LIMA — La defensa de la poderosa líder opositora peruana Keiko Fujimori buscará el miércoles ante el Tribunal Constitucional liberarla de la prisión preventiva mientras es investigada por presunto lavado de dinero de la compañía brasileña Odebrecht.

En su última carta de defensa judicial, siete miembros del más alto tribunal peruano en materia constitucional analizarán un pedido que busca su libertad y donde se afirma que se vulneraron los derechos fundamentales de Keiko Fujimori al ser enviada a prisión sin tener una sentencia firme. Fujimori, de 44 años, lidera el partido conservador que dirige el parlamento opositor y que está en abierta confrontación con el Ejecutivo desde 2016.

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El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, dijo en conferencia de prensa que se necesitarán cuatro votos del total de siete, “de uno u otro sentido”, para mantener en prisión o liberar a Keiko Fujimori. La Corte Suprema determinó recientemente que saldrá libre el 30 de abril de 2020. Keiko Fujimori fue enviada a prisión el último día de octubre de 2018, en un caso que sorprendió a muchos peruanos debido a que era considerada la mujer más poderosa del país.

La fiscalía investiga a la opositora por el presunto lavado de dinero recibido de Odebrecht para ser usado en sus campañas presidenciales de 2011 y 2016, en las cuáles fue derrotada. El Tribunal Constitucional ya ha liberado en el pasado a otros presos de alto rango investigados por el caso Odebrecht. El antecedente más cercano es el del expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa, quienes estuvieron presos nueve meses y lograron su libertad en 2018.

Keiko Fujimori no asistirá a la audiencia por problemas en su salud, dijo su abogada Giulliana Loza. El último viernes retornó a una prisión de mujeres de Lima tras pasar casi cinco días en una clínica por problemas de hipertensión.

Unos 30 simpatizantes de Keiko Fujimori exigían a gritos su libertad frente a la sede del Tribunal Constitucional en el centro de Lima. Llevaban carteles donde se mostraban las fotos de Keiko Fujimori y de su padre, el también encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado a 25 años de cárcel por corrupción y por su responsabilidad en el asesinato de 25 peruanos entre 1991 y 1992.

José Domingo Pérez, el fiscal del caso Odebrecht, afirmó a la televisora local N que Keiko Fujimori obstaculiza las investigaciones y busca “que no se averigüe la verdad”. Añadió que los argumentos jurídicos por los que ella está presa han sido ratificados por un juez de primera instancia, tres de segunda instancia y seis magistrados de la Corte Suprema.

Las consecuencias de las investigaciones sobre la constructora Odebrecht y sus nexos con la política local han provocado medidas judiciales inéditas en contra de políticos peruanos que tiempo atrás eran casi intocables.

Además de Humala, el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) está detenido en una cárcel de Estados Unidos mientras afronta un pedido de extradición de Perú y el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) está recluido en su mansión bajo un régimen de prisión domiciliaria. Otro expresidente, Alan García (2006-2011), se suicidó de un balazo en la cabeza en su dormitorio para evitar ser detenido por la policía.

FUENTE: AP

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