SAN JOSÉ.- Miles de guatemaltecos amanecieron este miércoles en paro nacional y exigiendo públicamente en plazas y calles la renuncia del presidente Jimmy Morales, diputados y reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, en medio de una crisis de estado desatada por la fallida expulsión de Iván Velásquez, el abogado colombiano titular de un organismo de Naciones Unidas que junto al Ministerio Público combaten la corrupción en Guatemala.

Los manifestantes y en paro son estudiantes e integrantes de la sociedad civil, pequeños empresarios independientes y trabajadores, que unieron fuerzas para rechazar la corrupción e impunidad en su país.

Uno de los lugares de concentración de protestas es la Plaza Mayor de la Constitución, en Ciudad de Guatemala, capital del país, donde está la mayor parte de los manifestantes; pero también hay masivas protestas en los departamentos de Quetzaltenango, Alta Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango y Quiché.

Las protestas de este miércoles tienen el sentimiento parecido a las de hace 2 años, cuando el clamor ciudadano y acciones de autoridades de justicia, provocaron la caída del Gobierno de Otto Pérez Molina, hoy acusado de corrupción.

“Vamos Guatemala, acabemos con las ratas del Congreso”, decía una pancarta de los manifestantes en Ciudad de Guatemala. “Ya basta, basta de corrupción, estamos cansados de tanta corrupción e impunidad en Guatemala, queremos una Asamblea Nacional Constituyente integrada por todos los sectores”, clamó un manifestante, según transmisiones en vivo de los medios de comunicación.

“Nos robaron tanto que nos robaron el miedo”, reza una de las consignas, misma que ya fue usada en 2015 para presionar por la saluda de Pérez Molina. Lo que no tienen las protestas de hoy es el respaldo del sector empresarial que no apoya el paro.

Las demandas de las organizaciones en el paro y en las marchas, incluyen la renuncia de 107 diputados que aprobaron la semana pasada cuestionadas reformas que limitaban el castigo al financiamiento electoral ilícito, así como el retiro de la inmunidad al presidente Morales y su renuncia, y reformas a la Ley Electoral y de partidos políticos.

Los legisladores debieron revertir las reformas tras protestas ciudadanas que los mantuvieron encerrados durante siete horas la tarde y noche del viernes anterior. Los mismo diputados ya habían rechazado un pedido de la fiscalía y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dirigida por Velásquez, para retirar la inmunidad al presidente, con el fin de que sea investigado por supuesto financiamiento ilícito en su campaña electoral en 2015.

Así mismo, el propio presidente Morales, a finales de agosto anterior, había declarado “non grato” a Velásquez y pidió su expulsión de la cancillería.

“El comisionado intentó por diferentes medios presionar a los diputados para la aprobación de reformas constitucionales sin dejar que el Congreso discutiera y aprobara libremente e institucionalmente como lo manda la Constitución de la República”, argumentó Morales en esa ocasión, en un video colgado en redes sociales.

La salida de Velásquez fue frenada mediante recurso de amparo, pero las tensiones empezaron a dispararse y aunque siempre hubo protestas, sus dimensiones estaban lejos de emular con las masivas manifestaciones de hace dos años y las de ahora.

En la víspera del paro nacional pacífico, tres ministros de Estado renunciaron al cargo por considerar que los espacios para desarrollar sus programas de trabajo se cierran rápidamente debido a la situación del país. Ellos son Francisco Rivas, de Gobernación; Julio Héctor Estrada, de Finanzas; y Leticia Teleguario, de Trabajo,

El ministro Rivas es un actor clave en la lucha contra la corrupción, considerado un cuadro cercano a la CICIG y fue subsecretario general del Ministerio Público.

Los segundos, eran funcionarios afines a la cúpula empresarial de Guatemala. Estrada, empresario, fue coordinador técnico de la iniciativa Mejoremos Guate con Fundesa, y fue director ejecutivo del Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM).

El presidente Morales dijo en la Asamblea General de la ONU que Guatemala espera que pronto junto a ese organismo inicie la revisión del convenio de creación de CICIG para su correcta aplicación.

Según el mandatario, se debe garantizar el debido proceso, la presunción de inocencia y "evitar la persecución selectiva, la politización de la justicia y la judicialización de la política".

Mañana jueves podría conocerse nuevamente en el Congreso la solicitud del Ministerio Público y la CICIG, de retirarle el derecho de antejuicio al presidente Morales.

Manfredo Marroquín, analista político guatemalteco y representante de Acción Ciudadana, explicó a la prensa local que los diputados votarán a favor de tal medida, en un intento por quitarse de encima la presión social que pesa sobre ellos.

Una nueva caída de un presidente de Guatemala podría ocurrir estos días si el descontento nacional e internacional aumenta a raíz de la crisis de Estado, según el analista internacional costarricense, Carlos Murillo.

“Yo creo que no hay que descartar la renuncia del presidente Morales, esa es una opción que cada vez parece más viable. Sin embargo, yo creo que aún hay tiempo para rectificar el rumbo del Gobierno, sentarse a dialogar no solo con Velásquez sino con todo su equipo y revisar las acciones que han realizado ambas partes hasta la fecha, y tratar de mostrarle (resultados) a la ciudadanía que ya no está tan dispuesta a esperar más tiempo”, opinó Murillo.

“(La ciudadanía) ya demostró tener la capacidad para presionar lo suficiente por la salida de un presidente como (Otto) Pérez Molina (en 2015), pero se requieren acciones (de rectificación) casi que en esta misma semana, de lo contrario creo que veremos de nuevo la caída de un presidente en Guatemala”, añadió.

FUENTE: Especial

Aparecen en esta nota:

 

Deja tu comentario