MIAMI.- Daniela Rojo ya no es un nombre desconocido para los cubanos, lo mismo para quienes ven el noticiero nacional de la prensa oficial en Cuba que para quienes se informan mediante las redes sociales y medios independientes. Del lado oficialista la llamarán contrarrevolucionaria, pero la joven madre que pasó días encarcelada por unirse a las protestas del 11 de julio, es, a secas, una ciudadana. Como tal, procura ejercer sus derechos, todos los que la Constitución promete garantizar en un país asolado durante décadas por la coaptación del mínimo disenso.
Ser ciudadana, en ese contexto, parece demasiado pedir, por lo que Daniela, además de ser citada para interrogatorios con oficiales de la Seguridad del Estado y recibir “advertencias” para que deponga su activismo político, ahora enfrenta una posible sanción de privación de libertad por cinco años, que es lo que solicita para ella la Fiscalía. De cumplirse, la activista de 26 años tendría que renunciar a la convivencia con sus dos hijos -de siete y cuatro años- en la etapa en que más la necesitan.
Previamente, en respuesta a personas preocupadas por la custodia de sus hijos, ella había dicho: "La oficial del DSE (Departamento de la Seguridad del Estado) que me atendió, asignada para estos casos, con mucha amabilidad me 'advirtió' que pensara en mis hijos y las consecuencias que podría tener para ellos crecer sin su mamá".
Una petición fiscal que le cambiaría la vida
“El abogado que contraté para mi caso me acaba de confirmar que ya bajó la petición fiscal, en mi caso es de cinco años por manifestarme pacíficamente el 11 de julio”, escribió en su perfil de Facebook al saber la noticia.
“He dado mi testimonio a varios medios y en ellos se puede constatar que mis acciones fueron pacíficas, que de hecho me arrestaron de forma arbitraria unas 10 personas vestidas de civil y me lanzaron a un carro”, precisó. En la misma red social, Daniela Rojo se presenta como activista por la democracia y los derechos humanos en Cuba. Como parte de su labor en este sentido, se integró a la plataforma Archipiélago para ayudar a coordinar la Marcha Cívica por el Cambio que estaba prevista para el pasado 15 de noviembre, pero terminó siendo frustrada por los órganos al servicio del gobierno. Su principal promotor, Yunior García, abandonó el país rumbo a España, el propio día que había convocado la marcha.
Una de las medidas preventivas que tomó el régimen para frustrar la Marcha fue, precisamente, detener o sitiar a sus líderes. En Santa Clara, a la coordinadora Sayli González le hicieron un acto de repudio, versión cubana del escrache con la particularidad de que quien lo perpetra es el poder mismo amparado por organizaciones políticas y de masas.
Con Daniela Rojo, sin embargo, no fueron igual de indulgentes. La estrategia fue detenerla para evitar a toda costa su participación en la protesta pacífica. Ya la Policía la había visto el 11 de julio, en calma y con los brazos alzados, cumpliendo con rigor su programa de lucha no violenta. Una imagen demasiado potente como para permitir su repetición. Por eso Daniela paga el alto precio de que la separen de sus hijos.
Ante tamaña injusticia, sus seguidores en redes sociales, como mismo se movilizaron durante los días en que estuvo presa, continúan haciendo campaña para que el gobierno cubano muestre al fin la indulgencia de la que ha carecido. Pero en su tozudez, el régimen apuesta por enviar más señales de su aferramiento al poder, así tenga que enviar a prisión a madres, adolescentes o personas de la tercera edad.
Daniela lo sintetiza en una frase: “En mi país no hay justicia ni nada que se le parezca”. Insiste en que no cometió ninguno de los delitos que se le imputan: desacato, desorden público e instigación a delinquir.
Darcy Borrero Batista
@cabezamestiza
