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@FloresJudith7

MIAMI.- Violencia, heridos, muertos, desaparecidos, éxodo, 674 presos políticos, y una economía próxima al colapso, es el saldo con el cual concluye el año 2018 para Nicaragua, producto de la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, desde que inició la crisis en la nación centroamericana en abril pasado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha logrado documentar la muerte de 325 nicaragüenses en el contexto de las manifestaciones antigubernamentales, mientras que organismos como la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) en su último informe contabiliza 545 muertos y más de 4.000 heridos.

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Esos hechos constituirían crímenes de lesa humanidad, revela el informe que presentó en Washington, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que junto al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), fue expulsado de Nicaragua por el régimen sandinista, el pasado 20 de diciembre.

Ambos organismos de la CIDH, el GIEI y Meseni, se encargarían de contribuir a la búsqueda de una salida la crisis y para investigar los crímenes ocurridos durante las protestas. El resultado del informe que sería presentado en Managua, Nicaragua el 20 de diciembre, causó la furia del régimen que ordenó la salida inmediata de los representantes de ambos organismos. La medida la dio a conocer Denis Moncada Colindres, canciller del régimen Ortega-Murillo.

Un informe previo del GIEI documentó el resultado de las primeras investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos, en el que alertaba sobre posibles ejecuciones extrajudiciales tras el uso de francotiradores para reprimir las manifestaciones.

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Right Watch, dijo que el informe de GIEI, concluye que funcionarios nicaragüenses cometieron crímenes internacionales, incluyendo tortura y crímenes de lesa humanidad.

“Los expertos hicieron un llamado a que el presidente Ortega y otros altos mandos sean investigados por su presunta responsabilidad en estos crímenes. Las máximas autoridades del gobierno de Nicaragua deberían estar conscientes de que el principio de jurisdicción universal le podría permitir a otros estados investigar y procesar a cualquier responsable de crímenes internacionales. La impunidad que las autoridades nicaragüenses han disfrutado hasta ahora no durará para siempre”, acotó.

La crisis

Las manifestaciones antigubernamentales iniciaron el pasado 18 de abril, luego de que el gobierno de Nicaragua impuso reformas a la Seguridad Social que contemplaba el aumento en las cuotas de pagos de los trabajadores, y una disminución a las pensiones de los jubilados en un cinco por ciento.

Estudiantes y ciudadanos se convocaron para protestar contra la medida a través de las redes sociales. El régimen de Ortega lanzó a las calles a grupos de choque de la Juventud Sandinista, el brazo paramilitar del partido en el gobierno para agredir a los estudiantes en las universidades.

Las protestas escalaron y el régimen intensificó la represión empleando armas de guerra contra manifestantes desarmados que recibieron impactos de bala en la cabeza, ojos, el cuello y el pecho.

Escalamiento de la represión

El régimen Ortega Murillo, ha intensificado la persecución contra los opositores. La Policía en coordinación con paramilitares se han encargado de realizar ataques, secuestros, torturas, encarcelamientos y la imposición de largas condenas sin derecho a un juicio justo.

La represión ha sido dirigida contra organismos de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos. Nueve Organizaciones No Gubernamentales (ONG) han sido despojadas de sus personerías jurídicas, les han intervenido sus cuentas bancarias y confiscados sus bienes.

Mientras periodistas y medios de comunicación independientes enfrentan una escalada de ataques, detenciones arbitrarias, acoso y amenazas, las instalaciones de los medios de prensa Confidencial, Esta Semana y Esta Noche, del periodista Carlos Fernando Chamorro, han sido confiscadas; igualmente los equipos de trabajo.

El canal 100% Noticias fue clausurado y confiscado sus bienes, propiedad del periodista Miguel Mora. Mora fue secuestrado la noche del 21 de diciembre, junto a su esposa Veronica Chávez, Lucia Pineda Ubau, directora de prensa del canal y dos trabajadores del área técnica. El canal fue sacado del aire cuando la Policía antidisturbios y paramilitares allanaban el inmueble para evitar la transmisión del asalto al medio de comunicación.

El régimen sandinista ha secuestrado, detenido y golpeado a periodistas. Angel Gahona, fue asesinado al inicio de las protestas, el 21 de abril, cuando realizaba una transmisión en vivo sobre las manifestaciones en la ciudad de Bluefields, en el Atlántico Sur. Recibió un disparo en la cabeza.

La dictadura se propone desaparecer los medios de comunicación independientes. El régimen Ortega-Murillo mantiene bloqueados desde hace varios meses los procesos de salida de aduana de la materia prima necesaria para la edición impresa de los periódicos La Prensa y el diario Hoy, propiedad del Grupo Editorial La Prensa (GEP).

De mantenerse esta situación el GEP se verá obligado a suspender el tiraje de la edición impresa de sus periódicos e informar exclusivamente a través de sus plataformas digitales, informó el gerente general del GEP, Hugo Holmann.

El objetivo de la dictadura sandinista es coartar la libertad de expresión.

Éxodo

La persecución del régimen contra los manifestantes ha provocado el éxodo de más de 50.000 nicaragüenses en ocho meses de crisis en Nicaragua, la mayoría ha emigrado a Costa Rica que ha recibido más de 40.000 solicitudes de refugio, según informes del gobierno costarricense.

William Marín, es un joven político que participó en las protestas. La persecución del régimen sandinista lo obligó a refugiarse. “La situación del país es muy crítica, desalentadora, miles de personas sin empleo, la economía afectada fuertemente, la persecución y arrestos ilegales es el pan de cada día. Eso sería totalmente desmotivador si no es por la firma del Nica Act y el informe del GIEI, eso nos regresa la esperanza de volver (a Nicaragua) a todos los que estamos en el exilio, estamos muy seguros de que esto presionará mucho al régimen y obligará a ceder en varias peticiones”, aseveró Marín, que señala que los inmigrantes viven momentos muy difíciles fuera de Nicaragua.

Ortega quiere guerra civil

“Estoy lleno de esperanza, pero a la vez me preocupa porque Ortega es una persona muy terca, desinteresada en el país, y junto a Murillo la situación es peor, el temor es que su afán, orgullo y ambición los haga endurecer más la dictadura y esto de paso a que se consolide una lucha armada, ya existen muchos grupos armados y personas que se están organizando en ese sentido, de suceder esto terminaremos en una guerra civil, donde se destruirá más el país y habrá más pérdidas de vidas, se ha logrado avanzar mucho a través de la lucha cívica, pero el régimen cada día ha ido endureciendo y reprimiendo con mayor fuerza a la población, haciendo sentir que no existe alguna posible salida cívica y pacífica a la crisis”, manifestó Marín.

Las sanciones

El gobierno organizó cuerpos paramilitares que operan en coordinación de la Policía, la institución que esta a cargo de los escuadrones de la muerte, revela el argumento de las sanciones designadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a la esposa de Ortega y vicepresidente de Nicaragua, Rosario Murillo; y a Nestor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional, el pasado 27 de noviembre. Ambos son señalados de violaciones a los derechos humanos, corrupción, y de estar involucrados en financiar y ordenar la represión.

Otros cuatro altos funcionaros del gobierno de Ortega han sido sancionados por corrupción y violaciones a los derechos humanos. Ellos son el exjefe del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas; Francisco López, exvicepresidente de Albanisa, la subsidiaria de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Fidel Moreno, secretario político del Frente Sandinista en Managua; y Francisco Díaz, consuegro de la pareja presidencial y jefe de la Policía.

El presidente de Estados Unidos firmó el pasado 20 de diciembre la Ley de sanciones contra el régimen Ortega Murillo, conocida como la Nica Act.

Las sanciones están encaminadas a dos objetivos específicos: uno, evitar la aprobación de créditos a la dictadura Ortega Murillo en las instituciones financieras internacionales, para prevenir que los fondos sean desviados para financiar actos de represión contra el pueblo de Nicaragua. La Ley exceptúa el financiamiento para proyectos que promueven la democracia y las necesidades básicas del pueblo nicaragüense.

El segundo objetivo, está dirigido a individuos (personas, organizaciones y empresas nacionales y extranjeras) involucrados en actos de corrupción significativa y violaciones a los derechos humanos. Las sanciones contemplan el bloqueo de activos, prohibición de transacciones bajo la jurisdicción de Estados Unidos, propiedades o intereses en una propiedad, negación o revocación de visas, y penalidades económicas.

El gobierno de Estados Unidos ha suspendido visas a decenas de funcionarios del régimen sandinista y sus familiares que gustaban de viajar a EEUU para hacer compras.

Crisis económica

La crisis sociopolítica ha ocasionado millonarias pérdidas economicas, que ascienden a más de $1.300 millones. Más de 400.000 puestos de trabajo se han perdido, y las estimaciones indican que la economía podría presentar un decrecimiento del nueve por ciento al cerrar el 2018, según el informe del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).

La empresa privada valora que la crisis se agudizará en el 2019.

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