El acuerdo del Congreso de la República de Venezuela condenando el frustrado golpe de Estado, el 4 de febrero de 1992, afirmó, ese mismo día, que los golpistas pretendían asesinar al presidente Carlos Andrés Pérez. Y el excomandante general del Ejército de ese gobierno Carlos Peñaloza haafirmado: “El 4 de febrero en la mañana el parte militar presentado al ministro Ochoa fue frío y preciso. Esa noche se alzaron 9 tenientes coroneles que eran las cabezas visibles del movimiento. Tras ellos estuvieron 14 mayores, 54 capitanes, 67 subtenientes, 65 suboficiales, 101 sargentos de tropa y 2.056 soldados alistados”.
El general Peñaloza, en su libro El delfín de Fidel: la historia oculta tras el golpe del 4F, agrega enseguida: “Casi de inmediato, sin mayor investigación, cerca del 95% de los oficiales alzados volvieron sin castigo a sus cuarteles como si no hubiese pasado nada. En este grupo de “inocentes” se incluyó al Cap. Rodríguez Torres el avieso jefe del asalto a La Casona”. Antes de cumplirse dos (2) meses de la intentona, el propio Carlos Andrés Pérez inició los sobreseimientos a los juicios de los oficiales implicados; véase la Gaceta Oficial N°34.936 del jueves 2 de abril de 1992 en la que se decretan los sobreseimientos de 42 de ellos, entre los cuales estaban Henry D’Jesús Rangel Silva, Jesús Rafael Suárez Churio y Rodolfo Clemente Marcos Torres.
El 27 de abril, a menos de tres meses del fracasado golpe, la prensa anunció que el ministro de la Defensa General Fernando Ochoa Antich visitó a los procesados que permanecían detenidos en el cuartel San Carlos “y prometió abogar para lograr que sean puestos en libertad, siempre y cuando demuestren un sincero arrepentimiento por sus acciones en contra de la institucionalidad”. Ese mismo día El Nacional publicó también de manera exclusiva una carta del Gobernador Oswaldo Alvarez Paz, quien fue detenido en su residencia oficial durante el golpe, en respuesta a una correspondencia de los comandantes Hugo Chávez, Francisco Arias Cárdenas, Jesús Urdaneta, Yoel Acosta y Miguel Ortiz Contreras.
En dicha carta quien luego sería candidato presidencial dice: “No tengo dudas en cuanto a la rectitud de propósitos que los animó a la aventura del 4-F”, y añade: “Las puertas de la prisión se abrirán para dar rienda suelta a los sueños e ilusiones que los alimentan”. Meses después, el 18 de octubre del 92, Alvarez Paz afirma en el mismo diario: “la amnistía es necesaria porque la democracia gana”; “las declaraciones de Claudio Fermín en torno a la posibilidad de decretar una amnistía para los militares y encapuchados eran sorpresivas e interesantes, por venir de un alto personero de Acción Democrática” (que luego sería su candidato presidencial). Y: “En cuanto a su opinión personal, Alvarez Paz dijo que él consideraba correcto el sobreseimiento de los militares sublevados el 4 de febrero”.
Esa política se continuó durante el mandato de Ramón Velásquez quien incluso recibió en audiencia a Francisco Arias Cárdenas a sólo semanas de haber asumido sus funciones y el comandante golpista le solicitó la baja, porque quería ser candidato al Congreso por la Causa R. Y el 27 de diciembre de 1993 el diario Ultimas Noticias atribuyó al ministro de la Secretaría Ramón Espinoza haber dicho a familiares de los golpistas: “yo les puedo dar la seguridad de que Hugo Chávez, Arias Cárdenas y demás procesados militares y civiles saldrán en libertad antes de que Rafael Caldera asuma la Presidencia”.
Cuando Caldera tomó posesión de la presidencia, en febrero de 1994, la prensa informaba: “han sido sobreseídas las causas de…270 beneficiados antes de la instalación del nuevo gobierno”. Además, ¡no se había dictado ni una sola sentencia condenatoria a los procesados por el delito de rebelión militar, que presuntamente pretendían asesinar al presidente Pérez! ¡Ni siquiera a Chávez, quien estaba convicto y confeso desde el día del golpe, dos años atrás! Y el día de la toma de posesión, 2 de febrero, Patricia Poleo publicó en su columna Factores de Poder de El Nuevo País, una carta pública a Chávez en la que expresó: “…Caldera, a quien hoy vemos asumir el mando, también gracias a ti, seguramente te abrirá las rejas de la cárcel donde estás. Ojalá lo haga y yo, insignificante venezolana, se lo agradeceré siempre. Verte en libertad es lo menos que podemos desear…”
La periodista Patricia Poleo recogía en sus palabras un sentimiento mayoritario. Sólo cinco días después, en El Nacional, el expresidente Herrera Campins expresó: “Considero que lo recomendable es que sean puestos en libertad y se les dé la baja para que se dediquen a las actividades civiles que a bien tengan. Tengo entendido que el teniente coronel Hugo Chávez Frías tiene pensado constituir un partido político”. Al día siguiente, 8 de febrero, menos de una semana después de la toma de posesión de Caldera, la Causa R de Andrés Velásquez introdujo en el Congreso un proyecto de ley de amnistía. Y se produjeron repetidas opiniones calificadas en el mismo sentido, como la del exministro de justicia y exdirector de la PTJ Juan Martín Echeverría, quien el 13 de febrero escribió en El Universal: “el 4 de febrero de 1992 se alzaron más de diez mil hombres, por razones que consideramos legítimas”.
Caldera declaró al respecto, el 2 de junio de 2003, en entrevista televisada con César Miguel Rondón, dijo: “Sería contrario a todas las normas jurídicas que se hubiera sobreseído el juicio que se les seguía a los demás oficiales y se hubiera mantenido a Chávez en la cárcel por el temor de que pudiera llegar a ser presidente. Temor que nadie compartía en ese momento”. ¡Lo puso en libertad, pero no votó por él!
