lunes 13  de  enero 2025
Venezuela

Negociar o no con el régimen, principal diferencia entre adversarios de Maduro

El disyuntiva principal que enfrenta la oposición venezolana en este momento es decidir si reanudan las negociaciones sobre elecciones o las sanciones contra la dictadura
Por EUGENIO G. MARTÍNEZ

CARACAS.- La división entre los diferentes grupos de la oposición venezolana se mantiene. La permanencia de Nicolás Maduro en el poder, la designación de una nueva Asamblea Nacional -en comicios no reconocidos por Estados Unidos, ni la Unión Europea- y el debate sobre la participación en las elecciones regionales de 2021 hacen cada vez más distantes a las distintas que adversan al chavismo.

El principal dilema que enfrenta la oposición en este momento es decidir si reanudan las negociaciones sobre elecciones y sanciones con el régimen de Nicolás Maduro.

De entrada, parecen existir solo dos líneas de acción en este escenario: Jorge Rodríguez, quien preside el Parlamento resultado de los cuestionados comicios efectuados el 6 de diciembre, quien llama al diálogo; y el líder opositor Juan Guaidó, presidente del Parlamento elegido por voto popular en 2015, que desestima esta posibilidad. Sin embargo, el tablero es más complejo e incluye a más actores.

El gobierno interino de Juan Guaidó y la Asamblea Nacional electa en 2015, ahora fusionados en la Comisión Delegada Legislativa, mantiene como hoja de ruta la conformación de un Gobierno de Emergencia Nacional, que será impulsado por la precarización del país. En este escenario, las sanciones internacionales juegan un rol fundamental porque se aspira a que su efecto fracture a la coalición gobernante.

Sin embargo, para poder mantener el apoyo del resto de partidos, Guaidó y el gobierno interino debieron admitir cambiar su premisa principal de acción. Ya no se trata de lograr el cese de la usurpación, sino concretar que se realicen elecciones presidenciales.

Por otra parte, se encuentra el grupo de políticos encabezados por Henrique Capriles Radonski -incluyendo a diputados electos en 2015- que sostiene que la estrategia desplegada entre 2019 y 2020 no logró fracturar a la coalición gobernante, lo que provoca que, pese a las sanciones internacionales y la precarización del país, el estatus quo se afianzara en el poder. Este grupo aspira a lograr mediante una negociación la reinstitucionalización del país y un cronograma electoral que incluya elecciones regionales, nuevas parlamentarias y presidenciales.

Por último, se encuentra el grupo liderado por María Corina Machado, que sigue apostando a la aplicación del TIAR y del principio de derecho internacional llamado Responsabilidad de Proteger (R2P) para que una coalición internacional separe a Maduro del poder. Las elecciones, y el diálogo no son opciones para este grupo.

Sin embargo, el sector que adversa a Maduro incluye a otros actores: Las principales organizaciones de DDHH del país apuestan por una agenda de negociación, con enfoque principal en atender las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja que sufre el país, mientras algunas las individualidades mantienen su apoyo al Gobierno Interino y al Parlamento electo en 2015 a través de estrategias como la consulta popular celebrada en diciembre.

Algunos comenzaron a conversar

Por otra parte, los empresarios han comenzado una etapa de acercamiento al régimen de Maduro. La reciente reunión de Jorge Rodríguez con la principal agrupación de empresarios del país es el mejor ejemplo de esta nueva realidad.

Sobre este encuentro, Ricardo Cusanno, presidente de Fedecámaras sostiene que “satanizar el diálogo y la negociación en Venezuela es un grave error”.

Según Cusanno “satanizar a Fedecámaras por lo que hizo, por recibir en su sede a estas personas que representan la política y que ejercen funciones de gobierno, por lo menos de hecho, sería como satanizar a los enfermeros por procurar sus contratos colectivos, a los estudiantes por procurar que el ministro de ese mismo sistema les firme sus títulos; y sería satanizar a los políticos que se han sentado negociar sus libertades, tanto dentro como fuera del país”.

La brecha entre la estrategia de los empresarios y el gobierno interino provocó que Guaidó cuestionara el encuentro, exhortando a Fedecámaras a entender que los diálogos parciales “son una estrategia del régiemn para fragmentar a la unidad opositora”.

Según Guaidó: «Se trata de un falso diálogo para evitar que las negociaciones con apoyo de la comunidad internacional cuenten con el respaldo de una sociedad civil organizada unida con los factores políticos de oposición, para poner fin a la tragedia nacional»

La respuesta de Guaidó y del Gobierno Interino fue anunciar la conformación “de una nueva plataforma unitaria entre partidos políticos y la sociedad civil en contra del régimen de Nicolás Maduro”. La estrategia básica de esta plataforma será el cumplimiento del mandado de la consulta popular.

No obstante, no hay novedad en los integrantes de la plataforma, a falta de un anuncio formal por ahora solo valoran esta idea las organizaciones políticas (PJ, VP y UNT) e individualidades de la sociedad civil que respaldaron la consulta popular y la continuidad constitucional del Parlamento y del gobierno interino.

A pesar de un escenario con agendas y actores tan diversos algunos analistas consideran que la dinámica es positiva. “Soy optimista”, explica el director de la firma Datincorp Jesús Seguías. “Antes había pugnas para demostrar quién era el verdadero opositor, el que jamás iría a elecciones mientras Maduro estuviese en el poder. Hoy, la pugna es por demostrar quién tiene el mejor argumento para negociar y participar en elecciones. Es un gran avance”, sostiene.

Según las más recientes encuestas de Datincorp la crisis de liderwzgo en Venezuela es estructural: 88% rechaza el desempeño de Maduro, 82% rechaza el de Guaidó y nueve de cada 10 venezolanos dicen desconfiar de la dirigencia políticas.

AD mira a las regionales

Los diputados de Acción Democrática electos en 2015 se abstuvieron de votar en la sesión en la que se aprobó la continuidad constitucional del Gobierno Interino, aunque su jefe de bancada argumentó que seguían respaldando a Guaidó.

Sin embargo, Henry Ramos Allup, secretario general de Acción Democrática ha marcado un poco más de distancia de la agenda del Gobierno Interino, al instar a la oposición a evaluar la pertinencia de participar en las elecciones para gobernadores de este año. Si nos conviene participar, participaremos y si no nos conviene, no participaremos. Tenemos que lograr condiciones electorales para participar en las regionales. El derecho a aspirar no se le puede discutir a nadie.

Junto a AD, otros parlamentarios electos en 2015 que hasta semanas respaldaban abiertamente la agenda del Gobierno Interino han cambiado radicalmente su posición.

Américo de Gracia, diputado de la Causa R que se encuentra en el exilio después de estar resguardado por varios meses en la embajada de Italia en Caracas, sostiene que se debe negociar con el régimen. “Basta de necedades. Si no hay condiciones, debemos crearlas. Ese es un propósito político. ¿Son criminales? Sí. Razón suficiente para accionar todos los mecanismos que estén a nuestro alcance (…) ¿Debemos ir a las regionales? Sí. Y sin complejos. Cada proceso debe ir acompañado de su propia táctica. Vamos con un “vuelvan caras”. El remedio para el cancer no es el mismo para un dolor de cabeza. Deslegitimado Maduro y sus organismos. Debemos ir por más”.

Negociación condicionada

En declaraciones a medios venezolanos Michael Penfold, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Columbia, sostiene que el gobierno de Maduro negociará solo cuando existan incentivos concretos para hacerlo, incentivos que en este momento no existen.

En un análisis de escenarios Penfold sostiene que la conflictividad seguirá creciendo en 2021 en el país, pero de forma fragmentada y aislada, sin conducción política; lo que le permitirá al régimen de Maduro en avanzar en su agenda de una nueva autoridad electoral y fijar fecha concreta para las elecciones regionales; a la vez que buscará aliados coyunturales para avanzar en privatizaciones opacas de empresas estatales.

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