Mientras Maduro pide a Trump que “no se deje engañar por fakes news”, abundan denuncias sólidas que desmontan su carta línea por línea
El gobernante Nicolás Maduro celebra los resultados del simulacro electoral del 25 de mayo
AFPMIAMI — Con el permiso del señor presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde DIARIO LAS AMÉRICAS responderemos a las objeciones expresadas por el dictador Nicolás Maduro en la carta enviada a la Casa Blanca, donde califica de fake news todo lo que se publica acerca de la realidad que se vive en Venezuela, tras 26 años de chavismo.
El pasado 6 de septiembre, Maduro se sentó a escribirle al presidente Donald J. Trump. Entre citas al Libertador Simón Bolívar, frases grandilocuentes sobre “la cuna de libertadores” y promesas de paz, Maduro negó cualquier vínculo con el narcotráfico, aseguró que su país es un “territorio libre de drogas” y hasta presumió haber destruido más de 400 aeronaves usadas por carteles internacionales.
En la misiva, que fue rechaza este lunes por Washington, el dictador socialista expuso todo un discurso de superhéroe latinoamericano que, de no ser porque contrasta con la evidencia, podría pasar como la propaganda oficial que intenta vender en sus cadenas de televisión a millones de venezolanos víctimas de la censura que impera en Venezuela.
Lo cierto es que mientras Maduro pide a Trump que “no se deje engañar por fakes news”, abundan denuncias sólidas que desmontan su carta línea por línea. A continuación, desde DIARIO LAS AMÉRICAS repasaremos 20 hechos documentados que pintan un cuadro muy distinto de la “Venezuela modelo” que el dictador venezolano intenta vender.
En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de EEUU acusó a Maduro y a 14 de sus colaboradores de liderar el llamado Cartel de los Soles —declarada en 2025 organización terrorista por la administración Trump—, con la misión de “inundar Estados Unidos de cocaína”.
De acuerdo con autoridades estadounidense, desde al menos 1999, Nicolás Maduro, el número dos del chavsmo y actual ministro del Interior, Diosdado Cabello; el exjefe de inteligencia militar de Venezuela, Hugo Carvajal; y el exgeneral chavista Clíver Alcalá presuntamente han actuado como líderes y administradores del Cartel de los Soles.
“Hoy anunciamos cargos penales contra Nicolás Maduro Moros por haber dirigido, junto con sus principales lugartenientes, una alianza narcoterrorista con las FARC durante los últimos 20 años (...) El alcance y la magnitud del presunto narcotráfico fueron posibles únicamente porque Maduro y otros corrompieron las instituciones venezolanas y brindaron protección política y militar a los delitos narcoterroristas generalizados descritos en nuestros cargos”, declaró el entonces fiscal federal Geoffrey S. Berman.
En septiembre de 2025, Washington aumentó la recompensa por información sobre Maduro, señalándolo por vínculos con el Tren de Aragua y el cartel de Sinaloa.
Según declaraciones de la fiscal Pam Bondi, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ha incautado más de 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus socios, casi siete de ellas relacionadas directamente con el dictador venezolano lo que, a su juicio, "representa una fuente principal de ingresos para los carteles con sede en Venezuela y México".
"El reino del terror continúa. Es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza activa para nuestra seguridad nacional", afirmó la fiscal al anunciar la inédita cifra por la captura de Maduro, que duplica la ofrecida por Osama Bin Laden.
En su reporte de 2025 sobre la estrategia antinarcóticos, el gobierno estadounidense indica que Venezuela “es un importante país de tránsito de drogas y una ruta clave para el tráfico de drogas ilegales en el hemisferio occidental, principalmente cocaína”, según reporte de Univisión.
La DEA estima que entre 200 y 250 toneladas de cocaína cruzan cada año por territorio venezolano rumbo a EEUU y Europa, usando puertos y pistas militares como trampolín.
"Venezuela es hoy una amenaza clara por el incremento del flujo de cocaína que sale de sus costas, desde La Guajira hasta el delta del Orinoco y la frontera con Guyana. El despliegue de elementos marítimos, ya sea de la Marina o la Guardia Costera, busca reprimir ese tráfico", dijo el mayor retirado Jesús Romero, exsubdirector de inteligencia de las Fuerzas Navales del Comando Sur de EEUU, en conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS tras el despliegue militar anunciado por EEUU a mediados de agosto.
InSight Crime y Human Rights Watch (HRW) han documentado cómo el ELN y las disidencias de las FARC operan con amparo del régimen en la frontera, a cambio de compartir ganancias del narcotráfico.
InSight Crime ha publicado trabajos donde se describe cómo el ELN y las disidencias de las FARC tienen presencia territorial en varios estados venezolanos fronterizos, incidiendo sobre infraestructuras, rutas, poblaciones locales, y hasta capital político y social.
Testimonios recogen que, en comunidades fronterizas de Apure (Venezuela) y Arauca (Colombia), militares venezolanos actuaron junto con guerrilleros del ELN para detener o secuestrar personas acusadas de colaborar con disidencias de las FARC.
En junio de 2025, "El Pollo" Carvajal se declaró culpable en EEUU por cargos que incluyen conspiración para importar cocaína y terrorismo ligado a las FARC. Además, de implicaciones de uso de redes con grupos guerrilleros para tráfico de drogas.
El Departamento de Estado y la OEA han advertido que células de Hezbolá encuentran refugio en Venezuela, facilitando operaciones financieras y logísticas.
Mientras que informes de organizaciones como Atlantic Council señalan que Hezbolá ha ayudado a convertir a Venezuela en un centro para la convergencia del crimen organizado transnacional y el terrorismo internacional; y la DEA identifica al grupo terrorista como un actor clave en redes de tráfico de drogas en América Latina, incluyendo vínculos con carteles colombianos y venezolanos.
Nacido en cárceles venezolanas bajo tolerancia oficial, el Tren de Aragua hoy opera en Chile, Perú y Colombia. Policías de esos países lo describen como “la multinacional del crimen latinoamericano”.
Los vínculos del régimen de Maduro con el Tren de Aragua quedaron la descubierto con el secuestro y asesinato del teniente venezolano Ronald Ojeda, registrado en Chile en febrero de 2024. Investigaciones apuntan a que el crimen fue orquestado desde Venezuela. Testigos han señalado a Diosdado Cabello como el autor intelectual, quien habría financiado la operación a través de Héctor "Niño Guerrero" Flores, líder del Tren de Aragua.
Además de Cabello, el coronel venezolano Alexander Enrique Granko Arteaga, conocido como el "torturador de Maduro", ha sido vinculado al caso. Granko, jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), habría liderado personalmente el comando que ejecutó el crimen de Ojeda.
Según Transparencia Venezuela, el desfalco histórico en el país supera los 200,000 millones de dólares. Mercedes de Freitas, directora de la organización, señaló que la corrupción ha "secuestrado" al Estado venezolano, destacando a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y al narcotráfico como los principales focos de esta trama.
De Freitas explicó que las modificaciones legislativas y la concentración de poder en un solo cargo abrieron la puerta al saqueo de la principal industria del país.
El caso Pdvsa-Cripto ha sido uno de los casos de corrupción más significativos en la historia reciente de Venezuela. Según estimaciones de Transparencia Venezuela y la consultora Ecoanalítica, el monto comprometido asciende a 16,960 millones de dólares, una cifra que supera ampliamente las estimaciones iniciales de 3,000 millones de dólares.
La ONU denunció la explotación ilegal del Arco Minero del Orinoco, controlado por militares y grupos armados, con consecuencias ambientales y humanitarias devastadoras.
Transparencia Venezuela, por su parte, ha documentado la explotación del Arco Minero como un incentivo perverso que comenzó con la entrega de concesiones mineras en 112.000 km² para la explotación legal de coltán, oro y diamante.
En este territorio, que se superpone a cinco parques nacionales, conviven mafias, mineros ilegales y grupos armados que disputan el control de las minas. La organización ha señalado que la explotación del Arco Minero ha sido un proyecto del gobierno central que ha generado graves consecuencias sociales y ambientales
Investigaciones en México y EEUU probaron sobornos millonarios en contratos del programa CLAP, diseñado para comprar lealtades políticas más que para alimentar al pueblo.
En julio de 2019, el Departamento del Tesoro sancionó a Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, por liderar una red de corrupción que desvió cientos de millones de dólares del CLAP. Según el Tesoro, Saab utilizó contratos inflados y empresas fachada para sobornar a funcionarios venezolanos, incluyendo a los hijastros de Maduro, a cambio de acceso a contratos gubernamentales.
En octubre de 2021, el Departamento de Justicia acusó a cinco personas, entre ellas Álvaro Pulido (socio de Saab) y José Gregorio Vielma Mora (exgobernador chavista), por lavado de dinero y asociación ilícita relacionada con los CLAP. Se alegó que pagaron sobornos a funcionarios venezolanos para obtener contratos de importación y distribución de alimentos y medicinas, inflando precios y desviando fondos destinados a la población necesitada.
Transparencia Internacional ubica a Venezuela en el puesto 177 de 180 países en su índice global de corrupción. En el informe de la organización, Venezuela obtuvo una puntuación de 13 sobre 100, indicando altos niveles de percepción de corrupción en el sector público.
Este índice clasifica a 180 países y territorios según las percepciones sobre el nivel de corrupción en el sector público, utilizando una escala de 0 (muy corrupto) a 100 (muy limpio). Los países que ocupan las posiciones más bajas en ese índice son Somalia (11), Venezuela (13), Siria (13), Sudán del Sur (13) y Yemen (16).
La crisis humanitaria creada por la incompetencia y corrupción del régimen chavista, sumado a la brutal persecución —que se intensificó después del 28 de julio de 2024— ha llevado a 8.4 millones de venezolanos a huir de su país, según cifras de la Plataforma R4V (ONU/OIM). El éxodo venezolano ha superado en magnitud al de otros países en la región, incluyendo el de Siria, que ha sido ampliamente documentado.
La OIM alertó que decenas de miles de venezolanos cruzan el Darién cada mes, arriesgando la vida en una de las selvas más peligrosas del mundo, que desde 2021 cobró la vida de cientos migrantes, incluyendo ciudadanos que huían de la crisis, la represión y persecución en Venezuela.
El informe de Human Rights Watch de abril de 2019 documenta un aumento de la mortalidad materna e infantil, la propagación de enfermedades prevenibles como el sarampión y la difteria, y un incremento en la transmisión de enfermedades infecciosas como la malaria y la tuberculosis.
Estos problemas han sido exacerbados por la severa escasez de medicamentos y alimentos en Venezuela, lo que representa una emergencia humanitaria compleja que requiere una respuesta a gran escala, de acuerdo con la OPS.
La Misión de Determinación de Hechos de la ONU afirmó en su más reciente informe que en Venezuela se han cometido “ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y violencia sexual bajo custodia estatal”.
En el documento, entregado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, la Misión subrayó que ante las manifestaciones que se desataron tras los resultados electorales ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral, el gobierno de Nicolás Maduro puso en operación “los métodos más duros de su maquinaria represiva” y destacó que la persecución política "ha continuado en 2025 contra aquellos que defienden los derechos humanos y las libertades".
Human Rights Watch (2025) documentó detenciones arbitrarias de activistas y familiares de opositores antes y después de las elecciones del 28 de julio, como parte de una estrategia de represión.
En su informe “Castigados por buscar un cambio: Asesinatos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias tras las elecciones de 2024 en Venezuela”, publicado el 30 de abril de 2025, recopila violaciones de derechos humanos cometidas contra manifestantes, transeúntes, líderes de la oposición y críticos del règimen durante las protestas y en los meses posteriores a las elecciones.
HRW vincula a funcionarios y a grupos armados partidarios del régimen, conocidos como “colectivos”, con abusos generalizados de derechos humanos. Estos abusos incluyen asesinatos de manifestantes y transeúntes, desapariciones forzadas de miembros de la oposición y de ciudadanos extranjeros, detenciones y procesos penales arbitrarios contra adolescentes y otras personas, y torturas y malos tratos a personas detenidas.
Amnistía Internacional denunció recientemente que la desaparición forzada se consolidó como práctica sistemática de las fuerzas de seguridad venezolanas. Amnistía Internacional ha identificado al menos 15 casos de desapariciones forzadas entre el 28 de julio de 2024 y el 15 de junio de 2025. De estos, 11 personas permanecen desaparecidas, incluyendo a seis extranjeros. Entre los casos más destacados se encuentran:
Rory Branker: Editor del medio digital La Patilla, crítico del régimen, desaparecido desde mayo de 2025.
Alfredo Díaz: Exgobernador y dirigente político opositor, detenido en enero de 2025.
Eduardo Torres: Abogado de la organización de derechos humanos PROVEA, desaparecido en mayo de 2025.
Tras el anuncio de los resultados electorales, se registraron protestas que fueron reprimidas violentamente por las fuerzas de seguridad. Más de 2,000 personas fueron detenidas entre el 29 de julio y el 7 de agosto de 2024, entre ellos jóvenes y personas con discapacidades. Las autoridades también impidieron el acceso a asistencia legal y se registraron denuncias de tortura y malos tratos en la mayoría de los casos.
Según el último informe del Foro Penal, publicado el 15 de septiembre de 2025, Venezuela registra un total de 827 presos políticos. Esta cifra incluye tanto a civiles como a militares, hombres y mujeres, y adolescentes, que permanecen hoy en condiciones inhumanas en los centros de reclusión del régimen.
En Venezuela, desde el año 2014 se han registrado más de 10,000 ejecuciones extrajudiciales, 250 asesinatos en el marco de manifestaciones y más de 1,650 casos de tortura, según la ONG PROVEA, que responsabiliza a las FAES y al DGCIM como principales ejecutores.
Además, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), al 22 de julio de 2025, al menos 22 presos políticos han muerto bajo custodia del régimen de Maduro desde 2015. Estas muertes se atribuyen principalmente a la negligencia médica, la falta de atención sanitaria y las condiciones inadecuadas de reclusión en los centros penitenciarios, que han sido denunciadas como mecanismos de castigo político.
La CIDH concluyó, en su informe titulado "Venezuela: graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral", publicado el 27 de diciembre de 2024, que en Venezuela “existe un patrón sistemático de violación de derechos humanos con altos niveles de impunidad”.
Desde la llegada del chavismo al poder en 1999, más de 400 medios de comunicación han cerrado en Venezuela, según informes de organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Espacio Público.
Estas medidas han resultado en una grave crisis de libertad de expresión en Venezuela, a la que se suma la censura, la persecución y el hostigamiento hacia trabajadores de la prensa.
En su carta, Maduro presume de haber destruido “402 aeronaves vinculadas al narcotráfico”. Curiosamente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a su ministro de defensa y a generales de la Fuerza Armada por proteger vuelos cargados de droga. Una contradicción difícil de ignorar.
También asegura que su país es “territorio de paz”. Mientras tanto, ACNUR confirma que millones de venezolanos huyen desesperados, HRW habla de persecución política, y la ONU clasifica los abusos del régimen como crímenes de lesa humanidad.
¿Son fakes news, entonces, esos informes? ¿Es fakes news los millones de venezolanos regados por el mundo o los cientos de presos políticos que siguen en las mazmorras del régimen?
El único fakes news en Venezuela es la carta de Maduro enviada a Trump. Su contenido es una obra de ficción política que ni Netflix se atrevería a filmar. La Venezuela real es otra: la de los presos políticos, el éxodo forzado, la represión y la corrupción sin límites.
En Diario Las Américas seguimos documentando cada hecho. Invitamos a toda persona que tenga información sobre violaciones de derechos humanos, delitos o actos de corrupción cometidos por el grupo que usurpa el poder en Venezuela a enviar su testimonio a [email protected].
FUENTE: Con información de informes de la ONU / ACNUR / Amnistía Internacional / HRW / Infobae / Univisión / El Nacional
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