MANAGUA.- El Ministerio de Salud de Nicaragua informó el martes que en la semana del 16 y el 23 de junio se registra un aumento de 347 nuevos casos de la COVID-19, por lo que son ya 2.170 las personas afectadas por la pandemia, así como 10 muertes más, lo que supone un total de 74 víctimas mortales desde que comenzó la crisis sanitaria en el pequeño país centroamericano, de acuerdo con las cifras del régimen sandinista.

La ministra de Salud, Martha Reyes, señaló que gran parte de los pacientes de la COVID-19 habían presentado síntomas y enfermedades previas, como diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares o tuberculosis pulmonar.

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Las cifras del Ministerio de Salud contrastan con las que ha ofrecido el Observatorio Ciudadano, un equipo conformado por varias organizaciones civiles de Nicaragua que surgió para "llenar el vacío informativo" que impone el régimen de Daniel Ortega en relación a la situación real de la pandemia de la COVID-19.

Así, de acuerdo con este colectivo, que afirma trabajar con fuentes primarias y secundarias contrastadas, unas 5.957 personas habrían contraído la enfermedad, mientras que la cifra de fallecidos sería de 1.668, según su último informe, publicado el pasado 17 de junio.

En relación a la falta de transparencia sobre la gestión la enfermedad en el país, la ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado que el Gobierno encabezado por Daniel Ortega ha despedido al menos a diez trabajadores sanitarios por cuestionar la gestión oficial frente a la pandemia de coronavirus.

Observadores médicos han puesto en duda durante semanas el discurso oficial asegurando que la cifra real es superior incluso en varios miles.

Las autoridades no han impuesto medidas de confinamiento ni ordenado el cierre de centros educativos. Ortega, desaparecido durante un mes en plena pandemia, llegó a calificar a finales de abril de "radicales" y "extremistas" a quienes defendían la necesidad de quedarse en casa y evitar aglomeraciones.

A mediados de mayo, más de 700 trabajadores médicos pidieron por carta al régimen que reconociese la emergencia y adoptase los protocolos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evitar el colapso del sistema. El 6 y el 9 de junio, las autoridades ordenaron el cese de varios de los firmantes con sendas cartas en las que no se reflejaban motivos, sin respetar los procedimientos.

La ministra de Salud alertó a la población de que se han introducido en el país de manera ilegal pruebas rápidas para diagnosticar la COVID-19, y aseguró que no cuentan con la aprobación de la OMS, por lo que los resultados de las mismas "provocan un manejo inadecuado de los casos" de la enfermedad al ser "inespecíficas".

FUENTE: Europa Press

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