Los dictadores Rosario Murillo y Daniel Ortega con su hija Camila Ortega Murillo, durante el acto del 40 aniversario de la llamada "revolución sandinista". EEUU ha impuesto sanciones a Ortega, su familia, y otros integrantes de su régimen en Nicaragua.
INTI OCON / AFP/ARCHIVOMANAGUA - Nicaragua celebra este domingo unas controvertidas elecciones en las que Daniel Ortega, quien lleva 15 años consecutivos en el gobierno, y 11 durante el primer régimen sandinista (1979-1990), sin duda obtendrá un cuarto mandato consecutivo, con sus principales adversarios en prisión.
Siete aspirantes presidenciales que se organizaban para competir contra Ortega permanecen encarcelados. Arturo Cruz, Miguel Mora, Medardo Mairena, Noel Vidaurre, Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, fueron detenidos, junto a otros 32 opositores, en los meses previos a la jornada electoral.
Ortega les acusa de lavado de dinero y de “menoscabar la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”, consignados en la llamada Ley de Soberanía, las leyes creó a finales de 2020 para impedir la participación de la oposición.
También ha encarcelado a los líderes de la empresa privada, que estuvieron aliados con Ortega durante 11 años, antes del estallido social de abril de 2018.
Nicaragua va a elecciones con 160 presos, la mayoría encarcelados en el contexto de las protestas de abril.
A continuación, cinco puntos claves que explican cómo se llegó hasta aquí:
El "pacto del diablo"
El izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), llegó al poder por las armas en 1979. La mayoría de los nicaragüenses que apoyaron salir de la dictadura somocista creyó que con el sandinismo llegaba la democracia, la paz y la prosperidad, pero fue todo lo contrario, fue instaurada una nueva dictadura de izquierda dirigida desde Cuba con el apoyo de Fidel Castro.
El control, la represión, la vigilancia, se impuso rendirle culto a los nueve "comandantes", y la escasez de comida y de artículos de higiene, se convirtieron en una nueva forma de vida, que llevó al país a una nueva guerra. Los campesinos se alzaron en armas apoyados por la administración del presidente Ronsal Reagan. Miles de ciudadanos, jóvenes obligados a ir a la guerra murieron.
Con la caída del bloque socialista de La Unión Soviética y la guerra que no lograba ganar el sandinismo, Ortega tuvo que ceder e ir a elecciones con un país empobrecido. Fue derrotado en las urnas en 1990 por Violeta Barrios de Chamorro. A partir de entonces tres gobiernos electos democráticamente gobernaron el país sin paz.
Ortega cumplió su promesa, "gobernar desde abajo". Las asonadas, la destrcción y las muertes fue la dinámica que impuso el sandinismo desde la oposición.
En 1999 negoció un pacto con el expresidente liberal Arnoldo Alemán (1997-2002) para repartirse cuotas de poder en todas las instituciones del Estado. Un "pacto del diablo", le ha llamado el célebre escritor nicaragüense Sergio Ramírez, en el exilio en Madrid, que gobernó con Ortega con mano dura durante el primer régimen sandinista, pero se distanció del FSLN en 1995 y fundó el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), hoy Unamos, encabezado por dirigentes "históricos" del FSLN. Varios de ellos fueron encarcelados durante la última ola de arrestos, entre ellos: Hugo Tórres, exjefe de la Seguridad del Estado; Dora María Téllez, exguerrillera y ex ministra de Salud; Victor Hugo Tinoco, exvicecanciller en el primer periodo de la dictadura sandinista.
Ese pacto propició el retorno del sandinismo al poder en enero de 2007, cuando ganó las elecciones apenas con el 38% de los votos. El pacto cambio el porcentaje de una elección presidencial a solo un 35% de los votos.
Ortega impulsó una política de izquierda "pragmática", negoció con organismos financieros y, contrario a los años 1980, tuvo una alianza con los grandes empresarios y relación comercial con Estados Unidos.
La "no competencia electoral"
El FSLN asumió gradualmente en solitario el control del Estado. Ortega fue reelecto en 2011 al amparo de un cuestionado fallo judicial de 2009 que declaró inaplicable solo para él la prohibición constitucional de la reelección sucesiva. El argumento empleado es que la no reelección consecutiva violaba sus derechos humanos.
Tres años más tarde de ser reelecto inconstitucionalmente, en 2014, el sanidnismo aprobó otra polémica "reforma" constitucional que avaló la reelección presidencial indefinida, esta vez en la Asamblea Nacional, donde Ortega se había garantizado mayoría en los comicios de 2011, a través del fraude electoral.
Las reformas "incorporaron reglas que restringen la competencia electoral y el ejercicio de los derechos políticos" de los nicaragüenses, señaló un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ortega fue "reelecto" en 2016 en unas elecciones sin rivales de peso y marcadas por un alto abstencionismo.
En medio de una gradual pérdida del caudal electoral del FSLN, se aprobaron reformas que bajaron el tope exigido para ganar una elección y ahora gana el candidato con el "mayor número de votos válidos".
La "copresidencia"
El control de Ortega sobre las instituciones del Estado ahora es total: Ejército, Policía, Congreso, Consejo Supremo Electoral, Poder Judicial y Fiscalía. Además, ejerce control en los barrios a través de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), que en la década de los 80 se llamó Comité de Defensa Sandinista (CDC), un modelo que Cuba exportó a Nicaragua.
"Todos los poderes están alineados con el Ejecutivo, por lo que no representan límites para el ejercicio del poder ni impiden las arbitrariedades", según la CIDH.
Al mismo tiempo, Ortega extendió la influencia de su familia. Los opositores lo acusan de nepotismo. Su esposa Rosario Murillo fue primero su portavoz oficial y desde 2017 su vicepresidenta. Sus hijos ocupan cargos de "asesores" de la presidencia, y dirigen medios de comunicación y las empresas que han adquirido con la ayuda petrolera venezolana y los recursos del Estado.
"Aquí tenemos dos presidentes porque respetamos el principio de 50-50, o sea aquí tenemos una copresidencia con la compañera Rosario", dijo Ortega recientemente en un acto público.
La "olla" que explotó
En medio de la caída de la ayuda de Venezuela, de unos 4.800 millones de dólares entre 2007 y 2016, y el descontento de parte de la población por actos de corrupción y abuso de poder, en abril de 2018 estalló una ola de protestas estudiantiles, cuyo detonante fue una reforma a la seguridad social.
"Explotó la olla que venía acumulando vapor incendiario fruto de un malestar que no encabezaban ni los políticos ni los partidos tradicionales. Abril de 2018 fue una chispa que prendió un combustible que se venía juntando por años", afirmó el sociólogo Oscar René Vargas, exiliado en Costa Rica.
El movimiento se extendió y exigió la renuncia de Ortega. Por unos cinco meses el país estuvo semiparalizado con bloqueos de carreteras. La represión, en la que participaron grupos paramilitares, dejó al menos 328 muertos, según la CIDH, aunque organismos locales han documentado mayor número de crímenes.
La protestas, que rompieron la alianza de Ortega con los empresarios y la Iglesia católica, fueron consideradas por el gobierno como un "intento de golpe de Estado", apoyado por Washington.
La "inmovilización"
Fracasado un diálogo entre el régimen y oposición, y aplastadas las protestas, hubo capturas selectivas.
A fines de 2020 el gobierno dictó leyes sobre "agentes extranjeros", defensa de soberanía y "ciberdelitos", que imponen duras penas de cárcel a acusados de "traición a la patria", "lavado de activos", a quienes promuevan sanciones contra el país o difundan "noticias falsas" según su criterio.
Bajo esas leyes, 39 personas fueron detenidas desde junio: siete aspirantes presidenciales, activistas políticos y sociales, empresarios y periodistas. Washington y la Unión Europea respondieron imponiendo sanciones contra familiares y allegados de Ortega.
Más de 100.000 personas han salido al exilio desde 2018 y hay más de 150 detenidos.
"Con la fuerza bruta, logró inmovilizar a la población. No hay democracia. Estamos casi en un callejón sin salida", afirmó en Managua a la AFP la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez.
En las elecciones del 7 de noviembre no se esperan sorpresas, Ortega y su esposa se adjudicarán otros cinco años más en el poder con el apoyo de las armas del Ejército, la Policía y los grupos paramilitares que organizó y financia con los recursos del Estado.
FUENTE: REDACCIÓN y AFP
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