CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente de México publicó el lunes un decreto que autoriza a las fuerzas armadas participar en las labores de seguridad pública por otros cuatro años, hasta marzo de 2024.

Los soldados e infantes de Marina mexicanos han sido implicados en graves abusos a los derechos humanos y algunos activistas han presionado a México para que proporcione a la policía civil la capacitación y equipo suficiente para relevar a los soldados, quienes fueron enviados a las calles para combatir la violencia relacionada con el narcotráfico en 2006.

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Una reforma legal aprobada en 2019 creó una Guardia Nacional con una fuerte militarización, pero permite que el presidente use a las fuerzas armadas en circunstancias “extraordinarias”, siempre y cuando estén subordinadas a y supervisadas por autoridades civiles.

Pero el decreto publicado por el presidente Andrés Manuel López Obrador hace poco para justificar las circunstancias “extraordinarias” y no menciona nada sobre la supervisión externa de los soldados.

“La participación de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública, debe presentarse de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, en términos del mandato constitucional”, de acuerdo con el decreto.

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Fotografía del 1 de septiembre de 2019 del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador poco antes de ofrecer su primer informe de gobierno en el Palacio Nacional, en la Ciudad de México.

Fotografía del 1 de septiembre de 2019 del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador poco antes de ofrecer su primer informe de gobierno en el Palacio Nacional, en la Ciudad de México.

“Este decreto no hace ningún intento para justificar lo ‘extraordinario’”, manifestó Alejandro Hope, analista de seguridad de México, y señaló que podría crear un incentivo para que el ejército deje de mandar soldados para que se unan a la Guardia Nacional.

El ejército proporcionó y entrenó a la mayoría de los casi 100.000 miembros de la Guardia Nacional. Mientras ésta sea considerada insuficiente, lo más probable es que se permita que el ejército siga operando como lo ha hecho durante años.

El decreto también estipula que “las tareas que realice la fuerza armada permanente en cumplimiento del presente instrumento, estarán bajo la supervisión y control del órgano interno de control de la dependencia que corresponda”.

Hope señaló que “dice que debe ser supervisado, fiscalizado y subordinado, pero ¿por quién? Por ellos mismos”. Añadió que la Secretaría de la Defensa Nacional del país se autorregula.

“Eluden este requisito que debe ser supervisado, fiscalizado y subordinado. No sólo está violentando la voluntad de los legisladores (quienes aprobaron la reforma de 2019); se está burlando de la jurisprudencia internacional”, aseveró Hope.

Sin embargo, señaló que “en el terreno no cambia mucho este decreto. Las fuerzas armadas ya hacen detenciones e intervenciones telefónicas, ya ponen retenes, ya detienen migrantes”.

Alfredo Lecona, miembro del grupo cívico “Seguridad Sin Guerra”, escribió que “'ya se sabía que las fuerzas armadas estarían hasta 2024 en labores de seguridad pública, como se acordó en la reforma de Guardia Nacional. No es argumento o justificación para que sea por un acuerdo como AMLO les da un cheque de opacidad mientras las fortalece”.

El expresidente Felipe Calderón envió al ejército a las calles en 2006 para combatir a los cárteles narcotraficantes, pero desde entonces la violencia sólo ha ido al alza. México registró 3.078 homicidios en marzo, un aumento del 0,5% respecto a los 2.948 del mismo mes de 2019. Los homicidios se han estabilizado, dicen los expertos, pero en niveles muy altos.

FUENTE: EUROPA PRESS

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