MIAMI. - Venezuela el régimen continúa con su sistemática represión contra aquellos que son contrarios a sus políticas y con los que, a pesar de estar en prisión, se han convertido en voces incómodas que desvelan la esencia de la dictadura.
Este miércoles 15 de febrero, desde la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), Tamara Suju, directora del Instituto Casla, ofreció su informe anual sobre el caso venezolano donde destacó la existencia de una red ciudadana de espías que, desde la sociedad civil, cumplen la misión de señalar a los que se oponen al régimen, mientras que éste continúa torturando a aquellos que detiene y a los que tiene encarcelados.
En un amplio informe (publicado al final de este texto) se describe cómo el régimen que gobierna a Venezuela continúa de manera silenciosa, cometiendo crímenes de lesa humanidad, pese a los intentos del régimen de mostrar una cara más amable.
Suju durante la presentación del informe, mencionó el testimonio de 19 personas que fueron víctimas del régimen en 2022, “en el marco de la represión sistemática que las autoridades del Estado venezolano ejecutan por motivos políticos”.
Según la narración de la abogada, el Instituto logró tener acceso al Manual de operaciones especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) donde se observa “cómo se aplica directamente en la inducción, conducción y ejecución de crímenes de lesa humanidad”.
El informe, que es el 6to que el Instituto Casla presenta ante la OEA; lleva por nombre Todos son sospechoso: La imposición de un sistema delator para el control social. La represión sistemática en la sombra, en el que se demuestra cómo se ha instalado un sistema de inteligencia y contrainteligencia para espiar a todos los ciudadanos, a los oficiales de las Fuerzas Armadas y a los propios funcionarios de cuerpos de seguridad de los que sospechan, a sus familiares, amigos y conocidos.
Según el informe, el régimen ordena la persecución, acusación y encarcelamiento de sus víctimas definiendo distintos niveles de vigilancia según la importancia, rango y características de las personas.
El informe también relata cómo se planifica el control de los ciudadanos a través de una estructura de espías y acusadores con la que Maduro busca tratar de controlar el malestar social o cualquier indicio de disidencia que genere protestas colectivas.
En esta realidad, Suju advierte que cualquier persona puede ser considerada sospechosa para los intereses de la revolución y cualquier vecino, sin saberlo sus otros vecinos, puede estar trabajando para el régimen en esta misión de espía ciudadanos.
Durante su intervención ante un grupo de periodistas, la abogada venezolana recordó que el régimen intenta mostrar una Venezuela próspera, que solo se exhibe en Caracas, pero en el interior del país la realidad es otra. “Hay una especie de burbuja ostentosa y vulgar, con zonas llenas de restaurantes de lujo, bodegones, boutiques y centros nocturnos, vehículos costosos y deportivos, autos y camionetas último modelo blindadas, que llegan en flotas, sobre todo para uso gubernamental y de los altos jerarcas de las Fuerzas Armadas”.
Otro punto importante tratado en el informe es la indiscriminada destrucción de las tierras ancestrales de los estados Bolívar y Amazonas, uno de los pulmones más grandes del mundo, ricas tierras mineras en los que hay una “presencia activa” de oficiales o funcionarios rusos e iraníes, con el propósito de “lucrarse de las riquezas aprovechando la apertura que el régimen les ha dado sin control”.
También destaca Suju en su informe que, en el Arco Minero, el régimen desplazó a los pequeños mineros y pueblos indígenas para controlar a su antojo la producción y distribución. “El gobierno ha entregado el tema de la seguridad al DGCIM y las Fuerzas Armadas, además de grupos guerrilleros (de otros países) como las FARC y el ELN (de Colombia)”.
Suju llamó a la comunidad internacional a no creer “en el juego de que Venezuela se arregló” y a la Corte Penal Internacional a que autorice que el fiscal continúe con la investigación al Gobierno de Maduro por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, al menos, desde 2014. “Que realice los actos y las acciones necesarias para detener los crímenes en Venezuela. Que emita las órdenes de detención o de comparecencia necesarias”.
La recomendación principal va dirigida a la Sala de Jueces de la Corte Penal Internacional y al Fiscal Jefe Karim Khan, “para que el proceso de investigación se reanude y avance, puedan identificar a los altos responsables de la planificación y ejecución de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno venezolano en el marco de la represión sistemática que por motivos políticos ejecutan contra la población y realicen las acciones que sean necesarias para asegurar su enjuiciamiento y las víctimas y sus familias puedan conseguir justicia y reparación”.
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