los últimos años, Levy logró quedarse con acciones de otras empresas familiares a las que luego hizo cobrar millones. Así, tomó el control del 40% de Grupo Núcleo -de la familia Rubio y de Maximiliano González Kunz-, que luego cobró US$ 81,4 millones; otros 101,2 millones mediante Corporación Gulfos (controlada por Frolem Corporation LC, una firma operada por Mossack Fonseca en Nevada, Estados Unidos, en la que también aparece uno de los Rubio, y otra de las islas Seychelles, Plascot Limited). ¿Total? Cerca de US$ 270 millones.
A la luz de las acusaciones entre los Levy y los informes del veedor, la jueza Hualde cortó por lo sano en pleno kirchnerismo, pero en marzo de 2015 remitió copias a la Justicia penal y alertó a la Unidad de Información Financiera (UIF), que durante el kirchnerismo lo retardó.
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