BUENOS AIRES.- La justicia argentina realizó 27 allanamientos, principalmente en comedores populares, en respuesta a denuncias de extorsión supuestamente realizadas por los responsables de estas organizaciones. Estas acciones se producen en un contexto de creciente conflicto social y demandas por más asistencia social, así como de presión para reanudar la distribución de alimentos en estos espacios a cargo de organizaciones no gubernamentales.
La investigación busca esclarecer al menos 12 casos de extorsión en Argentina, donde se habrían ofrecido ayudas sociales a cambio de participación en manifestaciones contra el gobierno, basándose en denuncias anónimas y evidencia obtenida de escuchas telefónicas.
Según declaraciones del Ministerio de Seguridad, los fondos obtenidos de manera ilícita a través de estas extorsiones habrían sido canalizados a través de cooperativas, sin que se conozca el destino final de dicho dinero.
Por su parte, diversas organizaciones sociales afirmaron que estas denuncias buscan desacreditar y perseguir a sus líderes, la mayoría de los cuales son críticos con el gobierno actual de Argentina.
Los allanamientos, que no resultaron en arrestos, se llevaron a cabo durante la madrugada del lunes y martes en diferentes puntos de la capital argentina y sus alrededores. Se inspeccionaron tanto viviendas particulares como sedes de partidos políticos, incluyendo el local central del Partido Obrero, de orientación izquierdista.
Auditoria a los comedores
Desde que asumió el cargo el 10 de diciembre, el gobierno de Javier Milei suspendió la entrega de alimentos en miles de comedores, mientras lleva a cabo una auditoría sobre el destino de los recursos destinados a estos fines.
El Ministerio de Capital Humano, encargado de la asistencia social, denunció que la mitad de los comedores no pudieron ser auditados debido a que no están registrados o no funcionan como tales.
"Los planes contra la pobreza generan más pobreza", declaró el portavoz presidencial, Manuel Adorni, citando a Milei.
Argentina se encuentra inmersa en una profunda crisis económica, caracterizada por el colapso de la actividad industrial, miles de despidos tanto en el sector público como privado, una disminución del consumo y una inflación anual que roza el 300%. La mitad de su población, compuesta por 47 millones de personas, vive en situación de pobreza.
Las protestas y manifestaciones son una constante por parte de sindicatos, estudiantes universitarios, empresarios de pequeñas y medianas empresas, jubilados y otros sectores que se dicen afectados por las políticas de ajuste implementadas por el gobierno de Milei.
FUENTE: Con información de AFP