La corrupción en Guatemala parece estar en todos los niveles del poder. Las autoridades judiciales capturaron a 11 personas, entre ellas varios exagentes de la Policía Nacional Civil (PNC), acusadas de un desvío de casi 7 millones de dólares en el Ministerio de Gobernación hacia cuentas personales; acrecentando aún más la incertidumbre política que vive el país desde hace más de dos meses.
Las capturas fueron coordinadas por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Juan Carlos Olivares Betancourt, antiguo subjefe del Departamento de Material Móvil de la Policía Nacional Civil (PNC), tras ser capturado en Ciudad de Guatemala. (EFE)
Los 11 capturados
Los detenidos son el exsubdirector de apoyo logístico de la PNC Héctor Florentino Rodríguez Heredia, el exjefe de material móvil Dirk William Alfredo Zea Muñoz, el excomisario general Cleotilde Elvia Cabrera Chan, el secretario técnico de la policía, Fredy Arnoldo García Sical y el excomisario Juan Carlos Olivia Betancourt.
Francisco Cortéz Bocaletti, empleado del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), es custodiado después de ser aprehendido
por la Policía, por su complicidad en un nuevo caso de corrupción en Ciudad de Guatemala. (EFE)
Otros capturados son los empleados administrativos de la Policía Byron Regalado España, Gaby Francinet Regalado España, Elder Leonel Cabrera Chan, Audrey Fabiola Gutiérrez Letona y Mario de Jesús Ovando López.
El procedimiento para el fraude
El dinero habría sido desviado a cuentas de los detenidos y familiares. Estaba destinado para el mejoramiento de las comisarias del país, pago a los proveedores de gasolina, compra de repuestos para motos y autopatrullas, según la prensa local.
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La red mandaba a reparar las autopatrullas a talleres fantasmas con sobrevaloración de los servicios y repuestos.
Este nuevo caso de corrupción supone otro golpe al Gobierno del presidente Otto Pérez, quien desde el 16 de abril pasado enfrenta una crisis institucional a raíz del destape de la Fiscalía y la CIGIG de una red ilegal que recibía sobornos de empresarios para evadir impuestos en las aduanas nacionales, la cual incluye a la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
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Desde este caso miles de guatemaltecos siguen presionando en las calles por la salida de Pérez Molina, quien se resiste a dejar el cargo; mientras otros escándalos vinculados a desfalcos al Instituto Guatemalteco del Seguro Social (IGSS) siguen surgiendo.
Uno de ellos es el aparente fraude en el alquiler de un edificio al IGSS que condujo a la captura de cinco personas e involucra al diputado opositor Baudilio Hichos, propietario de un edificio que en octubre pasado arrendó el Seguro Social en el departamento de Chiquimula (provincia este), mediante un contrato por 27 meses y un valor de 280,000 dólares.
La red mandaba a reparar las autopatrullas a talleres fantasmas con sobrevaloración de los servicios y repuestos. (CORTESíA
Las partes se asociaron para fingir una inexistente remodelación del edificio, a lo que se prestó una empresa constructora local. El diputado es acusado por fraude, asociación ilícita y tráfico de influencias.
El otro condujo el arresto del ahora expresidente del Banco de Guatemala (Central), Julio Suárez, y el titular del Instituto Guatemalteco del IGSS, el militar Juan de Dios Rodríguez, cercano al presidente; acusados de un fraude de 15 millones de dólares contra la seguridad social.
Llamamiento de la iglesia católica
La iglesia católica ha pedido a los guatemaltecos que mantengan las protestas masivas sabatinas que piden la dimisión del mandatario y cumplimiento de la ley en los casos de corrupción.
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Esto luego que la Corte Constitucional emitiera un amparo provisional que frenó las investigaciones legislativas contra el mandatario, a quien un diputado opositor asocia a los casos del IGSS y La Línea, este último como es conocido el fraude aduanero.
Retiran la visa de EEUU a la expresidenta
A la expresidente Baldetti, quien renunció a su cargo en mayo por los señalamientos, Estados Unidos le retiró la visa de ingreso a su territorio. La restricción norteamericana abarca a Mariano Paz, su esposo.
La justicia guatemalteca le embargó a Baldetti tres inmuebles, aunque la ex vicepresidenta apeló la decisión al declarar en un tribunal. El jefe del equipo de abogados del Baldetti, Mario Cano, dijo que la decisión perjudicaba "enormemente" al matrimonio, pues enfrenta compromisos con bancos acreedores.
La justicia también le ha bloqueado cuentas bancarias por casi 800 mil dólares. A pesar de las diligencias de tribunales, los guatemaltecos han empezado a cuestionar la independencia del poder judicial una vez conocido el amparo provisional a favor del mandatario.
