Por RICHARD MATHEW
Especial
CARACAS.- El régimen chavista aprieta el cerco alrededor del presidente encargado, Juan Guaidó. Aunque todavía no se ha atrevido a dar el zarpazo definitivo para encarcelarlo, Nicolás Maduro junto al gabinete con que usurpa el poder, ha ejecutado una serie de golpes "quirúrgicos" que buscan debilitar la figura del líder del Parlamento y de la oposición venezolana.
Guaidó ha recibido ataques directos desde distintos frentes. El primero se registró el domingo 13 de enero, cuando funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) lo detuvieron por unas horas. Posteriormente, las instituciones chavistas se lanzaron en su contra: la Contraloría General lo inhabilitó por 15 años, el Ministerio Público solicitó congelar sus cuentas y prohibirle la salida del país, y el Tribunal Supremo chavista decidió someterlo a juicio.
La Asamblea Constituyente, presidida por Diosdado Cabello, se sumó al acoso contra el mandatario interino el 2 de abril cuando, pasando por encima de la Carta Magna, resolvió levantar su inmunidad parlamentaria.
Desde ese día, Guaidó enfrenta la amenaza de ser encarcelado en cualquier momento.
¿Por qué el régimen chavista no ha capturado al que identifica como su principal enemigo?
"Démosle tiempo a la justicia, no nos desesperemos, ahí vamos poco a poco", ha respondido Cabello.
El respaldo popular que se ha expresado en las calles con nutridas manifestaciones, y el sólido apoyo de un sector relevante de la comunidad internacional, encabezado por Estados Unidos, la Unión Europea y el Grupo de Lima, parecen poner freno a los planes de neutralizar al presidente encargado.
Por los costados
Sin embargo, Maduro no deja de golpear el entorno de Guaidó. El SEBIN capturó la madrugada del 21 de marzo a Roberto Marrero, su jefe de Despacho, acusándolo de formar parte de una célula terrorista. Y ahora, tras el frustrado alzamiento cívico-militar del 30 abril, la Constituyente acordó desaforar al diputado Sergio Vergara, jefe de fracción de Voluntad Popular y estrecho colaborador del presidente interino.
El oficialismo recrudeció la persecución contra los miembros del Parlamento, institución que sustenta la legitimidad y la actuación política de Guaidó. La embestida ya derribó a uno de los integrantes de la junta directiva de la Cámara, el primer vicepresidente, Edgar Zambrano, quien se encuentra preso y totalmente incomunicado. Al igual que Vergara, Zambrano está en la lista de legisladores que el chavismo pretende procesar por su participación en el intento de sublevación del 30 de abril.
La arremetida se concentra en posiciones clave. La Constituyente allanó la inmunidad de Carlos Paparoni, presidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento, quien develó escándalos de corrupción asociados con las CLAP (bolsas de comida a precios subsidiados que distribuye el régimen) y ha promovido las sanciones financieras contra la revolución chavista.
"¡No volverán a ver un dólar, no se van a robar ni un centavo más!", escribió Paparoni en su cuenta en la red social Twitter, luego de conocer la medida que le ha obligado a resguardarse.
El chavismo también desaforó a Miguel Pizarro, responsable de la comisión parlamentaria dedicada a la ayuda humanitaria. "Luchamos por la ayuda humanitaria, por la salud, por la educación, por el desarrollo, la libertad y la justicia. Una sentencia ilegítima no callará la voz de quienes luchamos sin descanso por Venezuela", señaló el diputado opositor.
Quizás el menos mediático de los hostigados es Franco Casella, suplente por el estado Miranda. No obstante, desde Voluntad Popular recuerdan que por su trabajo parlamentario, Casella había establecido relación con los familiares y abogados de los militares detenidos por razones políticas.
Atento a todos los detalles, el régimen pretende despojar a Guaidó del Palacio Federal Legislativo, único símbolo de su poder. El martes 14 de mayo, en la mañana, prohibieron el acceso de los diputados con la excusa de una supuesta amenaza de bomba, aunque en la tarde sí permitieron la sesión de la Constituyente. Y al día siguiente, aceptaron que los diputados ingresaran al recinto, pero la Guardia Nacional negó el paso a los periodistas, obstaculizando aún más la difusión del discurso de Guaidó.
