Nicaragua, escenario de crisis política y económica en 2022

La resolución de la Asamblea General ordenó “instruir al Consejo Permanente que realice una evaluación colectiva inmediata de la situación, de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, a ser completada a más tardar el 30 de noviembre y que tome las acciones apropiadas”.

El Consejo Permanente, acatando esa Asamblea y reunido el 8 de diciembre decidió, con la sola oposición de la dictadura de Ortega, un “diálogo de todos los partidos políticos y otros actores en Nicaragua con el objetivo de celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias tempranas que sean libres, imparciales y transparentes, con observación internacional creíble”.

“Como toda dictadura, en la de Ortega no existen ejercicios electorales creíblemente democráticos y tampoco desarrollo de partidos políticos”, acotó el analista.

Su afirmación queda sustentada a partir de las elecciones municipales de noviembre 2008, dos años después del retorno del sandinismo al poder y en las que Ortega se atribuyó la mayoría de las alcaldías a través de un fraude ampliamente documentado por la oposición.

A partir de entonces fue más evidente la destrucción de la institucionalidad y la frágil democracia que había logrado Nicaragua tras la derrota electoral de la primera dictadura sandinista en 1990, que llevó al poder a Violeta Barrios de Chamorro.

Tres años más tarde, en las elecciones presidenciales de 2011, el régimen sandinista “impidió a la Misión de la OEA, encabezada por el excanciller argentino, Dante Caputo, acreditar observadores en muchos centros de votación, y la Misión Electoral de la Unión Europea señaló en su informe final que no garantizaba la exactitud de los datos incluidos en el informe, ni aceptaba responsabilidad alguna por cualquier uso que se pudiera hacer del mismo”.

En 2011, Ortega no solo se postuló nuevamente como candidato a través de artimañas legales que le impedían postularse de acuerdo con la Constitución, se mantuvo en el poder a través del fraude electoral. Para las elecciones de 2016, la Constitución había sido cambiada a la medida de Ortega por la Asamblea Nacional controlada por el sandinismo, que le abrió el camino a la reelección indefinida.

Otro de los elementos que valora el experto, es la crisis económica de Nicaragua agudizada por las políticas del dictador Ortega. “Aunque la economía creció en 2021 por los precios de exportación, una vez superada la crisis política de 2018-2020, el pronóstico para 2022 es apenas 1.8% del PIB, según [la] CEPAL, apenas superior a Venezuela, por la persistencia de la crisis política", aseveró.

¿Qué hacer?

El hartazgo de la población se expresó a partir de abril de 2018 con marchas multitudinarias y pluriclasistas, que terminaron en más de 300 asesinatos de manifestantes pacíficos acompañados de varios centenares de presos políticos.

A juicio del analista “todas las acciones internas y del exilio se deben coordinar en la resolución de la Asamblea General de la OEA declarando ilegítimas los resultados de las elecciones de Ortega, y por tanto la decisión del Consejo Permanente de la misma demandando liberación de los presos políticos y nuevas elecciones”.

Aunque otros sectores de la oposición sostienen que dialogar con Ortega sería legitimar la dictadura ante, y que un escenario de nuevas elecciones solo sería posible y creíble sin Ortega en el poder debido a la historia de fraudes en el país desde 2008.