La exjuez, presa política de Chávez es ejemplo de cómo se destruye la justicia independiente; "la mitad del poder Judicial podría ir preso”, afirma su abogada
Afiuni, juez presa de Chávez, vive una injusticia que no ha terminado 16 años después ,y sigue atrapada en un limbo jurídico que le impide recuperar plenamente sus derechos.
Cortesía / María Lourdes Afiuni
CARACAS.- María Lourdes Afiuni, presa política en Venezuela, lleva 16 años con un juicio por “corrupción espiritual”, delito inexistente en la ley, pero creado por la justicia chavista para acatar la orden del jefe del Ejecutivo, Hugo Chávez, quien pidió “para la juez esa” pena máxima de 30 años de prisión. El delito fue dejar en libertad legalmente a un banquero que consideró enemigo.
Desde 2009, la entonces juez titular del tribunal 31 de Control de Caracas fue detenida, encarcelada, vejada, torturada, abusada física y psicológicamente, desatendida, sometida a un proceso lleno de irregularidades y destituida en 2023, lo que ha convertido su caso en el más dantesco en la historia judicial del país.
Pero la injusticia no ha terminado. A Afiuni le fue negada la solicitud de amnistía que le correspondería, a pesar de que la Ley aprobada por el parlamento señala que promueve la convivencia y la reconciliación nacional.
También, este lunes pasado, fue citada por el tribunal tercero de ejecución solo para exigir un nuevo examen psicológico, porque los otros dos se extraviaron”, según informó su hermano Nelson Afiuni. “Una burla”, expresó.
Además, el propio presidente de la comisión parlamentaria vigilante de la aplicación de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, objetó el goce de derechos y la libertad que la ONG Provea exige para Afiuni, por “facilitar” la “huida impune del país de un banquero corrupto”, según su mensaje por X el 8 de junio.
“La detención de la juez, sin ninguna duda, marca un antes y un después en la historia del poder Judicial del país, con consecuencias graves que persisten hasta el día de hoy”, afirma la abogada Thelma Fernández, quien representa a Afiuni y suscribe una carta enviada al jefe de la Misión diplomática de EEUU en Venezuela y a organizaciones internacionales, el 5 de junio pasado, para que aboguen por su libertad.
La liberación de Afiuni ha sido exigida también por ONG y personajes del ámbito nacional e internacional.
En la actualidad, la exjuez cumple medida de casa por cárcel dictada en febrero de 2011, al acordarse una “medida humanitaria” por razones de salud, pero le han sido conculcados sus derechos civiles y políticos como ciudadana. Ni siquiera puede abrir una cuenta bancaria. “Por el proceso de Afiuni podría caer preso la mitad del Poder Judicial, todo está documentado”, advierte Fernández.
En la carta al Encargado de Negocios estadounidense, John Barret, y que suscribe también el hermano de la juez, Nelson Afiuni, hacen un urgente llamado para “impulsar una solución definitiva” que restablezca los derechos de la juez y se archive el expediente para ponerle fin a “esta página oscura de la historia judicial”.
Consideran que el cierre definitivo no es solamente reparar una injusticia, sino también “enviar un mensaje” a favor de la independencia judicial, de la dignidad humana y de la necesidad de que ningún otro juez, nunca más vuelva a ser perseguido”, un pedido que hacen a la luz del tutelaje del gobierno de EEUU.
“Este caso es uno de los ejemplos más emblemáticos de la destrucción de la independencia judicial”, afirma Fernández al ser consultada por DIARIO LAS AMÉRICAS sobre el caso de la juez, cuyo largo proceso de violación de derechos humanos no contó con algún intento real de reparación por parte de los dos regímenes del chavismo.
Su situación pone a prueba la voluntad de la reforma judicial anunciada por el oficialismo, dice la abogada.
“Resulta imposible concebir una reconciliación genuina, un sistema de justicia renovado, cuando casos tan emblemáticos y sensibles para el ámbito judicial, como el de la juez María Lourdes Afiuni, permanezcan sin una resolución definitiva”.
“No puede existir una justicia renovada mientras el caso que simboliza la destrucción de la independencia judicial permanezca todavía abierto”, añade con base en la misiva enviada.
Asegura que el caso de Afiuni no encierra únicamente la historia de una mujer encarcelada y perseguida por ejercer la magistratura, sino también la de cómo un sistema de justicia puede ser usado como instrumento de represalia política y de mecanismo de intimidación.
“El caso refiere no solo el castigo a una juez por cumplir con su deber, también se castigó a todo el sistema judicial venezolano”, afirma.
La juez de Control dejó en libertad al exbanquero Eligio Cedeño en 2009, preso político de Chávez, al considerar ilegal su reclusión desde 2007 y sin juicio, con base a una instrucción del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas.
Lo que le ocurrió después fue una señal de lo que podía pasarle a los jueces, un aviso que se conoce desde entonces como “efecto Afiuni” y al que funcionarios judiciales aún le temen.
La detención de Afiuni, en diciembre de 2009, fue ejecutada por orden de Chávez en cadena de radio y televisión y un día después ordenó también su condena tras llamarla “bandida”. En su alocución, llegó a manifestar que si María Lourdes Afiuni hubiera estado presente en los tiempos de Simón Bolívar habría sido ejecutada por la decisión, según recuerda Fernández.
“Esas declaraciones públicas del expresidente, además de comprometer gravemente la independencia judicial, también enviaron un mensaje inequívoco a todo el sistema de justicia venezolano, y era que decidir conforme a la ley y al derecho podía tener consecuencias personales devastadoras”. La abogada subraya, además, que Afiuni era una de las pocas jueces titulares en un sistema que aún hoy lleva 20 años sin hacer concurso para ingresar a la carrera judicial debidamente.
La juez fue encausada por supuesta corrupción, una imputación que formuló la fiscalía por “sospechas” de haber recibido dinero por la decisión a favor de Cedeño. “Pero nada de eso fue probado”, asegura la abogada.
“Afiuni ni tenía relación alguna con la persona que resultó beneficiada con su decisión, ni tampoco se demostró que hubiera recibido dinero, promesa o contraprestación alguna a cambio de esa libertad”.
“Tanto es así que la propia fiscal del Ministerio Público que la acusó en audiencia señaló a viva voz, y así quedó sentado en el expediente, que de la investigación del Ministerio Público como parte acusadora no se desprendía evidencia alguna contra la juez, pero que como Afiuni había sentido placer al momento de dictar la decisión había incurrido en un delito de corrupción espiritual”, relata Fernández. Y prosigue:
“Esto es real: la fiscal imputó por un tipo legal que no se encuentra previsto en ninguna parte de nuestro ordenamiento jurídico, pero era la manera justificar la aberración jurídica de haber alegado corrupción cuando no pudo comprobarlo.
El tribunal la condenó a nueve años por el delito inexistente, pena que ha cumplido con creces, aun en libertad condicional. La firmeza de la juez Afiuni quedó de nuevo demostrada, sostiene, ante propuestas de la justicia controlada por Chávez y a las que nunca se cedió.
“Afiuni tuvo oportunidades para recuperar su libertad. Desde las altas esferas del chavismo se le planteó, no en una sino en muchas oportunidades, la posibilidad de ser liberada si ella admitía públicamente que había cometido un delito. Y además si pedía perdón al país, así textualmente, y reconocer una culpa que no existía”. “Ella siempre se negó y prefirió soportar años de persecución, de humillación, de sufrimiento”.
Fernández atribuye las propuestas por la cuantiosa presión internacional que se hacía al gobierno de Chávez por el caso, debido a las graves violaciones de derechos humanos.
“Este representa una de las más graves violaciones de los derechos documentadas contra una funcionaria judicial en la historia contemporánea de Venezuela”, asevera. Todos los organismos internacionales del área volcaron su atención sobre el caso.
“Se han presentado en el país miles de violaciones a los derechos humanos y al debido proceso en caso de presos políticos, pero este es el único proceso político con más pronunciamientos internacionales, pues fue la primera vez que una funcionaria judicial fue detenida no solo por cumplir con su trabajo, sino por acatar un pronunciamiento internacional”.
Fernández describe el trabajo intenso que ha realizado un equipo de abogados especializados para que se le restituyan a la juez Afiuni los derechos conculcados.
Asegura que la exfuncionaria no puede viajar y ver a su familia, ni hablar en público. Tampoco trabajar, abrir cuentas bancarias ni obtener documentos de identidad. “Cuando intenta sacarse el pasaporte aparece en la pantalla una mención de que ella no es aplicable para sacarlo y cuando ha solicitado permisos se lo han negado, imagínate”. Y agrega. “Ella no es ciudadana, es decir, ella civilmente está muerta”.
La abogada insiste en la necesidad de que la injusticia de que ha sido víctima debe cesar.
“Afiuni constituye el recordatorio a cada juez del país de que si ellos no complacen los caprichos del poder van a sufrir las mismas consecuencias, por eso cerrar el caso a la juez es un paso muy significativo en el poder Judicial, pues no solo repara una injusticia contra una persona, sino revindica la independencia judicial”.
FUENTE: Entrevista a abogada Thelma Fernández, defensora de la exjuez María Lourdes Afiuni
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