CARACAS.- Un juzgado en Argentina inició una investigación por crímenes de lesa humanidad contra funcionarios del régimen de Nicolás Maduro que actuaron en las protestas de 2014, luego de establecerse que justicia argentina es “plenamente competente para investigar, perseguir y sancionar penalmente a los perpetradores” de esos crímenes cometidos en Venezuela.
La información la suministra la organización Amnistía Internacional, luego de presentar un escrito ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No.2 de Argentina, en el cual argumenta la importancia de acogerse a la jurisdicción universal dado que “las violaciones a derechos humanos siguen en impunidad”, dijo en un comunicado.
La investigación está relacionada con la violenta represión, tortura, desapariciones forzadas y persecuciones por motivos políticos de manifestantes opositores que ocuparon las calles de Caracas y estados del país, desde el 12 de febrero y por varios meses de 2014, en protesta contra las políticas del régimen.
La denuncia que por primera vez se lleva a un juzgado fuera de Venezuela con criterios de universalidad de justicia “es un importante paso para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación para víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela”, y complementa la investigación del fiscal ante la Corte Penal Internacional, Karim Khan, dijo Amnistía Internacional.
Represión cotidiana en Venezuela
Según la organización Amnistía Internacional, la política represiva instaurada desde 2014, sigue vigente y también impune.
“ Volvemos a ver de forma cotidiana el uso de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ausencia de garantías mínimas de un juicio justo, y ataques constantes a organizaciones y personas defensoras de derechos humanos. Mientras la crisis de derechos humanos en Venezuela está en un momento álgido, no hay mejor oportunidad para ponerle freno a los perpetradores de estas violaciones y crímenes y aplicar toda la fuerza del derecho penal internacional para ofrecer justicia para las víctimas. La justicia argentina tiene la oportunidad de ser protagonistas de este esfuerzo”, señala Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
La investigación por parte de la justicia argentina se inicia en medio de una creciente persecución, detención ilegal y desaparición forzada de opositores, por parte del régimen país, entre quienes se encuentra la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel y otros presos a quienes también se les ha negado el derecho a sus defensores privados y al debido proceso, desde el 9 de febrero.
Además, Maduro expulsó el 15 de febrero pasado, al personal de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, lo que se interpreta como una negativa a cooperar con el escrutinio internacional y evadir la rendición de cuentas, a los que están obligados los Estados,
Denuncia de víctimas de 2014 en Argentina
El 14 de junio de 2023, familiares de las víctimas de las protestas durante 2014, contra el régimen de Nicolás Maduro, y Clooney Foundation for Justice presentaron una denuncia penal en el juzgado argentino, por crímenes de lesa humanidad por parte de funcionarios venezolanos. Esto, debido a la falta de independencia del sistema de justicia en ese país.
En los hechos violentos participaron no solo militares y funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado, sino también grupos armados afectos al régimen que actuaron en medio de barricadas.
El resultado de la represión desatada fue 43 fallecidos, más de 486 heridos y casi 2.000 detenidos, según cifras oficiales de la época. También se reportaron más de 30 casos de tortura.
La denuncia, sin precedentes, presentada por familiares de las víctimas se consideró un hecho ineludible para la justicia argentina. Esta “tiene la obligación de investigar estos crímenes y, de hallarse pruebas suficientes y admisibles, debe acusar y condenar a los presuntos perpetradores”, señaló AI en un comunicado, que destaca los “titánicos esfuerzos de las víctimas para obtener verdad, justicia y reparación, ante la impunidad imperante en Venezuela”.
“El sistema de justicia de Venezuela ha demostrado que no tiene voluntad ni capacidad para genuina y adecuadamente investigar, perseguir y sancionar penalmente a los perpetradores de crímenes graves de derechos humanos en su jurisdicción doméstica, menos aún a aquellos que ostentan altos cargos en las líneas de mando”, considera Amnistía Internacional, en el escrito.
Crímenes de lesa humanidad
Amnistía Internacional considera la ONU y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), “han denunciado la existencia de motivos suficientes para sostener razonablemente que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela”.
La investigación por jurisdicción universal no es nueva. Amnistía Internacional documentó que al menos 20 Estados, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el 2011, han llevado a cabo investigaciones, han iniciado juicios o han completado juicios basados en la jurisdicción universal para los crímenes más graves.
En Argentina se investigaron en 2010 los crímenes cometidos durante el régimen de Francisco Franco en España y el presunto genocidio en Myanmar.
FUENTE: Amnistía Internacional